La empresa belga denuncia que la Administración Nacional de Puertos le da un trato preferencial a otra compañía privada que trabaja en el recinto.
La compañía portuaria belga Katoen Natie Group notificó a las autoridades del gobierno saliente y entrante su decisión de iniciar una demanda por 1.500 millones de dólares debido a una cantidad de incumplimientos, según informó este martes el diario El País de Uruguay.
Esta empresa es socia mayoritaria de la empresa publico privada en la Terminal Cuenca del Plata (TCP). Según indica el medio Uruguayo, se trata de un desacuerdo en el marco de la concesión por treinta años de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo.
La empresa remitió una carta a las actuales autoridades del Estado uruguayo, al presidente electo, Luis Lacalle Pou, a la Cancillería actual y a la electa, al embajador belga en Uruguay, y al ministro actual y designado de Transporte y Obras Públicas. Junto a esta carta se envió otra misiva, remitida el pasado 15 de octubre, en donde expresaba que de no alcanzar un acuerdo aplicaría la solución de controversias prevista en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea.
La empresa belga denuncia que la Administración Nacional de Puertos (ANP) le da un trato preferencial a la otra compañía privada que trabaja en el recinto, Montecon. Según informa El País, el tribunal elegido por las partes es el Ciadi, una institución del Banco Mundial especializada en este tipo de litigios con sede en Washintong, Estados Unidos.
En el mes que se remitió la primera carta, la empresa pretendía cuatro medidas para intentar llegar a un acuerdo: que el Estado designara un representante para llegar a un acuerdo, un compromiso para trabajar de «buena fe», una solución en menos de seis meses, que se entregasen los estudios portuarios sobre los que se justifica el trato «preferencial a Montecon» y el Estado uruguayo cesara «todas las acciones contrarias» al Derecho uruguayo e internacional.
En la carta, a la que accedió el diario El País expresa que la ANP «amenaza» a la empresa con terminar el contrato como consecuencia del descenso en el movimiento real de contenedores. «El Estado sabe que dicho descenso se debe, precisamente, al trato preferente e ilegal que viene otorgando a la sociedad que opera irregularmente la segunda terminal del Puerto de Montevideo, Montecon S.A.», informa la misiva a la que accedió El País.
