El Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, decidió dar de baja la licitación para la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay luego de que solo se presentara una oferta, la de la empresa belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). La administración también anunció que investigará a la compañía por presuntas irregularidades en el proceso.
Un proceso polémico desde el inicio
La licitación, lanzada en noviembre de 2024, tenía como objetivo adjudicar la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT) por 30 años para modernizar, ampliar, operar y mantener la señalización y el dragado del corredor fluvial. En un principio, once empresas mostraron interés en la competencia, pero solo DEME presentó una oferta formal el pasado miércoles.
«Afirmamos desde el inicio que, si había un solo oferente, se daría de baja la licitación», sostuvo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa. Además, criticó el accionar de la compañía belga, sugiriendo que su estrategia durante el proceso podría haber afectado la participación de otras firmas.
Investigación por posible sabotaje
El gobierno de Milei ha ordenado la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para investigar si DEME presionó a otras empresas o si hubo una «presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado».
«Vamos a perseguir con todo el peso de la ley a aquellos involucrados en este intento de sabotaje del proceso licitatorio», afirmó Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Arreseygor también acusó a DEME de ser la «principal artífice» de denuncias sobre un supuesto direccionamiento del proceso en favor de la firma Jan de Nul, que actualmente tiene a su cargo el dragado de la hidrovía.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina advirtió sobre «graves irregularidades» en la licitación, lo que podría derivar en consecuencias administrativas y penales.
El futuro de la hidrovía
El Ejecutivo argentino ahora se enfocará en la redacción de nuevos pliegos para un futuro llamado a licitación. En juego está la administración de un corredor fluvial de 1.635 kilómetros, clave para la salida de exportaciones desde Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay hacia el Atlántico.
Desde 1995 hasta 2021, la hidrovía estuvo concesionada a un consorcio privado conformado por Jan de Nul y la argentina Emepa. Luego de la caducidad del contrato, el Estado tomó el control de la administración de la VNT.
El nuevo proceso de licitación será determinante para el comercio de la región y la competitividad del transporte fluvial en Sudamérica.
