La extrema fragilidad financiera y económica que exhiben sus empresas subsidiarias, Petrolera del Cono Sur y Fluvialba , no hace más que corroborar la delicada situación que atraviesa la petrolera en Argentina que sigue acumulando deudas y nuevos despidos. La deuda global con la AFIP asciende a $ 450 millones de pesos.
La meta parece inalcanzable: sanear las cuentas deficitarias de la petrolera que cargan con un rojo financiero acuciante, incrementado por sus empresas subsidiarias, Petrolera del Cono Sur (PCSA) y Fluvialba.
Para tomar magnitud de la cuestión sólo PCSA le debe al fisco unos $ 112 millones, Fluvialba casi $ 300 millones, mientras que PDVSA Argentina le debe a la AFIP $ 33 millones aproximadamente. Resulta curioso cómo con semejante deuda, la AFIP no ha tomado cartas en el asunto.
En este marco, en el marco de negociaciones con la empresa Fluvialba, la petrolera PDVSA despidió recientemente a 45 trabajadores, (entre embarcados, personal de tierra y administrativos) quienes hicieron un acampe de 48 horas la semana pasada en las puertas de las Embajada de Venezuela en Argentina convocado por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Reclaman 20 meses de salarios adeudados, el pago de vacaciones, aguinaldo y aportes previsionales.
En la embajada recibieron un petitorio firmado por el secretario general de SOMU, Raúl Omar Durdos, donde se expresa claramente que «desde el 2019 la empresa no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones en materia salarial y tributaria, defraudando día a día a los trabajadores y que la empresa ha despedido a todo su personal, esgrimiendo una serie de causales inoponibles a los créditos laborales pendientes, siendo absolutamente nulos todos los despidos impuestos a la luz de las normas laborales argentinas».
En diálogo con +e, el secretario de Relaciones Laborales, Alejandro Vargas, confirmó que se abrió una instancia de conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y aclaró que mientras dure este proceso quedarían sin efectos los despidos. No obstante, señaló que volverán con el acampe la semana próxima.
«Técnicamente estamos hablando de un cierre definitivo. Claramente la intención de PDVSA Argentina es cerrar la empresa, para lo cual debería pagar las indemnizaciones, pero eso no ocurrió. De hecho, nos enteremos del despido de los compañeros cuando estábamos reunidos con los directivos de PDVSA. Imagínese como terminó esa reunión», explica. Y sentencia: «Es una empresa vaciada obligada a quebrar».
Los gremialistas advierten que «esta situación es el desenlace de un vaciamiento sistemático por parte de algunos funcionarios de Fluvialba y PDVSA y que no se va a permitir que los trabajadores paguen los platos rotos. En nuestro país los trabajadores tienen derechos, y no solo los vamos a defender, los haremos cumplir con todo el peso de la Ley”.
El principal argumento que esgrime la petrolera venezolana, que hoy preside Carlos Corredor, es que la falta de liquidez se debe a las consecuencias del bloqueo económico internacional que estaría afectando a sus filiales y empresas mixtas.
Sin embargo, desde el gremio SOMU advierten que actualmente estaría ingresando dinero a través de la empresa Intermandatos SRL, cuya cabeza principal es el abogado Franco Bindi, de estrechos vínculos con el chavismo y el kirchnerismo. Esta empresa oficiaría de intermediaria entre Caracas y Buenos Aires.
Ante la falta de un plan concreto, y sin plazos para recuperar financieramente a la compañía, hoy continuaría el extraño flujo de dólares, ampliando la modalidad de pago a los empleados a través de transferencias a cuentas por cajeros automáticos y autoservicios a algunos de los empleados considerados estratégicos para la petrolera. Pero cobran algunos, no todos.
Según la opinión de algunos empleados, la operación figuraría como un depósito en efectivo y no como liquidación de haberes, del mismo modo -afirman- que no reconocen a las empresas que efectúan las transferencias. En situaciones normales el dinero debería salir de una cuenta de la empresa empleadora y transferirse a la cuenta sueldo del empleado.
Las fuentes afirman además, que la empresa no estaría en condiciones de demostrar el origen de esos fondos, y por su parte los empleados tampoco podrían demostrar ante el Fisco que ese dinero representa una liquidación de haberes. Como si esto fuera poco, aparentemente, la mayoría de los empleados no firman recibos de sueldos desde mediados de 2019.
En paralelo, la filial atraviesa un proceso de auditoría fiscal que podría definir el futuro de la petrolera en Argentina. Con un área contable diezmada por los despidos y renuncias, la nueva dirección está abocada 100 por ciento a presentar los balances de los períodos 2020-2021. Nadie sabe bien para qué. Si para liquidar los activos que tiene la empresa (aunque la mayoría de ellos estarían embargados) o para buscar socios para reflotar la compañía.
> El manual de supervivencia
En los últimos 10 años han desfilado por la empresa varios directores generales: Ángel Morales, Nelson Martínez, Miguel Tarazona, Martha Ortega, Rolando León, Erwin Hernández y desde diciembre, Carlos Corredor. Previamente a mediados del años había desembarcado una comitiva especial de Caracas para ordenar el status financiero de la compañía con magros resultados.
En el medio de este tembladeral financiero y administrativo desaparecieron las gerencias de Desarrollo de Nuevos Negocios y de Comunicación y Relaciones Institucionales. En tanto, la Gerencia de Administración y Finanzas tiene futuro incierto. La realidad es que cada vez quedan menos argentinos en la compañía.
El bloqueo y embargo de cuentas bancarias no es de ayer, los directivos desde 2018 vienen aguzando el ingenio para mantener viva la empresa, poniendo en práctica un manual de supervivencia que incluyó astucias de todo tipo, como traer dólares en billetes en bolsos a través del ingreso de “mulas” por las distintas vías que van desde el aeropuerto de Ezeiza hasta las fronteras terrestres con Bolivia.
La pruebas más cabal de ello fue la detención en enero de 2020 de María Palacios (empleada de PDVSA Bolivia) en el aeropuerto boliviano con un bolso con U$S 100 mil en efectivo (cuyo dinero según Palacios estaba destinado a pagar salarios y deudas en PDVSA Argentina). Tras el triunfo del MAS en las elecciones presidenciales en Bolivia, Palacios recuperó su libertad.
Fuente: mase.lmneuquen.com
