Tercera entrega | Investigación PFL Media
El llamado que cambió el histórico esquema de contratación del transporte de materia prima de la INC no pudo continuar normalmente. La DNCP registra actualmente el procedimiento como “Impugnado Totalmente con Suspensión”. Las objeciones apuntan al modelo que reúne transporte fluvial y terrestre bajo una adjudicación total y que podría reducir considerablemente el número de empresas capaces de competir.
Paraguay Fluvial – PFL Media
La discusión sobre la Licitación ID 484213 de la Industria Nacional del Cemento dejó de ser solamente una sucesión de consultas al pliego.
El procedimiento, por un monto estimado de G. 170.000 millones, se encuentra suspendido.
El portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas identifica actualmente al llamado como “Impugnado Totalmente con Suspensión”.
La situación cobra especial relevancia por los cuestionamientos que aparecieron desde los primeros días de la convocatoria y que Paraguay Fluvial viene siguiendo en esta serie de publicaciones.
El problema de fondo continúa siendo el mismo: ¿por qué la INC cambió un modelo que durante años permitió trabajar con varios prestadores y decidió reunir el transporte fluvial y terrestre dentro de una adjudicación total?
PRIMERO LAS CONSULTAS, AHORA LA IMPUGNACIÓN TOTAL
Las objeciones publicadas en el portal de Contrataciones Públicas son concretas.
Se cuestionó la eliminación del abastecimiento simultáneo, la imposibilidad práctica de competir únicamente por el servicio fluvial, la unificación de dos modalidades de transporte con estructuras empresariales diferentes y las exigencias de disponibilidad de activos fluviales y terrestres.
Uno de los cuestionamientos publicados plantea expresamente la existencia de una combinación poco habitual de requisitos: empresas navieras que deben acreditar también capacidad terrestre y empresas terrestres que, para competir por el conjunto, necesitan incorporar capacidad fluvial.
También se objetó la prohibición de subcontratar prevista en determinadas condiciones del pliego.
El planteamiento presentado ante la INC llegó incluso a advertir que esa combinación genera sospechas sobre un posible diseño contractual ajustado a un perfil empresarial determinado.
Eso es lo que está escrito en el procedimiento.
No significa que el direccionamiento esté probado.
Pero sí significa que la sospecha sobre una posible restricción de la competencia forma parte formal de los cuestionamientos realizados al llamado.
¿CUÁNTAS EMPRESAS PUEDEN CUMPLIR TODO?
Esta sigue siendo una de las preguntas centrales.
Una naviera puede disponer de remolcadores, barcazas, tripulaciones, capacidad de bodega y décadas de experiencia transportando materia prima para la INC.
Pero eso no significa que tenga una flota de camiones volquetes.
Un transportista terrestre puede tener decenas de camiones, infraestructura y experiencia suficiente para mover grandes volúmenes por carretera.
Pero no necesariamente posee remolcadores y barcazas.
El problema aparece cuando ambas capacidades se convierten en condiciones para competir dentro de una misma contratación.
La consecuencia merece ser analizada con cuidado: cuanto más específica sea esa combinación de requisitos, menor puede ser el universo de empresas capaces de cumplirla sin asociarse.
Y ahí aparece la pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta pública suficientemente clara:
¿Cuántas empresas del mercado paraguayo pueden presentarse individualmente y cumplir con todas las exigencias de esta licitación?
LOS ANTECEDENTES HACEN MÁS DIFÍCIL EXPLICAR EL CAMBIO
Paraguay Fluvial ya mostró en la segunda entrega de esta investigación que la INC utilizó anteriormente otros mecanismos.
En 2023 hubo abastecimiento simultáneo.
En 2024 el transporte fue estructurado por lotes y seis empresas terminaron adjudicadas.
En 2025 cuatro compañías compartieron el contrato correspondiente al transporte fluvial.
El transporte terrestre también tuvo contrataciones específicas.
El modelo funcionaba con distintos prestadores.
Ahora, por primera vez dentro de los antecedentes recientes analizados por este medio, encontramos una contratación de G. 170.000 millones que reúne el transporte fluvial y terrestre bajo un sistema de adjudicación total.
