Un grupo de ciudadanos Venezolanos que invocan ser nuevos Directores del grupo empresarial FLUVIALBA PARAGUAY S.A. y NAVIERA CONOSUR S.A., quienes se identifican como DIEGO DAVID CAPRARO CHAVEZ, con C.I. paraguaya Nº 9.114.054, quien alega ser Presidente de las empresas, y, quien cuenta con sendos antecedentes penales a nivel internacional acorde a informaciones recabadas, CESAR ALEXANDER GONZALEZ TORO, con C.I. paraguaya Nº 9.114.140, y LUIS JOSE SERRANO ANTON con C.I. paraguaya Nº 9.114.056, quienes igualmente invocan formar parte del Directorio de las empresas de NAVIERA CONOSUR S.A. Y FLUVIALBA PARAGUAY S.A., todos ellos con radicación temporal en nuestro país, las que fueron expedidas rápidamente por la Dirección General de Migraciones de Paraguay.
Según una denuncia recibida en nuestro medio de parte de personas damnificadas por este grupo de extranjeros, indican que los mismos acumulan centenares de denuncias por diversos casos, y por sobre todo, su actuar malintencionado generando enormes daños económicos y hasta dejando sin sustento a varias familias paraguayas.
Una empresa de capital paraguayo, y cuyo nombre obviamos a pedido de sus representantes por razones particulares, firmó con Naviera CONOSUR S.A., Empresa Paraguaya en la actualidad de Capital del Estado Venezolano (PVDSA), un acuerdo para la puesta en condiciones operativas y administrativas de embarcaciones que se encontraban abandonadas y en condiciones técnicas y administrativas que impedían la navegación.
Dicha empresa realizó una inversión cercana a los 500.000 dólares de los estados unidos de américa, que comprendía trabajos de reparaciones en astilleros, documentaciones, clasificación internacional y seguros entre otros.
El acuerdo prevé en un caso compartir las ganancias y por otra embarcación el acuerdo de pago mensual.
La Empresa paraguaya apostó con gran esfuerzo según detalla la denuncia realizada, utilizando su capital y todo su conocimiento del ámbito naval, para conseguir la operatividad de las embarcaciones y, a la vez, conseguir contratos considerados de alto perfil, con quiénes venía operando regularmente, honrando el acuerdo y los contratos en tiempo y forma a los administradores Venezolanos de la Naviera CONOSUR S.A.
Sin embargo, repentinamente y sin mediar ningún tipo de contacto con la Empresa Paraguaya afectada, un ciudadano Venezolano con radicación temporal en la República Argentina de nombre Carlos Alberto Corredor Russa quien se identifica con D.N.I. Argentino Nº 96166.256 y pasaporte venezolano Nº163.965.169, sin radicación en nuestro país, según la denuncia, presenta un documento donde se identifica como apoderado general y administrador de Naviera Conosur S.A. e indica que se hace cargo de la administración de las embarcaciones.
«De un día para otro pretenden apagar el sueño de una empresa paraguaya, trabajadora y lastimosamente con total connivencia con algunas autoridades de la Prefectura General Naval y la Armada Paraguaya, este señor consigue autorización para mover las embarcaciones, acto totalmente prohibido en nuestra legislación bajo las miradas cómplices y mezquinas de nuestras autoridades, que si, niega sus derechos a la empresa paraguaya«, aseguran.
Ante las gestiones legales realizadas por la Empresa paraguaya sobre el hecho relatado, ante la Autoridad competente, la respuesta fue que actúa “por orden superior”, habiéndose incluso labrado Acta Notarial. Sobre este argumento extra- legal, dicha autoridad, de facto, negó a la empresa paraguaya seguir con su operación, aun cuando se presentaron debidamente todos los documentos, totalmente en regla, facilitando de esta forma la apropiación indebida de embarcaciones que están operando bajo contrato, anulando “de facto” un contrato vigente, violando cláusulas contractuales, entregando ilegalmente las embarcaciones a CARLOS CORREDOR.
Sin embargo, Carlos Corredor con gran soberbia y arrogancia, hace entrever tener contactos con altos niveles del gobierno paraguayo y de un partido político, a través del Abog. Ariel Martínez, supuesto asesor suyo, y cercano al ex presidente Horacio Cartes, y que tiene poder sobre jueces y fiscales, según denuncian. Haciendo escuchar a la vez que su asesor tiene poder por ser Miembro suplente del Consejo de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo, por lo que indica, no habrá acción judicial que le ataje para cumplir con su cometido.
