Por Redacción Paraguay Fluvial
La decisión del Gobierno argentino de avanzar con una profunda reforma del régimen de practicaje y pilotaje comenzó a generar una de las mayores controversias de los últimos años dentro del sector marítimo y fluvial. A través del Decreto 690/2026, la administración del presidente Javier Milei impulsa una desregulación integral de una actividad considerada estratégica para la seguridad de la navegación y el comercio exterior.
Desde Paraguay, la medida es seguida con mucha atención debido a que gran parte del comercio exterior paraguayo depende del sistema de la Hidrovía Paraguay-Paraná y de los puertos argentinos para acceder a los mercados internacionales.
Una reforma con fuerte impacto económico
El Gobierno argentino sostiene que el nuevo régimen busca eliminar regulaciones que durante más de tres décadas restringieron la competencia y elevaron los costos logísticos.
Entre los principales cambios se destacan:
Eliminación de cupos para nuevos prácticos.
Libertad para que armadores y operadores contraten directamente al profesional que deseen.
Tarifas máximas reguladas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Publicación obligatoria de precios para transparentar el mercado.
Eliminación de segmentaciones geográficas que obligaban a contratar distintos prácticos durante un mismo viaje.
Flexibilización de los requisitos para determinadas exenciones del servicio.
Reconocimiento de experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de zona e idioma inglés.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida señalando que busca reducir el denominado «costo argentino», aumentar la competencia y convertir a los ríos en una verdadera autopista para el desarrollo económico.
La administración Milei considera que la reforma permitirá disminuir significativamente los costos de navegación y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
La reacción de los prácticos fue inmediata
Sin embargo, la respuesta del sector profesional no tardó en llegar.
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo emitió un comunicado expresando su respaldo a prácticos, pilotos y baqueanos, advirtiendo sobre las implicancias legales y profesionales derivadas del nuevo decreto.
La entidad recomendó a sus afiliados abstenerse de aceptar funciones vinculadas al practicaje sin consultar previamente con las autoridades del Centro y recordó que el ejercicio de actividades sin la habilitación correspondiente podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, mencionando expresamente el artículo 190 del Código Penal argentino, referido a delitos contra la seguridad de la navegación.
Asimismo, la Comisión Directiva anunció que brindará asistencia jurídica a sus asociados.
Amenaza de paralización
Paralelamente, pilotos y baqueanos fluviales anticiparon la suspensión de la prestación de servicios profesionales por tiempo indeterminado mientras el Decreto 690/2026 continúe vigente.
La medida podría afectar:
ingreso y salida de buques de los principales puertos argentinos;
navegación sobre el Río Paraná;
tránsito por el Río de la Plata;
movimiento de aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas.
Diversos medios especializados señalan además que los representantes del sector preparan una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios firmantes del decreto, argumentando que la nueva normativa podría comprometer la seguridad náutica.
Un debate entre competitividad y seguridad
El conflicto expone dos posiciones claramente enfrentadas.
Por un lado, el Gobierno sostiene que el sistema anterior protegía un mercado excesivamente regulado, con escasa competencia y elevados costos para los usuarios.
Por el otro, los profesionales del practicaje advierten que la flexibilización de los requisitos podría disminuir los estándares de seguridad en una de las vías navegables más complejas de Sudamérica, especialmente en el sistema Paraná–Río de la Plata.
Para Paraguay, la evolución de este conflicto tiene una importancia estratégica.
La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye la principal salida al mar para la producción nacional, por donde se movilizan combustibles, fertilizantes, granos, minerales, contenedores y prácticamente todo el comercio exterior paraguayo.
Si bien una eventual reducción en los costos del practicaje podría representar beneficios económicos para armadores y operadores logísticos que utilizan los puertos argentinos, una paralización de los servicios tendría un efecto inmediato sobre la cadena logística regional.
Demoras en los movimientos de buques, congestión en terminales portuarias y posibles sobrecostos podrían impactar directamente en la competitividad de las exportaciones paraguayas.
Por el momento, el Gobierno argentino mantiene firme su decisión de avanzar con la reforma, mientras los gremios de prácticos endurecen su postura y anticipan acciones judiciales y medidas de fuerza.
El desenlace de este conflicto será observado de cerca no solo por el sector marítimo argentino, sino también por toda la comunidad logística de la Hidrovía, donde Paraguay aparece como uno de los países con mayor interés en que la navegación continúe desarrollándose con previsibilidad, eficiencia y altos estándares de seguridad.
