Documentos atribuidos a organismos policiales y al Ministerio Público de Venezuela hacen referencia a una investigación penal y a una orden de captura contra un ciudadano venezolano, en el marco de una causa por supuestos hechos relacionados con delincuencia organizada.
De acuerdo con la documentación a la que este medio tuvo acceso, el ciudadano figura mencionado en un expediente tramitado por autoridades venezolanas.
En los casos de existencia de una orden de captura internacional válida o un requerimiento formal entre Estados, corresponde activar los mecanismos de asistencia jurídica y cooperación previstos en los tratados internacionales. Asimismo, la normativa migratoria paraguaya contempla restricciones para el ingreso o permanencia de personas sujetas a órdenes internacionales, cuando estas han sido debidamente comunicadas a las autoridades competentes.
Las autoridades nacionales aseguran que de momento no existe elementos que permita establecer la presencia del ciudadano en Paraguay o Argentina, aunque aseguraron que activaran los protocolos para dar con el ciudadano y poner a disposición de la justicia. Tambien se evalua la eventual relación comercial o laboral con empresas vinculadas a PDVSA lo aue deberá ser determinada por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes que están en curso.
Ante la reciente coyuntura política e institucional en la República Bolivariana de Venezuela, la comunidad internacional y los organismos de control han puesto bajo estricto escrutinio las dinámicas operativas del denominado «Socialismo del Siglo XXI». Este escenario ha puesto al descubierto esquemas sistemáticos de corrupción pública y la actuación de redes delictivas con alcance transnacional en el cono sur.
En dicho esquema, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus filiales en la región como PDVSA ARGENTINA S.A han sido formalmente señaladas por presunta complicidad en hechos punibles. Las imputaciones abarcan desde delitos contra el patrimonio público y el medio ambiente, hasta tipicidades contra la propiedad y la libertad de las personas, mediante coacciones y amedrentamientos dirigidos a exdependientes de la firma para inhibir las denuncias correspondientes.
Un caso emblemático de esta dinámica de impunidad transfronteriza involucra al ciudadano de nacionalidad venezolana ELVIS PIRELA RINCÓN (Titular de la Cédula de Identidad Venezolana N.º 25.323.874). Sobre dicho individuo pesa una orden de detención dictada por el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la Causa / Expediente N.º MP-1MP-58652.
El encausado se encuentra formalmente imputado por conductas tipificadas en la legislación especial en materia de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De acuerdo con informaciones emanadas de fuentes jurisdiccionales —cuya identidad se resguarda bajo estricta reserva por razones de seguridad personal—, el imputado, en conurbación con familiares y terceros, habría actuado como contratista de PDVSA mediante las siguientes modalidades ilícitas:
Abuso de Confianza y Tráfico de Influencias: Operaciones amparadas por altos estamentos directivos de la petrolera estatal.
Lesión al Patrimonio: Adjudicación y facturación de obras e infraestructuras inexistentes o no ejecutadas.
Sobprecios y Licitaciones Irregulares: Adjudicación de contratos de gran envergadura a empresas sin la idoneidad ni la experiencia técnica requerida.
Aprovechando la interrupción de los canales diplomáticos formales, el imputado transita de manera fáctica entre la República Argentina y la República del Paraguay, pretendiendo instrumentalizar el territorio nacional paraguayo como refugio o guarida para eludir la acción de la justicia.
A Elvis Pirela se lo vincula a la empresa venezolana Supply Stars Anaco, c.a. con registro de información fiscal número J-29692371-0. Empresa que soporta dos investigaciones penales aperturadas por supuestos delitos de corrupción cometidos en las empresas mixtas PETROCEDEÑO Y PETROMONAGAS. Estas empresas cuentan actualmente con más de 30 contratos adjudicados sin contar con la experiencia y la capacidad económica siendo señalados por sus trabajadores por no cumplir con los beneficios de la industria petrolera venezolana, usando a Aegentina y a Paraguay como su paraíso fiscal donde ocultan el dinero obtenido por sus fechorías.
Ante el riesgo inminente para la seguridad pública y el ordenamiento jurídico nacional:
A la Administración de Justicia y al Ministerio Público: Se insta a articular de manera urgente los mecanismos de Cooperación Judicial Internacional y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, a fin de dar cumplimiento a los mandamientos de captura vigentes y disponer la inmediata localización, detención y consecuente expulsión o extradición del encausado.
A la Dirección Nacional de Migraciones y Autoridades de Control Fronterizo: Se recuerda la obligación legal de velar por el estricto cumplimiento de la Ley de Migraciones, impidiendo el ingreso o la permanencia en el país de personas tipificadas como prófugos de la justicia extranjera.
La República del Paraguay no puede constituirse en tierra de impunidad ni en santuario de la delincuencia transnacional organizada. Corresponde la aplicación irrestricta y ejemplar de la ley para sentar un precedente firme frente a esquemas criminales internacionales.