Estos hechos, resaltan a todas luces la manera de operar de este grupo de personas todas extranjeras que prácticamente están estafando a compatriotas y que suman centenares de denuncias, todas burladas en instancias judiciales y sin resoluciones.
«Es impensable que un extranjero, venga y disponga a su antojo la gestión de un ente público del ámbito naval, quien en lugar de velar por el derecho de todos, admite todo tipo de caprichos del señor Carlos Corredor y coarta los derechos de trabajar y dar trabajo de una empresa paraguaya«.
«También es impensable que una institución tan cara al orgullo de la nación se preste a intereses mezquinos de un extranjero, quien desconoce a las autoridades de su propia empresa y no pretende pagar a la empresa paraguaya el capital invertido en las embarcaciones de Naviera Conosur S.A. y es más grave aún que lo esté haciendo nombrando a auxiliares de la justicia paraguaya como el Abog. Ariel Martínez y por ese efecto, nuestras autoridades alegan la famosa orden superior, que tanto daño ha hecho incluso en desconocimiento del superior de la Armada Paraguaya«. Destaca la denuncia.
Según afirmaron los denunciantes cuyas identidades obviamos a pedido de los mismos, sin embargo estarían en condiciones de develar otros esquemas de corrupción que salpica a esta organización delictiva, dijeron contar con un Contrato de Participación de Flete de un convoy de barcazas y otro por arrendamiento mensual entre Naviera CONOSUR y la empresa paraguaya con vencimiento al 31-12-2024 y con contratos de extensión de la duración del arrendamiento por dos años más después del vencimiento del contrato principal
Pero de forma arbitraria las barcazas han sido llevadas a cargo del Señor Carlos Corredor por orden de las autoridades de la Prefectura General Naval, sin que tenga en cuenta que el contrato de la empresa paraguaya con Naviera CONOSUR S.A. indica que esta deberá comunicar la culminación del contrato, 30 días antes y deberá haber pagado a la empresa paraguaya todo lo invertido, es evidente que no tiene la intención de acordar una solución.
Alegan además que la empresa paraguaya dispone de todos los documentos relativos a la inversión realizada, cuyos trabajos han sido avalados por técnicos de NAVIERA CONOSUR y aceptado por acta del directorio de NAVIERA CONOSUR, con contratos de reconocimiento de deuda ante escribanía, a favor de los denunciantes
Naviera CONOSUR, siempre ha solicitado prorroga para el inicio del pago por la inversión realizada en sus embarcaciones a través de la empresa paraguaya y sin mediar ningún tipo de documento, utilizando a autoridades de instituciones estatales como la Prefectura General Naval y sus supuestos nexos políticos, pretenden no pagar la deuda y pretende hacerse cargo de embarcaciones en estado deplorable que la empresa paraguaya pudo poner operativas y pagar por las mismos.
Tampoco la institución estatal mediadora de estas actividades no puede alegar desconocimiento siendo que desde hace años son los directivos de la empresa paraguaya quienes se apersonan a gestionar los documentos de las embarcaciones en cuestión, tenían la posesión, uso y goce de las mismas en virtud al contrato aún vigente, prestando los servicios de flete fluvial desde el año 2.020.
Cabe acotar que además de la intención de los Venezolanos de no pagar a la empresa paraguaya por la inversión realizada en dichas embarcaciones, también de forma alevosa incurren en desacato a una orden judicial, debido a que se han embargado ejecutivamente los ingresos que le corresponden a NAVIERA CONOSUR S.A. por los contratos firmados con la empresa paraguaya y evitar así el descuento compulsivo ordenado por un Juez Paraguayo, por las demandas que pesan en contra de NAVIERA CONOSUR, burlando así a la justicia paraguaya, aseguran los denunciantes.
Los responsables de la empresa intentan una solución por medios administrativos aunque a la vista de los acontecimientos, se vería forzada a iniciar una demanda judicial por más que saben que se enfrentarían a un esquema corrupto de alevoso tráfico de influencias, pero aseguran que lucharán hasta las últimas instancias denunciado y sacando a la luz todos los procesos oscuros que llevan adelante este grupo de extranjeros sin radicaciones en Paraguay pero que a todas luces operan directamente con intenciones de recaudar dinero, utilizando bienes de una compañía estatal como lo es PDVSA y destinando los fondos recaudados a destinos internacionales, vulnerando los controles bancarios y financieros ya que cuentan con bloqueos y embargos de la totalidad de las cuentas bancarias y con bloqueo económico internacional.
