La unidad penal número 1 de la ciudad de Lambaré, a cargo del Fiscal Osvaldo Caballero Bracho, lleva adelante una investigación contra personas innominadas sobre el supuesto hecho de Lesión de Confianza.
La causa número 2868/2021, data de septiembre del 2021, fecha en la que los directores y accionistas minoritarios del holding empresarial Fluvialba, unión de la Venezolana PDVSA y la naviera Fluviomar, arribaron al Paraguay debido a la catastrófica situación en la que se encuentra la empresa en la sede de Paraguay, que se encuentra ubicada en el barrio Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré.
Según informaciónes, los accionistas solicitaron explicaciones a los directivos actuales que tomaron posesión de la compañía desde mediados del año 2019, debido a graves irregularidades que afectan de forma irreparable a los bienes de la compañía.
Desde mediados del año 2019 una comitiva de Venezolanos arribaron a Paraguay en un vuelo privado y se hicieron cargo de la compañía, llevándolo a la peor crisis de toda la historia del grupo empresarial.
Salarios caídos de más de un año, graves faltas laborales, maltratos verbales, robo, sustracciones, posesión indebida de bienes y ventas fraudulentas son la constante desde entonces en dicha empresa.
Los venezolanos, funcionarios de la Petrolera Estatal Venezolana PDVSA, procedieron a la venta fraudulenta de bienes, incluso desguace de barcazas que se encontraban embargadas lo que significa la comisión de varios delitos de carácter penal, según informaron fuentes cercanas.
Entre los hechos irregulares se encuentra el alquiler de embarcaciones, remolcador de empuje Koeti, ITAEMBÉ, Ladario y un lote importante de Barcazas cuyos ingresos no se habrían ingresado ni registrado en los libros contables de la compañía, razón por la cual, la fiscalía de Lambare incauto varias carpetas con documentaciones que forman parte de la investigación.
Entre los directivos investigados se encuentran Gustavo Ruiz Díaz, Gustavo Cáceres, ambos paraguayos, Osvaldo Lobos, Victor Ortiz y el Venezolano que ocuparía el cargo de Gerente General, Alfredo Calderón.
Según informaron, un grupo de abogados expertos en chicanas judiciales, son los encargados de dilatar los procesos judiciales que más de un centenar de funcionarios lleva adelante relclamando el cobro de sus honorarios y liquidaciones laborales.
En los procesos judiciales, además de las interminables chicanas, han acusado falsamente y amedrentado a empleados de la compañía, en otros casos, proceden a la firmas de acuerdos para luego incumplir con la intención de hacer perder sus legítimos derechos a los trabajadores.
Incluso, han retenido aportes de IPS tanto los descuentos de los empleados, como aportes obligatorios de la patronal dejando sin acceso a salud y jubilación a cientos de empleados durante varios años, lo que llevo a la apertura de otra causa penal que lo investiga también la fiscalía de Lambaré.
