Uno de los principales defensores de que la hidrovía sea administrada por el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández fue designado como asesor de la Administración General de Puertos (AGP) cuyas nuevas autoridades impulsan su pase a gestión privada. El trascendido del nombramiento encendió duras internas en un organismo sacudido por despidos y choques entre el gremio y el gobierno.
Se trata de José Beni, quien era el titular de la AGP, el organismo de control del puerto de Buenos Aires que en 2021 se encontró con que el gobierno nacional le otorgaba la administración de la vía navegable al finalizar la concesión a un grupo privado. Beni, funcionario de carrera del ente con larga trayectoria técnica, además es referente del Instituto Patria, el principal think tank del kirchnerismo más duro y base de la propia Cristina, y por eso su designación causó revuelo incluso en la propia tropa de Javier Milei.
Según un documento interno al que accedió Rosario3, Beni -funcionario de carrera y reconocida trayectoria en la entidad- pasó a ocupar el cargo de asesor de la Unidad de Gabinete de Asesores dependiente de la subgerencia general manteniendo su categoría de empleado. Beni no es el único funcionario vinculado a la anterior administración que se reubica en otros lugares de la AGP. Junto a él ingresaron otros 4 funcionarios, algunos con conocida vinculación con el gremio interviniente que es Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos.
Y ahí está una de las explicaciones de cómo un organismo bajo control libertario designa a un funcionario que está en las antípodas de su línea de pensamiento. Ocurre que más allá de su cercanía intelectual con el Instituto Patria, Beni es un “agepeista”, como se le dice en la jerga a los funcionarios y empleados “nacidos y criados” en la AGP. Y en los “agepeistas” la pertenencia a ese organismo talla en materia de lealtades tanto o más que la afiliación a una orientación política. Además, los organismos descentralizados con larga historia institucional con el tiempo adquieren un margen de autonomía en las decisiones y reciclaje de funcionarios al margen del gobierno de turno.
No en vano, por caso, Beni fuerte durante el gobierno de Alberto para que el control de la hidrovía (no solo en lo técnico, sino en lo político) quede en ese organismo y no en el Ente de Coordinación y Control de la Vía Navegable (Ecovina) que el Poder Ejecutivo había creado para tal fin con participación de todas las provincias con frente fluvial y no solo funcionarios porteños o bonaerenses, como en AGP. Y es que más allá de su idea de la conveniencia de la administración estatal, estaba la creencia de que la AGP era la más indicada para hacerlo.
El tema es que el nuevo gobierno, que designó a Gastón Benvenuto como interventor de la AGP, tiene al organismo en la lista de aquellos que considera prescindible y su objetivo, en paralelo a la privatización de la administración de la hidrovía, es reducir al máximo sus funciones. Por eso, ya en febrero intentó avanzar con el despido de 50 empleados, decisión que provocó el choque con el gremio APDF.
Es por eso que la noticia de que al menos 5 funcionarios de carrera -entre ellos Beni- sean designados en cargos técnicos bien rentados hayan sido reubicados no solo generó revuelo en las filas del gobierno por la forma en la que el sindicato los logra re-acomodar (o dichos en términos libertarios, como la casta defiende sus privilegios), sino también entre el personal que está bajo la mira del ajuste.
Beni dejó en 2023 la titularidad de la AGP con un rojo en sus cuentas y acumulando deudas con la dragadora privada que presta el servicio y un impago por IVA a la Afip. Durante su gestión reforzó las capacidades técnicas y administrativas del organismo, sumando tecnología y personal especializado. Y también logró salir del puerto de Buenos Aires ganando influencia en todo el país, activando inversiones y mejoras de infraestructura en muchos puertos públicos de la Argentina.
FUENTE: ROSARIO3
