Familiares de extrabajadores navieros presionan a Fiscalía y denuncian supuesto esquema de comisiones ilegales vinculado a directivos ligados a PDVSA
La tensión vuelve a instalarse alrededor de las empresas navieras Naviera Conosur S.A. y Fluvialba Paraguay S.A., luego de que familiares de extrabajadores reclamaran públicamente al Ministerio Público mayor celeridad en una causa penal que, según denuncian, permanece prácticamente paralizada desde febrero de 2025.
Representados por la señora Andrea Villamayor, los denunciantes sostienen que el expediente investiga un presunto esquema de acuerdos extrajudiciales irregulares que habría afectado a trabajadores despedidos, involucrando —según la presentación fiscal— a ciudadanos venezolanos vinculados a la estatal petrolera PDVSA.
Acusaciones sensibles: comisiones, acuerdos y presión laboral
De acuerdo con lo manifestado por los familiares, el ciudadano Diego Capraro, quien se habría presentado como presidente de ambas empresas, y Ronny Romero, vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA, habrían impulsado negociaciones extrajudiciales en las cuales —afirman— se exigían descuentos del 20% sobre montos acordados como condición para cobrar prestaciones laborales.
Los denunciantes sostienen que las negociaciones se habrían realizado en hoteles y restaurantes de Asunción, donde se ofrecía pagar apenas el 50% de lo reclamado judicialmente, aplicándose luego un nuevo descuento en concepto de comisión.
Según la denuncia, varios extrabajadores se sintieron presionados para firmar documentos bajo advertencias de perder la totalidad de sus beneficios laborales, y aseguran que muchos acuerdos nunca fueron homologados judicialmente, por lo que los reclamos seguirían plenamente vigentes.
Una causa que no avanza
Villamayor indicó que más de ocho extrabajadores ya se sumaron formalmente a la denuncia penal, aportando —según afirma— elementos que respaldarían la existencia de un patrón sistemático de conductas irregulares.
Sin embargo, cuestionan que, a más de un año de presentada la denuncia, la investigación no haya mostrado avances visibles.
“Pedimos celeridad y que se investigue a fondo”, señalaron los familiares, quienes incluso manifestaron temor por la seguridad de algunos afectados.
Comisiones millonarias y antecedentes que generan ruido
Los denunciantes sostienen que el esquema operaría desde el año 2023 y mencionan antecedentes vinculados a investigaciones previas en el entorno de PDVSA, incluyendo la destitución de un exdirector ejecutivo de la petrolera en Argentina, hecho que —según afirman— habría permitido la continuidad de las operaciones investigadas.
Incluso señalan que, según documentación aportada por los afectados, el monto percibido en comisiones podría superar los USD 300.000, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía.
Batallas abiertas en juzgados laborales y civiles
Mientras la causa penal permanece en etapa investigativa, los extrabajadores se presentaron ante juzgados laborales solicitando el rechazo de acuerdos o finiquitos que consideren lesivos a derechos laborales irrenunciables.
Paralelamente, en el fuero civil continúa sin resolución una solicitud de quiebra iniciada en 2021 por 36 extrabajadores, quienes alegan insolvencia empresarial y solicitan la intervención del síndico para evitar la eventual desaparición de activos.
Vacío directivo y dudas legales
Otro punto que genera preocupación —según los denunciantes— es la aparente ausencia de representación efectiva de las empresas, luego de que directivos habrían retornado a Venezuela. Señalan que un supuesto apoderado, identificado como Luis Cortés, no contaría con facultades suficientes para adoptar decisiones societarias, lo que podría invalidar acuerdos firmados recientemente.
Tres años de espera y reclamos sin cerrar
Los familiares remarcan que numerosos trabajadores llevan más de tres años intentando cobrar beneficios laborales, algunos habiendo recibido apenas entre el 20% y 30% de lo que legalmente reclaman. Incluso, aseguran que existen casos de personas fallecidas sin haber percibido sus derechos.
Frente a este escenario, exigen al Ministerio Público que acelere las diligencias y defina responsabilidades penales en lo que consideran un patrón reiterado de abusos.
