sábado, noviembre 15, 2025
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Paraguay reclama una mirada fluvial ante el plan global de descarbonización de la OMI

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El Gobierno de Paraguay rechazó de manera oficial el nuevo plan de la Organización Marítima Internacional (OMI) para descarbonizar el transporte marítimo, advirtiendo que las medidas previstas podrían agravar las asimetrías entre países desarrollados y en desarrollo, afectando particularmente a las naciones sin litoral.

El documento, en debate esta semana en Londres durante la reunión del Comité de Protección del Medio Marino, propone la creación de un sistema de precios al carbono aplicable a los grandes buques transoceánicos de más de 5.000 toneladas, responsables del 85% de las emisiones globales del transporte marítimo internacional. Sin embargo, el alcance del plan y su eventual impacto económico han encendido las alarmas en varios países en desarrollo, incluido Paraguay.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería paraguaya señaló que “la República no acompaña el establecimiento de un impuesto global al carbono mediante la aplicación de aranceles universales a la navegación marítima”, considerando que la medida “contraviene el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas” y podría “profundizar las asimetrías” existentes.

La postura paraguaya no se centra en rechazar la necesidad de reducir emisiones, sino en reclamar equidad y realismo en la aplicación de políticas globales que, bajo un esquema uniforme, ignoran las condiciones estructurales y geográficas de países mediterráneos. En el caso paraguayo, cuya economía depende casi en su totalidad de la hidrovía Paraguay–Paraná, los costos logísticos ya son sustancialmente mayores que los de las naciones con salida directa al mar.

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La OMI debe abrir una rama fluvial

La OMI, como organismo especializado de Naciones Unidas, ha concentrado históricamente su marco normativo en el transporte marítimo de ultramar, pero la descarbonización del transporte fluvial e interior aún no cuenta con un abordaje específico.

Esta omisión deja fuera a un enorme segmento de la navegación mundial —especialmente relevante en América del Sur—, que constituye un eslabón fundamental para el transporte de carga y el desarrollo regional.

Paraguay, que posee la tercera flota fluvial más grande del mundo, es ejemplo de una nación mediterránea que ha logrado mantener un sistema logístico eficiente y competitivo gracias a su red fluvial, pese a las limitaciones naturales y a la ausencia de mar.

La ausencia de una rama específica dentro de la OMI que legisle, oriente y acompañe el proceso de transición energética en el ámbito fluvial representa una deuda pendiente, sobre todo si se pretende que los esfuerzos globales de mitigación de emisiones sean verdaderamente integrales e inclusivos.

Iniciativas voluntarias desde la flota paraguaya

A pesar de que no existen normas internacionales que obliguen al sector fluvial a reducir sus emisiones, varias empresas paraguayas han iniciado procesos de modernización, sustituyendo motores, optimizando rutas, mejorando la eficiencia energética de sus embarcaciones y apostando por tecnologías más limpias.

Estos esfuerzos demuestran que la flota fluvial paraguaya no está al margen del cambio, sino que busca avanzar de manera gradual y responsable, sin descuidar la competitividad. Iniciativas como estas merecen ser consideradas y potenciadas por organismos multilaterales que promuevan un marco de cooperación técnica, incentivos y financiamiento, antes que mecanismos punitivos que puedan poner en riesgo la sostenibilidad de las economías fluviales.

Un llamado a la cooperación

El proceso de descarbonización del transporte es ineludible, pero debe ser justo y diferenciado. La posición de Paraguay no es de resistencia al cambio, sino de reclamo por una transición equilibrada, que tenga en cuenta las realidades y limitaciones de los países que dependen del transporte fluvial interior para su comercio exterior.

El desafío para la OMI es avanzar hacia un modelo global de sostenibilidad que incluya también a los ríos, donde miles de embarcaciones —que mueven la economía de regiones enteras— esperan ser parte activa y reconocida del proceso de transformación hacia una navegación más limpia y responsable.

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