En el marco de una estrategia integral de seguridad y reinserción social, el gobierno anunció la disponibilidad de tobilleras electrónicas para el cumplimiento de medidas de prisión domiciliaria, con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles y brindar una respuesta más eficaz a casos de violencia intrafamiliar y otros delitos.
El sistema funciona bajo un modelo de contratación por servicio, en el cual el Estado no realiza un pago inicial por las tobilleras, sino que abona únicamente por aquellas que se encuentran activas. “La ley establece que el beneficiario del dispositivo paga por el servicio y, en caso de insolvencia, el Estado asume el costo”, explicaron las autoridades. De momento, como las tobilleras solo han estado activas por cortos periodos, el Estado no ha incurrido en gastos significativos.
El Ministerio de Justicia, junto al sistema de emergencia 911 y un pequeño centro de monitoreo habilitado para unos 20 operadores por turno, será el encargado de hacer cumplir estas medidas. En una entrevista brindada al programa Magazine 360 por la 1330 AM, el director del sistema 911 de la Policía Nacional ,Hernán Escobar ,afirmó: “Estamos preparados para monitorear hasta 200 usuarios por turno, las 24 horas del día”.
Actualmente, el sistema se encuentra en fase de implementación tras la aprobación inicial de la Corte Suprema, que limitó el uso de las tobilleras a casos de violencia intrafamiliar en Asunción y zonas de garantía. No obstante, tras un pedido de ampliación, la Corte comunicó que se encuentra en proceso de extender el uso del sistema a todos los tipos de delitos y en toda la capital y el área metropolitana.
La tecnología, utilizada en 46 de los 50 estados de EE.UU., permite definir zonas de exclusión para los agresores, como el domicilio de la víctima, escuelas de hijos, o centros familiares. Las víctimas también reciben dispositivos que activan alertas si el agresor viola los límites establecidos.
Además del monitoreo, se ha fortalecido a la Policía Nacional con la entrega de 2.800 radios portátiles con GPS y 560 camionetas equipadas con tecnología de rastreo en tiempo real. Esto permitirá una respuesta más rápida y eficiente ante cualquier alerta activada por las tobilleras.
“Estamos trabajando para que las personas que ya cumplieron sus condenas y no representan un peligro puedan reinsertarse en la sociedad. Este es un paso importante hacia un sistema penal más humano y eficaz”, indicó Escobar, destacando también la atención especial a mujeres privadas de libertad con hijos pequeños o en estado de embarazo.
Con esta iniciativa, el gobierno busca no solo fortalecer la seguridad, sino también humanizar el sistema penitenciario, brindando una alternativa tecnológica y controlada que permita a ciertos internos cumplir condenas fuera de las cárceles, en condiciones que garanticen tanto el cumplimiento de la pena como la protección de las víctimas.
