INVESTIGACIÓN PARAGUAY FLUVIAL | EPISODIO 1
Aldyl Argentina aparece actualmente como accionista mayoritaria de HUB54, anteriormente PDVSA Argentina. Detrás del cambio societario emerge una operación que involucra sociedades, estaciones de servicio y una extensa flota regional. Documentos analizados por Paraguay Fluvial muestran además que solamente 16 embarcaciones ubicadas en Paraguay, tasadas en conjunto en unos USD 5,49 millones, aparecen con precios de venta que totalizan USD 21,3 millones. Pero antes del precio existe una pregunta todavía más importante: ¿quién tenía facultades para vender las acciones y disponer de los activos?
Por Paraguay Fluvial – PFL Media | Investigación Especial
Una operación concretada durante el primer semestre de 2026 abrió un capítulo inesperado en la extensa historia de PDVSA Argentina y sus empresas relacionadas en la región.
La compañía dejó atrás la denominación PDVSA Argentina S.A. y pasó a llamarse HUB54 S.A.
Una certificación notarial a la que tuvo acceso Paraguay Fluvial señala que Aldyl Argentina S.A. aparece actualmente como propietaria del 98% del capital social.
La nueva conducción sostiene que adquirió legítimamente la compañía y que pretende desarrollar un modelo de negocios apoyado fundamentalmente sobre dos áreas: estaciones de servicio y transporte fluvial.
Pero detrás de esa operación aparecen interrogantes que trascienden ampliamente un simple cambio de accionistas.
Porque antes de preguntarse cuánto valen las embarcaciones, quién pretende comprarlas o cuánto dinero podría generar nuevamente esta estructura, existe una pregunta elemental:
¿QUIÉN ESTABA FACULTADO PARA VENDER?
EL 9 DE ABRIL: LA FECHA QUE HAY QUE RECONSTRUIR
Mario Pascual Bensadon, director general de Aldyl Argentina, sostuvo ante consultas periodísticas que Aldyl adquirió PDVSA Argentina mediante un proceso formal de compraventa.
Según su explicación, después de una evaluación patrimonial que habría determinado que los activos superaban al pasivo exigible, el acuerdo fue suscripto el 9 de abril de 2026.
La afirmación establece una fecha precisa. Pero abre inmediatamente otras preguntas.
¿Quién compareció como vendedor?
¿Quién firmó en representación de las sociedades vendedoras?
¿Con qué poder?
¿Quién autorizó a ese representante?
¿Existió una resolución previa del accionista?
¿Y qué autorizaciones correspondían debido a la vinculación de las acciones con empresas pertenecientes al Estado venezolano?
Para responder estas preguntas existe un documento imprescindible que deberá formar parte de cualquier reconstrucción definitiva:
el contrato de compraventa del 9 de abril.
ALDYL APARECE CON EL 98%
Existe, sin embargo, un documento posterior que permite conocer qué ocurrió con el accionariado.
Una certificación notarial emitida en Buenos Aires el 1 de julio de 2026 identifica expresamente a HUB54 S.A. como la sociedad anteriormente denominada PDVSA Argentina S.A.
El escribano deja constancia de que, conforme al Acta del Registro de Accionistas del 30 de abril de 2026, Aldyl Argentina S.A. figura como titular de: 135.736.114 acciones.
Estas representan:
98% DEL CAPITAL SOCIAL.
El documento demuestra, según su propio contenido, cómo aparece conformada la participación accionaria después de la operación.
Pero no responde por sí solo cómo se produjo jurídicamente la transferencia.
Para eso hay que retroceder un paso.
¿Quién poseía esas 135.736.114 acciones antes del 9 de abril?
¿Quién las transfirió?
¿Quién posee actualmente el 2% restante?
¿Quién autorizó al vendedor?
¿SE COMPRARON ACCIONES O SE COMPRARON ACTIVOS?
Aquí aparece una de las primeras cuestiones que Paraguay Fluvial considera necesario aclarar.
Las explicaciones proporcionadas sobre la transacción utilizan diferentes formulaciones.
En una respuesta se afirma:
«“Se adquirió PDVSA ARGENTINA S.A. con todos sus activos y participaciones accionarias.”»
En otra explicación, Bensadon sostiene:
«“Aldyl Argentina adquirió la totalidad del paquete accionario de PDVSA Argentina”.»
Pero cuando se consultó sobre derechos de preferencia de accionistas de sociedades relacionadas, la respuesta describió la operación en términos diferentes:
«“La transacción llevada a cabo consistió en la adquisición de la totalidad de los activos de PDVSA Argentina por parte de Aldyl, operación que se encuadra en la figura jurídica de compraventa de activos —y no en una transferencia de participaciones accionarias—”.»
La utilización de estas diferentes descripciones no demuestra por sí misma la existencia de una irregularidad.
