La Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca también se pronunció contra la Ley Ómnibus. Lo hizo a través de un comunicado, luego de haber realizado advertencias previo a conocerse la misma.
Con las firmas de su secretario general capitán Jorge Frías, Alberto Widmer (secretario adjunto) y Enrique De Rosa (vocal), hicieron público el pensamiento de los afiliados que representan.
“La Ley Ómnibus impone la necesidad de tener una visión crítica sobre cómo esta medida podría afectar la economía nacional y la soberanía al abrir el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros”, indica en su introducción.
“Al sector trabajador las principales inquietudes que genera son:
• Impacto en la economía y el empleo: esta medida afectará negativamente a la industria pesquera nacional con una innegable pérdida de empleos para trabajadores Argentinos, dado que la apertura llevará inexorablemente a la reducción de puestos de trabajo en el sector. Ello conforme la propuesta de derogar el Art. 40 del actual Régimen Federal de Pesca, que actualmente establece la obligatoriedad de empleo a bordo de mano de obra Argentina (Capitanes, maquinistas y marinería). Idéntico resultado se evidenciará para el personal de tierra (estibadores y obreros del pescado), como resultante de permitir que los desembarcos se realicen fuera del territorio argentino.
Sostenibilidad de los recursos: Al permitir la captura de recursos sin el requerimiento de desembarcar en puertos argentinos, se perderá el control efectivo sobre la cantidad y tipo de capturas realizadas, lo que llevaría a la sobreexplotación y la disminución de la sostenibilidad de las especies.
Descontrol y pesca ilegal: Al permitir la descarga de productos pesqueros en puertos extranjeros facilitaría además, mayor evasión fiscal, la pesca ilegal, y desregularía el control de las cuotas de capturas establecidas (CITC).
Transnacionalización de los recursos: la asignación de cuotas de captura mediante licitaciones públicas internacionales con el solo criterio de asignación basado en el «mayor postor», implica una evidente transnacionalización de los recursos pesqueros nacionales, resultando en una medida asimilable a la apertura indiscriminada de la milla 200 para los flotas pesqueras de otros países o incluso empresas de capitales de otros países que hace años operan en el país y en otros países del mundo a la vez, lo que les permitiría también que ingresen todas sus flotas al caladero argentino.
Impacto negativo en la industria naval: al no establecer políticas que permitan la competencia en condiciones equitativas.
Inmersos en la preocupación que genera tanto al sector pesquero como al naval, la Asociación lo resumió de la siguiente manera:
“En resumen, este proyecto legislativo contradice los propios objetivos del mismo, contenidos en su artículo 1º de ‘…promover la iniciativa privada, sí como la industria y el comercio…’, en idéntico sentido contradice los propios principios y propósitos de la norma, enunciados en el artículo 2° inciso b), como los de ‘…la protección de los habitantes y de su propiedad privada…’
Para ello la propuesta que acercan y que han compartido públicamente sintetiza:
“En conclusión, la propuesta legislativa realizada por el Poder Ejecutivo Nacional podría tener consecuencias devastadoras para la industria pesquera argentina, el empleo nacional y la sostenibilidad de los recursos marinos, además de debilitar la soberanía económica en este ámbito. Por ello, instamos a todos los actores involucrados a dar el debate en el ámbito parlamentario, y en cada Comisión correspondiente a los efectos de ilustrar a los legisladores con el fin de corregir los desaciertos que la propuesta ha evidenciado y recuperar la tranquilidad para el sector y en beneficio para todos los argentinos”.
Fuente: pescare.com.ar