Por eso la discusión no puede reducirse a una cuestión administrativa.
Hay empresas que históricamente participaron del movimiento de materia prima de la INC y que, bajo las nuevas condiciones, podrían quedar fuera de competencia.
UN LLAMADO DE G. 170.000 MILLONES MERECE RESPUESTAS PRECISAS
Las consultas públicas también cuestionaron el respaldo técnico utilizado para justificar las nuevas condiciones.
Una de ellas objetó específicamente el Dictamen Técnico UL N.º 03/2026 y reclamó conocer los estudios que sustentarían las exigencias del llamado.
Otra pidió conocer el estudio previo de mercado que demostraría que existe una cantidad suficiente de empresas con capacidad para atender directamente ambos modos de transporte.
Son preguntas importantes.
Porque antes de modificar una estructura de contratación que involucra a diferentes empresas del sector, resulta razonable conocer cuál es el problema que se pretende solucionar y qué análisis demuestra que el nuevo sistema será mejor para la INC.
Si la adjudicación total genera un ahorro para el Estado, debería poder demostrarse.
Si mejora la seguridad del abastecimiento, debería existir una explicación técnica.
Si existen suficientes empresas capaces de competir bajo estas condiciones, también debería poder conocerse.
Pero si las condiciones terminan reduciendo la competencia a un grupo extremadamente pequeño de posibles oferentes, entonces el cuestionamiento adquiere otra dimensión.
LA SOSPECHA DE DIRECCIONAMIENTO YA ESTÁ PLANTEADA
Hay que ser claros en este punto.
Si bien aparentemente no existe, con los documentos públicos analizados hasta ahora, prueba suficiente para afirmar que la licitación haya sido direccionada hacia una empresa determinada.
Pero tampoco corresponde ignorar que esa sospecha ya fue planteada formalmente dentro del procedimiento.
Una de las objeciones publicadas sostiene que la acumulación de requisitos genera la sospecha de un diseño contractual concebido para un perfil empresarial específico.
La diferencia es fundamental.
Una cosa es afirmar que existe direccionamiento.
Otra muy distinta —y periodísticamente comprobable— es informar que las características del pliego generaron cuestionamientos por posible direccionamiento y que posteriormente el procedimiento terminó impugnado totalmente y suspendido.
Eso es lo que hoy muestran los documentos.
LA LICITACIÓN ESTÁ FRENADA. LAS PREGUNTAS SIGUEN ABIERTAS
La suspensión no determina quién tiene razón.
Tampoco significa automáticamente que las objeciones presentadas hayan sido aceptadas en su totalidad.
Significa que existe una impugnación dentro del procedimiento y que el llamado figura oficialmente suspendido mientras continúa el trámite correspondiente.
Por eso, mientras el proceso permanezca abierto, Paraguay Fluvial considera necesario mantener una separación clara entre hechos comprobados, cuestionamientos formulados por los interesados y sospechas que todavía deben ser demostradas.
Pero hay hechos que ya no están en discusión:
La INC cambió el modelo de contratación.
El nuevo llamado reúne transporte fluvial y terrestre.
La adjudicación prevista es total.
El monto estimado es de G. 170.000 millones.
Existen numerosas objeciones sobre las condiciones del pliego.
Y la licitación se encuentra actualmente impugnada totalmente y suspendida.
Frente a este escenario, las preguntas son inevitables:
¿Por qué era necesario cambiar el modelo?
¿Cuántas empresas pueden realmente cumplir con todas las nuevas condiciones?
¿Qué estudio de mercado demuestra que existe competencia suficiente bajo este esquema?
Y, fundamentalmente:
¿las condiciones fueron diseñadas buscando la mejor contratación para la INC o terminaron configurando un perfil al que solamente un grupo muy reducido de empresas puede acceder?
La respuesta deberá surgir de los documentos y del proceso actualmente en trámite.
Paraguay Fluvial – PFL Media continuará siguiendo el expediente y mantiene abierto el espacio para la posición oficial de la Industria Nacional del Cemento.