Pero exige una aclaración.
Porque jurídicamente comprar acciones y comprar activos no es lo mismo.
Si Aldyl adquirió acciones, cambió el control de la sociedad, pero los activos continuarían perteneciendo a las respectivas personas jurídicas.
Si existió además una compraventa individual de activos, entonces será necesario identificar cuáles fueron transferidos y mediante qué instrumentos.
La respuesta solamente puede surgir de los contratos.
LA CONEXIÓN VENEZOLANA
Existe además un segundo nivel de análisis.
Las sociedades que aparecen históricamente como accionistas de PDVSA Argentina estaban vinculadas al Estado venezolano.
Por esa razón, la investigación debe determinar qué autorizaciones resultaban exigibles para desprenderse de esas participaciones.
Un punto que merece particular atención es la intervención de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Fuentes y documentación proporcionadas a Paraguay Fluvial sostienen que una operación de esta naturaleza requeriría autorización previa debido al carácter público del patrimonio involucrado.
La investigación buscará establecer documentalmente:
si esa autorización era jurídicamente obligatoria;
si fue solicitada;
si fue concedida;
mediante qué instrumento;
y en qué fecha.
Si las partes sostienen que la autorización no resultaba necesaria, también será relevante conocer el fundamento jurídico utilizado para llegar a esa conclusión.
La cuestión resulta determinante porque, si una autorización legalmente indispensable hubiera sido omitida, correspondería analizar cuáles serían las consecuencias sobre la validez del acto y las eventuales responsabilidades derivadas.
No corresponde anticipar esa conclusión.
Corresponde encontrar los documentos.
LA LEY DE HIDROCARBUROS: ¿ALCANZA A ESTA OPERACIÓN?
Existe otra cuestión que debe diferenciarse cuidadosamente.
Venezuela reformó su Ley Orgánica de Hidrocarburos en enero de 2026.
Pero que PDVSA Argentina haya estado vinculada indirectamente a la petrolera estatal venezolana no significa automáticamente que cualquier operación sobre sus acciones pueda beneficiarse de las condiciones especiales contempladas para actividades hidrocarburíferas.
La investigación deberá determinar la naturaleza efectiva de las empresas involucradas.
En el caso de varias de las sociedades relacionadas con PDVSA Argentina, la actividad se encuentra vinculada principalmente al transporte y explotación fluvial.
En Paraguay, además, aparece la actividad relacionada con la comercialización minorista de combustibles mediante estaciones de servicio.
Por eso resulta fundamental determinar si las disposiciones especiales introducidas para empresas vinculadas directamente a actividades primarias de explotación de hidrocarburos resultaban aplicables a esta operación.
La respuesta requiere confrontar la legislación con los estatutos y actividades reales de cada sociedad.
LA PREGUNTA MÁS SIMPLE PUEDE SER LA MÁS DIFÍCIL
Toda esta discusión termina conduciendo nuevamente a una pregunta:
¿QUIÉN FIRMÓ?
Paraguay Fluvial buscará identificar a la persona que compareció por la parte vendedora en el contrato del 9 de abril y establecer exactamente de dónde surgían sus facultades.
La cuestión adquiere especial importancia ante información proporcionada a esta investigación respecto de la situación de antiguos directorios y representantes de sociedades vinculadas.
Entre las cuestiones que deberán ser verificadas documentalmente aparecen versiones sobre suspensiones de autoridades societarias desde años anteriores y procesos judiciales que afectarían a determinados representantes.
Estas circunstancias no serán presentadas como hechos definitivos hasta obtener las resoluciones y registros correspondientes.
Pero plantean una pregunta jurídica inevitable:
si los órganos que debían representar al accionista no se encontraban regularmente constituidos o habilitados, ¿quién tomó la decisión de vender?
ARGENTINA: EL SEGUNDO FILTRO
Aunque la operación hubiera cumplido las exigencias aplicables en Venezuela, todavía existe otro nivel de control.
Argentina.
Paraguay Fluvial también investiga la situación societaria, tributaria y administrativa que tenía PDVSA Argentina al momento de producirse la transferencia.
La investigación buscará determinar si existían suspensiones, inhibiciones o restricciones administrativas que pudieran afectar su capacidad para realizar determinados trámites.
También deberá establecerse qué documentación fue presentada ante el Registro Público y la Inspección General de Justicia y qué intervención correspondió a AFIP/ARCA.
La respuesta de la nueva administración sostiene que la operación fue debidamente comunicada y procesada ante los organismos correspondientes.
Por ello, la documentación registral debería permitir reconstruir:
qué se presentó, quién lo presentó, cuándo se presentó y qué resolvió cada organismo.
DE LAS ACCIONES A LAS EMBARCACIONES
El problema adquiere una dimensión económica mucho mayor cuando se observa el patrimonio fluvial.
