La hidrovía Paraguay-Paraná de más de 3.400km de longitud, conecta a cinco países que a la vez operan a través de la principal vía de comunicación de la región. Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, desarrollan un importante tráfico fluvial de mercancías moviendo millones de toneladas de cargas al año, este majestuoso escenario trae con el, regulaciones que se aplican para el control de la actividad en cada país.
En al caso de nuestro país, la hidrovía converge, en sentido ascendente, en el km 1242, en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, hasta el km 2490, puerto de Bahia Negra.
Nuestra redacción recibe permanentemente varias denuncias de hechos que ocurren los ríos Paraguay y Paraná a los cuales se atribuye muchas de las responsabilidades a las autoridades de cada zona, por acción u omisión. Es el caso de de Paso de Patria, donde se encuentra un destacamento militar de la Armada Paraguaya y desde donde en teoría, se regula la actividad desde el lado Paraguayo pero a la vez, existen una importante cantidad de cuestionamientos como por ejemplo regulaciones pretenciosas que derivan en monopolios de contratación de servicios que obligan y limitan a los armadores a utilizar solo algunos servicios que tienen vinculaciones con las mismas autoridades de turno en la Prefectura General Naval.
Es así que los servicios de amarraderos y servicios de lanchas, solo se limita a una zona y una persona con la excusa de la seguridad, a pesar, de que aun con las medidas aplicadas siguen saliendo grandes cantidades de drogas a través de puertos clandestinos muy poco distantes de la base militar de la Armada Paraguaya de la zona.
Siguiendo la travesía aguas arriba, uno encuentra todo tipo de “negocios” y “comercio” en el río Paraguay, ordeñe de combustible de embarcaciones, y hasta pedidos de las mismas autoridades de una suerte de “apoyo” a cada embarcacion que franquea cada puesto militar, lo que se ha convertido en obligación y que incentiva desde el mismo seno de la Prefectura las actividades ilícitas. Hemos podido observar en más de una ocasión a los miembros de los destacamentos navales acercarse a las naves en navegación con bidones a bordo de la misma lancha de la Prefectura, a retirar el “cupo correspondiente” a cada viaje, mientras se desarrollan todo tipo de actividades ilícitas en las aguas del río Paraguay como trafico de mercaderías, trafico de drogas, embarcaciones menores sin registros ni habilitaciones y una ausencia importante de las autoridades de la Prefectura en cada zona.
En mucho de los casos, los mismos destacamentos de Prefectura sirven de base para los delincuentes por donde transitan las mercancías robadas como Soja, Aceite de Soja, Combustible y otros.
Pasando al tramo norte del río Paraguay, considerado desde el km 1630 de la hidrovía aguas arriba, la situación se agudiza aun mas ya que desde el Puerto de Asunción hasta el la desembocadura del río Ápa, ésta, es una zona de control y dominio absoluto de Paraguay.
Llamativamente en éste tramo de aproximadamente 540km, ocurren todo tipo de hechos, bajo la nula acción de las autoridades.
El ordeñe de combustible se realiza a mayores escalas, incluso las mismas embarcaciones que operan en el tramo norte, principalmente para el cabotaje nacional con el transporte de piedras desde las canteras de la zona de Vallemí, Tres Cerros y otros se abastecen de combustible del ordeñe de las grandes naves que transitan la zona.
No todos los propietarios de embarcaciones realizan estas actividadades ilícitas pero si muchos le deja en desventaja y fuera de la posibilidad de competir a quienes si apuestan por tener sus buques, remolcadores y personales en condiciones.
Cabotaje Nacional en el tramo Norte
Nos detendremos y puntualizaremos la grave situación del tramo norte del río Paraguay, principalmente en territorio 100% de dominio nacional, donde abordaremos una serie de irregularidades que se dan a diario con total complicidad de las autoridades.
Embarcaciones en pésimo estado técnico y estructural que navegan campantemente con concoyes que superan ampliamente la capacidad de empuje, remolcadores y buques con denominaciones que no corresponden en el sentido de que en los certificados de los mismos indican una potencia que no se ajusta a la realidad, con el fin de no colocar a capitanes y prácticos a bordo, algunas lanchas que figuran como buques, remolcadores y barcazas que navegan sin las documentaciones en regla, incluso sin estar registrados en la marina mercante nacional y hasta sin bandera, y, que aun así son despachados por la Prefectura para tales operaciones.
El submundo de la Prefectura General Naval normalmente comienza a operar a última hora del día con intermediarios internos que en algunos casos se jactan de tener más poder que el mismo prefecto o comandante de la armada inclusive.
Lo riesgoso de estas actividades por izquierda, es que ponen en riesgo la vida humana de las tripulaciones quienes con un salario muy por debajo de la media actual, van a operar en estas embarcaciones por la gran necesidad de demanda laboral en nuestro país. Ponen en riesgo el medio ambiente y el ecosistema, y perjudican a la economía del país debido a que se manejan de forma fraudulenta sin pagar impuestos, sin pagar IPS, sin comprar combustible del mercado nacional como otros armadores si lo hacen.
El gobierno nacional a traves de las autoridades competentes de turno, deben controlar estas irregularidades y detener a las embarcaciones que operan de forma irregular al igual que las empresas tanto privadas como estatales que contratan los servicios de estas embarcaciones deben exigir un blanqueamiento de todos los ítems básicos para una operación en el cabotaje nacional.
Es sabido que los recursos con los que se disponen no son en lo absoluto suficientes para poder cubrir todos los puntos debiles y el rango de acción necesario para combatir la delincuencia, lo que se convierte en el principal incentivo para que los integrantes de todo el sistema de la Armada Paraguaya y Prefectura General Naval caigan en el circulo vicioso del sistema corrupto que termina involucrando a todos los niveles y en muchos casos el sector privado aprovecha «las ofertas» disponibles para conseguir operar de forma irregular.
