Según denuncias recibidas a nuestro medio que indican la existencia de una serie de barcazas navegando de forma fraudulenta e irregular en aguas del rio Paraguay, iniciamos una investigación para acceder a mayor información sobre el caso denunciado, logrando seguir los pasos de una serie de barcazas con denominación “SILO” que según la denuncia serían más de 30 barcazas y que pertenecían a la compañía naviera Fluvialba, propiedad de Petróleos de Venezuela PDVSA.
Las barcazas que formaban parte de un lote de embarcaciones que inicialmente habrían ingresado a Paraguay y Bolivia respectivamente desde el Mississippi, junto con varios remolcadores que operaron durante varios años con la armadora Fluvialba, bajo la bandera boliviana de forma provisoria debido a su condición comercial de Leasing temporal.
Estas embarcaciones se encontraban amarradas en la zona de Puerto Pabla, distante a unos 20 kilómetros aguas abajo del puerto de Asunción, donde se encuentra la base operativa de la naviera Fluvialba que dejo de operar desde el año 2019. Las barcazas en cuestión se encontraban en condición de amarre desde hace varios años debido a su condición técnica y documentaria que no le permitían seguir operando.
Las mismas comenzaron a comercializarse en su mayoría para desguace, sin embargo, llamativamente las mismas lejos de ser desguazadas, fueron “reacondicionadas” y en la actualidad operan presumiblemente de forma ilegal, sin certificados y en algunos casos con certificados obtenidos de forma fraudulenta ya que claramente es imposible realizar los procesos documentarios, de repatriación, reingreso al país y pago de despachos aduaneros al haber sido vendidas en las condiciones técnicas y documentarias imposible de navegar.
Esta situación genera una desestabilización muy fuerte dentro del mercado local, principalmente a los armadores que operan mayoritariamente en el cabotaje local para el transporte de Clinker y piedra caliza para empresas privadas y estatales.
Además de representar un riesgo para la seguridad de la navegación considerando el deplorable estado en la que se encontraban estas barcazas, es una competencia desleal que perjudica fuertemente a armadores que han realizado inversiones importantes para operar de forma legal en el país. Lo más grave de toda esta situación que según la denuncia estos procesos fraudulentos, involucraría a autoridades de la propia Prefectura General Naval de Paraguay, institución madre que debería velar por la seguridad y el cumplimiento de las leyes vigentes en el país, en su condición de Policía Fluvial.
La denuncia cuya fuente reservamos por seguridad, menciona tanto al ex Prefecto General Naval Jorge Mancuello quien habría sido uno de los compradores de estas barcazas y actualmente en función activa dentro del esquema de la Armada Paraguaya, opera estas barcazas al igual que otras autoridades quienes deben ser investigadas por el Ministerio Publico y Poder Judicial por tratarse presumiblemente de la comisión de delitos graves que involucran y comprometen seriamente a los mismos.
La Prefectura General Naval debe ser intervenida para poder aclarar los diferentes hechos de corrupción que, según informaciones, se realizan dentro de esta institución, también se deberían digitalizar todos los procesos de forma a poder evitar la generación fraudulenta e ilegales de documentos habilitantes de embarcaciones y transparentar los procesos que permitan mejorar los controles tanto interna como externamente.
Sin embargo, las autoridades de la Prefectura han rechazado reiterados ofrecimientos del sector armatorial para la instalación de software que permita la digitalización de procesos.