Documentación analizada por Paraguay Fluvial identifica 16 embarcaciones ubicadas en Paraguay pertenecientes, según las respectivas planillas, a Fluvialba S.A., SABL, Trafluem S.A. y Servmar S.A.
Hay remolcadores, barcazas tanque, monocascos y barcazas graneleras.
Entre ellas aparecen:
MITAI
CANAL TAMENGO
DESAFIO
TANQUE 4
BT 1 y BT 2
TANQUE 6
FN XIX, FN XXI y FN XXII
SILO 9, SILO 10, SILO 11 y SILO 12
V 201 y V 206
Las primeras unidades aparecen vinculadas principalmente a modalidades de venta directa o comercialización como pontón.
Pero los números contenidos en las planillas con datos claves a la que hemos accedido, abren otro interrogante.
DE USD 5,49 MILLONES A USD 21,3 MILLONES
Las 16 embarcaciones poseen, en conjunto, una tasación consignada de aproximadamente USD 5,49 millones.
Las inversiones indicadas en las mismas planillas alcanzan aproximadamente USD 5,17 millones.
Sin embargo, los precios de venta consignados para esas mismas unidades totalizan:
USD 21.300.000
Es decir, el valor pretendido de venta representa aproximadamente 3,87 veces la tasación agregada.
La diferencia entre ambos números supera:
USD 15,8 MILLONES.
La magnitud de la brecha obliga a analizar cada embarcación individualmente.
- MITAI: DE USD 654 MIL A USD 3 MILLONES
El remolcador MITAI, construido en 1973 y con una potencia informada de 2.060 HP, aparece con una tasación de: USD 654.676,06.
La inversión consignada asciende a: USD 1.007.000.
Y el precio pretendido de venta: USD 3.000.000.
- CANAL TAMENGO: USD 4,2 MILLONES
El remolcador CANAL TAMENGO, también de 1973 y con 5.600 HP, registra: Tasación: USD 1.778.162,75, Inversión: USD 1.007.000, Precio de venta: USD 4.200.000
- DESAFIO: USD 4 MILLONES
El remolcador DESAFIO, construido en 1969 y con una potencia informada de 4.000 HP, aparece con:
Tasación: USD 1.598.000
Inversión: USD 455.000
Precio de venta: USD 4.000.000.
TANQUE 4: UNA DIFERENCIA DE MÁS DE DIEZ VECES
Otro caso especialmente significativo es TANQUE 4.
La barcaza tanque, construida en 1968 y con capacidad informada de 1.700 m³, aparece tasada en: USD 123.780,32.
La inversión consignada es de: USD 125.000.
Pero el precio de venta alcanza: USD 1.300.000.
Es decir, más de diez veces la tasación consignada.
Las diferencias son todavía mayores proporcionalmente en otras unidades.
Los monocascos BT 1 y BT 2, ambos construidos en 1971, aparecen individualmente con:
Tasación: USD 37.329,64
Inversión: USD 425.000
Precio de venta: USD 800.000 CADA UNO.
El precio consignado equivale a más de veinte veces la tasación registrada en la documentación analizada.
¿QUÉ JUSTIFICA LAS DIFERENCIAS?
Una diferencia entre tasación y precio pretendido no demuestra por sí sola una irregularidad.
Las tasaciones pueden responder a diferentes fechas, metodologías o condiciones técnicas.
También pueden existir inversiones posteriores que incrementen el valor de determinados activos.
Pero diferencias de esta magnitud requieren una explicación verificable.
¿Quién realizó las tasaciones?
¿Cuándo?
¿Para qué finalidad?
¿Quién determinó los precios de venta?
¿Qué reparaciones fueron realizadas?
¿Existen comprobantes de las inversiones declaradas?
¿Cuál es actualmente el estado técnico de las unidades?
¿Y cuánto valdrían esas mismas embarcaciones en una tasación independiente de mercado?
Esas preguntas formarán parte de los siguientes capítulos.
MÁS DE 100 EMBARCACIONES BAJO LA LUPA
La dimensión de la investigación podría ser todavía mayor.
Información proporcionada a Paraguay Fluvial señala que existirían más de un centenar de embarcaciones relacionadas con esta estructura regional, muchas de ellas en diferentes condiciones de conservación y operatividad.
La situación deberá comprobarse unidad por unidad.
No corresponde asumir que todas presentan las mismas condiciones.
Pero si parte de esta flota pretende regresar al mercado, la verificación técnica y jurídica resulta imprescindible.
Porque un precio de venta solamente tiene sentido después de conocer dos cosas:
cuánto vale realmente el activo; y si puede ser legalmente vendido.
UNA EMBARCACIÓN PUEDE TENER PRECIO Y NO ESTAR LIBRE PARA VENDERSE
Este punto constituye quizás la principal advertencia para potenciales compradores.
