La compañía naviera Fluvialba de capital Venezolano, que cayo en poder absoluto de funcionarios de la Petrolera estatal Venezolana PDVSA desde mediados del año 2019, viene sufriendo un sistemático esquema de vaciamiento fraudulento que le podría llevar a declararse en quiebra en poco tiempo.
Desde el año 2019, un grupo de funcionarios de la Petrolera Venezolana PDSA, tomo el control absoluto de la compañía que tiene sede en Argentina, Brasil y Paraguay.
Desde entonces la crisis de la compañía naviera que tenia una pujante actividad fue en picada hasta parar por completo toda la actividad comercial, dejando a la deriva a mas de 400 personas y más un centenar de proveedores y prestadores de servicios con quienes la compañía mantiene grandes deudas impagas.
Según informaciones a la cual pudo acceder Paraguay Fluvial, el esquema de desfalco de la empresa está diseñado directamente con el fin de privar todos los bienes de la compañía en Paraguay, lo que podría significar un hecho doloso de fraude a grandes escalas que perjudicaría en forma directa a los intereses de los cientos de funcionarios que reclaman el pago de sus honorarios.
Alfredo Calderón, Gerente General de Fluvialba Internacional Limited, (FIL), empresa madre de la cual depende el resto de las empresas se instaló en Paraguay e incluso ya cuenta con cedula Paraguaya. Sin embargo, los procesos legales, firmas de contratos, acuerdos y responsabilidades legales, lo transfieren a un conglomerado de abogados de diversas especialidades.
Entre estos, se encuentra el ex fiscal, destituido en el año 2012 por mal desempeño en sus funciones, Abogado Gustavo Cáceres, quien conformó el bufete de bogados del estudio jurídico Beconi, para luego “independizarse” y tomar el poder de las acciones en Naviera Conosur S.A. junto a su esposa, Aurea Liz Álvarez Villar, quien figura como directora de la compañía naviera actualmente.
El modus operandi de Calderón, Cáceres y Álvarez Villar consiste en la transferencia, sesión de derechos y contratos de arrendamiento de varios o casi todos los bienes de Naviera Conosur a la empresa AVC S.A. cuyos titulares precisamente son Gustavo Enrique Jorge Cáceres Fernández y Aurea Liz Álvarez Villar. Es decir, que los mismos directores están traspasando los bines, contratos de arrendamientos de varias propiedades y ejecución de contratos de arrendamiento de embarcaciones a la empresa particular de la actual directora y abogado del grupo empresarial.
Esta grave acción deja en total estado de vulnerabilidad a la ya crítica situación económica de la empresa y, a los intereses de los funcionarios, además de poner en grave riesgo de declaración de quiebra a la compañía, que cada vez cuenta con menos cantidad de bienes debido al fraudulento esquema que se viene desarrollando en la compañía, ubicada en el barrio puerto pabla de la ciudad de Lambaré.
Una de las empresas arrendatarias de remolcadores y barcazas de Naviera Conosur S.A. es la Naviera San Francisco, quienes tienen arrendados actualmente los remolcadores KOETÍ e ITAMBE y una docena de barcazas con la cual explota la actividad comercial de flete fluvial de piedra caliza en la modalidad cabotaje. Según informaciones, no se descartaría que Alfredo Calderón, Gerente General de FIL de nacionalidad Venezolana, tenga alguna participación comercial y económica con los propietarios de dicha naviera con quienes mantiene una muy buena relación al punto de utilizar como sede en ocasiones propiedades del mismo en la ciudad de San Bernardino.
La prefectura General Naval, muy benevolente y frágil de controles, habilita anualmente estas embarcaciones para la operación comercial a pesar de no contar con las documentaciones necesarias para ser habilitadas.
Vale destacar que la unidad penal La unidad penal número 1 de la ciudad de Lambaré, lleva adelante una investigación contra personas innominadas sobre el supuesto hecho de Lesión de Confianza.
