La controversia por las terminales de Balboa y Cristóbal escaló al principal foro político del continente. Panamá defendió la independencia de su Poder Judicial y rechazó las presiones de Beijing tras el fallo que declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company.
La disputa por el futuro de los puertos panameños de Balboa y Cristóbal dejó de ser únicamente un conflicto jurídico y comercial para convertirse en un asunto de política internacional. Durante la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Ciudad de Panamá, ambos países protagonizaron uno de los intercambios diplomáticos más tensos del encuentro.
El desencadenante fue la intervención del representante permanente de China ante la OEA, Xie Feng, quien cuestionó abiertamente la decisión adoptada por Panamá tras el fallo de su Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la renovación de la concesión de Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison.
Según el diplomático chino, la decisión genera incertidumbre para la inversión extranjera y envía un mensaje preocupante al mercado internacional.
«Si los principios pueden ser ignorados y los activos pueden ser tomados y operados en cualquier momento, ¿quién va a confiar en invertir y buscar colaboración?», sostuvo Xie Feng ante los representantes de los Estados miembros.
Asimismo, instó al Gobierno panameño a «corregir sus errores» y garantizar la protección de los intereses de las empresas chinas.
Panamá reivindica la separación de poderes
La respuesta no se hizo esperar. El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, solicitó la palabra para responder directamente a las afirmaciones del representante chino, dejando uno de los discursos más contundentes de la Asamblea.
«Le hablo como canciller de mi país y no como presidente de la sala», comenzó diciendo antes de defender el funcionamiento institucional de Panamá.
El jefe de la diplomacia panameña recordó que la decisión sobre la concesión portuaria fue adoptada exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia, órgano independiente sobre el cual el Poder Ejecutivo no tiene facultades de intervención.
«Mi país es una democracia. Mi país tiene separación de poderes. Su país es distinto al mío.»
Martínez-Acha afirmó además que representantes chinos solicitaron en varias oportunidades que el Gobierno interviniera para revertir el fallo judicial, algo que calificó como incompatible con el Estado de Derecho.
«Me pidieron varias veces que yo interfiriese ante una decisión de un órgano con separación de poderes para revertir un fallo, que lo único que puede hacer mi gobierno es obedecerlo.»
El canciller enfatizó que el proceso judicial se inició durante administraciones anteriores y que la resolución fue dictada por magistrados designados por distintos gobiernos, descartando cualquier motivación política de la actual administración.
El origen de la controversia
El conflicto se remonta al fallo emitido por la Corte Suprema panameña en enero de este año, que declaró inconstitucional la renovación de la concesión mediante la cual Panama Ports Company administraba desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, dos terminales estratégicamente ubicadas en los accesos al Canal de Panamá.
Tras la sentencia, el Gobierno implementó un esquema transitorio de operación para garantizar la continuidad de los servicios mientras avanza en la definición del nuevo modelo de administración.
Las autoridades panameñas insisten en que no existió una expropiación de activos, sino simplemente el cumplimiento de una decisión judicial dictada conforme a la Constitución.
Las inspecciones a buques panameños agravan las diferencias
El diferendo también se ha trasladado al ámbito marítimo internacional.
En los últimos meses, Panamá denunció un incremento significativo de inspecciones y detenciones de embarcaciones que navegan bajo bandera panameña en puertos chinos.
El presidente José Raúl Mulino aseguró que esta situación provocó la salida de más de 200 buques del registro panameño y sostuvo que las medidas carecen de fundamentos técnicos verificables.
Durante su intervención, Martínez-Acha hizo referencia directa a esta situación.
«Ustedes tienen la soberanía en sus puertos de hacer inspecciones y detenciones, pero también es importante que esta mesa sepa que esas inspecciones no se dan en esos números en Japón, Corea del Sur, Vietnam o Filipinas.»
El canciller sostuvo que el incremento registrado tras el conflicto portuario resulta considerablemente superior al comportamiento histórico y sugirió una relación directa entre ambas situaciones.
Un llamado al diálogo sin renunciar a la institucionalidad
Pese al tono firme de su intervención, el canciller panameño dejó abierta la posibilidad de recomponer el diálogo bilateral.
«Nosotros valoramos la relación con China. Si existen diferencias, le invito a hablar sobre ellas», expresó.
Sin embargo, cerró su intervención con una frase que sintetizó la posición oficial de Panamá y que rápidamente trascendió como el mensaje político más contundente del encuentro:
«Lo invito a desescalar, lo invito a hablar respetuosamente, pero lo invito a respetar mi Constitución, como yo respeto la suya.»
Una disputa con alcance geopolítico
Lo ocurrido en la Asamblea General de la OEA confirma que la controversia por los puertos de Balboa y Cristóbal ha superado ampliamente el ámbito administrativo y comercial.
La importancia estratégica del Canal de Panamá, el creciente peso de China en la infraestructura portuaria mundial y las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias convierten este conflicto en un asunto de relevancia regional e internacional.
El intercambio diplomático también refleja cómo decisiones judiciales vinculadas a activos estratégicos pueden tener repercusiones directas sobre las relaciones exteriores, el comercio marítimo y la confianza de los inversores, colocando nuevamente al Canal de Panamá y a su sistema portuario en el centro del escenario geopolítico mundial.