Una embarcación puede existir físicamente.
Puede estar matriculada.
Puede tener una tasación.
Puede aparecer dentro de un listado comercial.
Puede incluso existir un precio y un interesado dispuesto a pagarlo.
Pero eso no demuestra que el activo esté jurídicamente libre.
Algunas de las sociedades relacionadas con esta estructura atraviesan o han atravesado litigios, reclamos laborales y procesos judiciales en diferentes jurisdicciones.
Por ello será necesario determinar individualmente si existen:
embargos;
inhibiciones;
prohibiciones de enajenar o gravar;
medidas cautelares;
adjudicaciones judiciales;
derechos de acreedores;
restricciones de autoridades marítimas;
procesos concursales o pedidos de quiebra.
EL CASO PARAGUAY
Existe ya un antecedente que demuestra por qué esta revisión resulta indispensable.
Consultada sobre activos paraguayos relacionados con Fluvialba Paraguay y Naviera Conosur, la propia nueva administración reconoció que UENO Holding S.A.E.C.A. obtuvo mediante remate judicial la preadjudicación de uno de los activos radicados en Paraguay.
HUB54 sostiene que esa adjudicación no adquirió firmeza y que se encuentra en vías de ser revertida.
También reconoce que existe un canal de negociación abierto con UENO.
La controversia será objeto de un episodio específico.
Pero deja una enseñanza fundamental: no alcanza con mirar quién tiene físicamente el activo.
Hay que mirar el expediente.
LOS PASIVOS TAMPOCO DESAPARECEN
Existe además otro componente que necesariamente deberá incorporarse a cualquier valuación patrimonial.
Las deudas.
Consultada específicamente sobre cuándo serían cancelados los pasivos laborales y otras obligaciones de PDVSA Argentina en la región, HUB54 reconoció la existencia de acreencias pendientes.
La compañía manifestó que pretende resolverlas mediante un proceso estructurado de negociación que permita preservar simultáneamente la operación de los activos.
Sin embargo, no proporcionó una fecha concreta para la cancelación total.
Esto resulta particularmente relevante porque el verdadero patrimonio de una compañía no surge solamente de sumar embarcaciones, estaciones de servicio e inmuebles.
También hay que restar obligaciones.
LA INVESTIGACIÓN EMPIEZA POR EL PRINCIPIO
Paraguay Fluvial no anticipará una conclusión que corresponde determinar a los organismos administrativos y judiciales competentes.
Pero tampoco aceptará como suficiente la existencia de un nuevo accionista registrado para considerar esclarecida toda la operación.
La investigación seguirá una cadena documental:
¿QUIÉN ERA EL PROPIETARIO?
¿QUIÉN DECIDIÓ VENDER?
¿QUIÉN AUTORIZÓ LA OPERACIÓN?
¿QUIÉN FIRMÓ?
¿QUÉ SE TRANSFIRIÓ: ACCIONES, ACTIVOS O AMBOS?
¿QUÉ REGISTRARON LAS AUTORIDADES ARGENTINAS?
¿QUÉ SOCIEDADES QUEDARON BAJO EL NUEVO CONTROL?
¿QUÉ ACTIVOS PERTENECEN REALMENTE A CADA SOCIEDAD?
¿CUÁLES ESTÁN LIBRES DE EMBARGOS Y RESTRICCIONES?
¿Y CUÁNTO VALEN REALMENTE?
EL RIESGO ESTÁ DEL OTRO LADO DE LA OPERACIÓN
Existe finalmente una cuestión que trasciende a PDVSA, Aldyl o HUB54.
Los compradores.
Si estas embarcaciones comienzan a ofrecerse en el mercado, terceros podrían invertir millones de dólares confiando en la documentación presentada por quienes aparecen como vendedores.
Por eso la debida diligencia deberá ser extraordinariamente rigurosa.
El riesgo no se limita a pagar por encima del valor real de mercado.
Un comprador también podría quedar expuesto a controversias si posteriormente aparecieran acreedores, embargos, prohibiciones de disponer, adjudicaciones anteriores o terceros reclamando mejores derechos sobre el mismo activo.
No significa que eso necesariamente vaya a ocurrir.
Significa que, frente a los antecedentes existentes, debe verificarse antes de pagar.
Porque en esta historia el interrogante fundamental no es cuánto piden por una embarcación.
Es mucho más elemental: ¿QUIÉN PUEDE VENDERLA?
Y antes incluso de esa pregunta existe otra: ¿QUIÉN PODÍA VENDER PDVSA ARGENTINA?
Las respuestas están en los contratos, actas, registros y expedientes.
PRÓXIMO EPISODIO:
EL LABERINTO SOCIETARIO
PDVSA Argentina, Fluvialba, Naviera Conosur y las sociedades regionales: quién es dueño de qué y qué activos aparecen detrás de cada empresa.
