Las instalaciones, que incluían un puerto de barcazas, un free shop y un depósito aduanero, estaban previstas para el 2022, pero las obras nunca se iniciaron.
Puerto de barcazas
En su momento la CTM convocó a empresas para impulsar una serie de obras como un puerto de barcazas sobre el lago Salto Grande, siendo Cujó SA-DyN Investment Group la seleccionada.
Este proyecto prometía construir en 9 meses las obras del puerto de barcazas, un depósito fiscal y un puerto multimodal y estaba pensado ubicar al puerto sobre la desembocadura del arroyo Itapebí, 6 kilómetros al norte de la represa y para el resto de las obras Salto Grande cedería por 30 años el uso de tres padrones situados al sur del edificio Paso de Frontera. La inversión prevista, ascendía entre 70 millones y 75 millones de dólares.
La imputación a los inversores es del 24 de abril de 2023 por la Unidad Penal 8 de Encarnación, según publicó el Semanario Brecha, pero los hechos presuntamente delictivos comenzaron en 2021.
La agente fiscal Liliana Herenia Galeano relata que “en el año 2021, en plena crisis de pandemia mundial, habría llegado a nuestra ciudad Gaspar Nicolás dos Santos, ante las supuestas víctimas, Carlos Emilio Soler, Andy Sbardella y Horacio Biga, como un inversor de alto perfil, prometiendo inclusive realizar varias inversiones en Paraguay de diferentes rubros, señalando tener varios negocios en el país y en el exterior”.
Dos Santos, de nacionalidad uruguaya, se presentó “como representante de Bharat Biotech International Limited (de India), mostrando un documento como supuesto representante o apoderado; y luego de varias conversaciones ofrece realizar un negocio de compra de vacunas (contra covid-19) de la marca Covaxin”.
El uruguayo le presentó al administrador de la firma DyN Investment, Méndez Maciel. El 12 de marzo de 2021 firmaron con los empresarios de Paraguay “el convenio de importación, distribución y venta de vacunas”, y el 25 de marzo agregaron un anexo por el cual “las partes convenían en aportar los montos de dinero al efecto del negocio planteado”.
Caída del acuerdo
En el “tiempo de la firma (24 de marzo de 2021) y estando en el país Nicolás dos Santos, solicitó se le entregue una suma de 20 mil dólares, que fue entregada en propia mano por Maxi Farma SA, siempre como parte de pago de la compra de vacunas y dentro del marco de los contratos suscriptos”, prosigue el texto.
Posteriormente los uruguayos solicitaron que se realicen transferencias bancarias, por una suma total de 1.850.000 que se transfirió, de acuerdo al documento de la Justicia paraguaya.
Sin embargo, el 24 de marzo, a poco de firmar el primer contrato para el negocio entre uruguayos y paraguayos, India suspendió las exportaciones de vacunas para abastecer el mercado interno y al otro mes en Brasil se haría público un escándalo por la compra de Covaxin mediante una empresa offshore en Singapur a precios inflados y con sospechas de sobornos cobrados por intermediarios del gobierno de Bolsonaro.
Esto hizo caer el acuerdo. Pese a que los paraguayos y los uruguayos acordaron rescindir el contrato, el reembolso de los casi 2 millones de dólares no se concretó. Interpol Paraguay pidió los antecedentes de los imputados a Uruguay.
La delegación uruguaya en la CTM asegura que el contrato para el hub logístico se rescindió por incumplimientos de los inversores.
