Por redacción | Paraguay Fluvial
La entrada en vigencia del nuevo régimen de practicaje impulsado por el Gobierno argentino abrió un profundo conflicto en uno de los servicios considerados estratégicos para la seguridad de la navegación. Mientras el Ejecutivo sostiene que la medida busca reducir costos y mejorar la competitividad del comercio exterior, los profesionales del sector advierten que las modificaciones ponen en riesgo la navegación, el ambiente y la vida humana.
En una entrevista exclusiva con Paraguay Fluvial por 1140 AM Central Radio, el presidente de la Cámara de Practicaje de la República Argentina, Capitán John Ryan, explicó los alcances de la situación y rechazó que lo que ocurre actualmente pueda calificarse como una huelga.
«No puede haber una huelga o un paro porque los prácticos somos profesionales independientes de libre contratación. Lo que existe es una decisión individual de cada profesional de no asumir nuevos compromisos de trabajo.»
Aunque jurídicamente no se trata de una medida sindical, en la práctica la decisión adoptada por la amplia mayoría de los prácticos provocó la paralización de buena parte de las operaciones marítimas, fluviales y portuarias.
La seguridad como eje del conflicto
Ryan sostuvo que el principal cuestionamiento al nuevo decreto no es económico, sino de seguridad.
Según explicó, la nueva reglamentación amplía considerablemente el número de buques —incluyendo embarcaciones extranjeras— que podrán navegar sin la obligación de contar con un práctico a bordo.
«Se vulnera totalmente el concepto de seguridad de la navegación y también la seguridad personal de quienes ejercemos la profesión», afirmó.
Para el dirigente, el servicio de practicaje constituye una inversión estratégica y no un simple costo logístico.
«Por cada dólar que la industria invierte en un servicio de practicaje robusto y eficiente se evitan decenas de dólares en accidentes, demoras, daños ambientales y pérdidas humanas.»
¿Es realmente el practicaje argentino el más caro?
Uno de los argumentos utilizados por el Gobierno fue que el servicio argentino presenta costos superiores a los de otros países.
Ryan rechazó esa comparación y explicó que se están utilizando parámetros que no contemplan las enormes diferencias operativas.
Como ejemplo citó el puerto estadounidense de Port Everglades, donde el práctico navega apenas dos millas durante menos de una hora.
En cambio, un buque que ingresa desde el Río de la Plata hasta Rosario recorre aproximadamente 650 kilómetros, demanda cerca de 34 horas de navegación y requiere la intervención de cinco profesionales especializados en distintos tramos del recorrido.
«Si esa comparación se hiciera correctamente, el practicaje argentino resultaría varias veces más económico de lo que realmente debería costar», sostuvo.
«Nunca fuimos convocados»
Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de elaboración del decreto.
Ryan aseguró que el proyecto comenzó a desarrollarse hace aproximadamente veinte meses y que los profesionales jamás fueron convocados para aportar su experiencia técnica.
«No solamente nunca fuimos convocados, sino que públicamente se dijo que éramos parte del problema.»
A su entender, la ausencia de consultas con quienes diariamente conducen buques en uno de los sistemas de navegación más complejos de Sudamérica constituye uno de los principales errores del proceso.
El mensaje más contundente
Durante la entrevista surgió una frase que resume la postura adoptada por los profesionales frente al conflicto.
Consultado sobre las importantes pérdidas económicas que implica no trabajar, Ryan respondió:
«Preferimos perder plata antes que perder la vida.»
La expresión refleja el criterio con el que, según explicó, la mayoría de los prácticos decidió no aceptar nuevas designaciones mientras continúe vigente el actual esquema regulatorio.
Un conflicto que también observa Paraguay
La situación es seguida con especial atención desde Paraguay.
Más del 80 % del comercio exterior paraguayo depende del transporte fluvial a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná, por lo que cualquier alteración en los servicios de navegación argentinos puede tener consecuencias sobre la logística regional.
Más allá del debate regulatorio, el conflicto vuelve a instalar una discusión de fondo: cómo equilibrar la reducción de costos logísticos con los estándares internacionales de seguridad en una de las vías navegables más importantes de América del Sur.
Mientras el Gobierno argentino sostiene su política de desregulación, los profesionales del practicaje mantienen firme una postura basada en un principio que sintetiza toda la controversia:
«Preferimos perder plata antes que perder la vida.»
