Desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) indicaron que el buque remolcador de bandera paraguaya HB Grus que fue liberado tuvo que abonar la deuda por el peaje de la Hidrovía Paraguay-Paraná a causa de las presiones por parte de la Prefectura Naval Argentina. La deuda cubierta por la empresa propietaria fue de USD 4.232 más intereses y costas judiciales en concepto de la tarifa.
“Tuvieron que abonar sin reserva, pero ante las presiones extorsivas que recibieron durante toda la semana al tratar de sustituir la medida ante la indefinición y la falta de expedición de la justicia argentina”, explicó Raúl Valdez, presidente del gremio. En torno a ello, detalló que el armador no estaba dispuesto a esperar por tiempo indefinido, puesto que cada día que pasaba sumaba la cuenta y se ponía en riesgo la continuidad de su contrato con la empresa receptora.
Por ello, lógicamente defendiendo sus intereses comerciales, la empresa de inversión brasileña Hidrovías del Paraguay procedió a pagar lo exigido, levantándose así la medida de interdicción de navegar y el buque ya se encuentra siguiendo con su operatoria y viaje a destino. “Repito, ante las presiones extorsivas que recibieron de manera muy hostil”, aseveró a la 650 AM. La justicia del vecino país había confirmado el fallo en primera instancia que rechazó la medida cautelar solicitada por la parte afectada.
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Hay que mencionar que ayer sábado se dio a conocer la notificación oficial del Juzgado Civil y Comercial Federal n.° 2, dirigida a la Prefectura Naval Argentina, la cual dispuso el levantamiento del embargo e interdicción de salida del buque de bandera paraguaya retenido el pasado viernes 4 de agosto, y que habiendo cumplido todos los pasos administrativos quedó finalmente habilitado para su tránsito dentro del tramo.
El peaje entró en vigencia el pasado 1 de enero de este año mediante la Resolución 1023 del Ministerio de Transporte argentino que definió el monto del peaje en el tramo Confluencia-Santa Fe en USD 1,47 dólares por tonelada de registro neto. La medida es considerada por nuestro país como una imposición unilateral que implicaría un perjuicio económico de al menos USD 40 millones anuales.
Fuente: lanacion.com
