El presidente de la República, Santiago Peña, continúa al frente del Poder Ejecutivo luego de que el Congreso Nacional no lograra aprobar su renuncia, presentada en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. La sesión conjunta quedó sin cuórum cuando se disponía a resolver la dimisión presidencial. Entretanto, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra el mandatario y el Senado inició el juicio político, en el que Peña deberá ejercer su derecho a la defensa este viernes 6 de noviembre.
ASUNCIÓN, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026. El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, permanece en el ejercicio de sus funciones pese a haber anunciado y presentado formalmente su renuncia el jueves 5 de noviembre, en medio de una profunda crisis política y financiera vinculada con la intervención de Ueno Bank.
La dimisión presidencial no obtuvo la aprobación del Congreso Nacional, luego de que la sesión conjunta de ambas cámaras quedara sin cuórum durante el procedimiento de votación. Aunque numerosos legisladores se pronunciaron expresamente a favor de rechazar la renuncia, no llegó a concretarse una resolución parlamentaria válida que formalizara ese rechazo.
Esta circunstancia resulta determinante para comprender la situación institucional: la renuncia quedó sin aceptación y, por consiguiente, Peña continúa siendo constitucionalmente presidente de la República.
Sin embargo, la falta de aceptación de su dimisión no detuvo el procedimiento de juicio político. Por el contrario, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos a favor la acusación contra el mandatario, dando paso a la intervención del Senado como órgano juzgador.
De esta manera, Paraguay enfrenta un escenario excepcional en el que un presidente que manifestó públicamente su voluntad de abandonar el cargo permanece en funciones mientras es sometido a un procedimiento constitucional que podría concluir con su destitución.
¿Por qué no fue aceptada la renuncia presidencial?
La situación se originó durante la sesión conjunta del Congreso Nacional convocada de manera extraordinaria para considerar la renuncia presentada por Santiago Peña.
Durante el debate, legisladores de la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado manifestaron su rechazo a la posibilidad de aceptar la dimisión, argumentando que el mandatario debía responder políticamente por los hechos denunciados en el marco de la crisis bancaria.
Uno de los principales puntos de discusión fue la diferencia constitucional entre abandonar el cargo mediante una renuncia aceptada y ser destituido como consecuencia de un juicio político.
La Constitución Nacional contempla la condición de senador vitalicio para los expresidentes de la República, con excepción de aquellos que hayan sido destituidos mediante juicio político.
En consecuencia, varios parlamentarios sostuvieron que aceptar la renuncia de Peña podría permitirle acceder a esa condición, mientras que una eventual destitución impediría dicho reconocimiento constitucional.
El debate adquirió mayor tensión cuando los legisladores oficialistas advirtieron que no contaban con los votos suficientes para aprobar la renuncia presidencial.
Durante el procedimiento de votación, la retirada de parlamentarios provocó la pérdida del cuórum necesario para continuar con la sesión.
Ante esta situación, el Congreso no pudo adoptar una resolución válida sobre la dimisión, por lo que el presidente permaneció en funciones y el procedimiento de juicio político continuó su curso.
Por lo tanto, aunque políticamente existió una postura mayoritaria contraria a aceptar la renuncia, jurídicamente lo ocurrido fue la falta de aprobación de la dimisión por ausencia de cuórum, y no un rechazo formal mediante una votación concluida.
El juicio político avanzó pese a la renuncia
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los 78 legisladores presentes el libelo acusatorio contra Santiago Peña, conforme al procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional.
La acusación se fundamenta en presunto mal desempeño de funciones, principalmente por los cuestionamientos derivados de los vínculos empresariales que mantuvo el mandatario con Ueno Holding y las circunstancias relacionadas con la crisis financiera de Ueno Bank.
Entre los señalamientos presentados por los legisladores se encuentran posibles conflictos de intereses, decisiones relacionadas con la conducción del Banco Central del Paraguay y cuestionamientos sobre la concentración de recursos públicos y previsionales en la entidad bancaria.
El procedimiento también contempla la actuación de diputados designados como fiscales acusadores ante la Cámara de Senadores.
Por su parte, la Cámara Alta inició el tratamiento del juicio político, que contempla la presentación de la acusación, el ejercicio del derecho a la defensa, la evaluación de pruebas, los alegatos y la votación correspondiente.
Para que Santiago Peña sea destituido se requiere el voto favorable de dos tercios de los integrantes del Senado, equivalente a 30 de los 45 legisladores.
La acusación parlamentaria no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal, sino un procedimiento destinado a determinar la eventual responsabilidad política del presidente.
Cronología de una crisis que sacudió al Gobierno
2 y 3 de noviembre: la crisis financiera se profundiza. El Banco Central del Paraguay dispone medidas de resolución sobre Ueno Bank tras detectar graves problemas patrimoniales y de solvencia. La situación provoca preocupación entre los clientes de la entidad y genera cuestionamientos sobre la supervisión del sistema financiero.
4 de noviembre: se presentan los pedidos de juicio político. Un grupo de legisladores impulsa acusaciones contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Los cuestionamientos se concentran principalmente en las presuntas responsabilidades políticas relacionadas con la crisis bancaria.
5 de noviembre, durante la mañana: el oficialismo retira su respaldo político a Peña. Sectores oficialistas y disidentes del Partido Colorado anuncian su acompañamiento al juicio político contra el presidente, aunque no respaldan una acusación similar contra el vicepresidente Pedro Alliana.
5 de noviembre, alrededor de las 13:30: Santiago Peña presenta su renuncia. El mandatario comunica públicamente su decisión de abandonar la Presidencia de la República. La documentación correspondiente es presentada ante el Congreso Nacional por el ministro del Interior, Enrique Riera.
5 de noviembre, primeras horas de la tarde: Diputados aprueba el juicio político. La Cámara Baja aprueba con 78 votos favorables la acusación contra Peña, pese a que el mandatario ya había anunciado su renuncia. En una sesión separada, los diputados rechazan el pedido de juicio político contra Pedro Alliana, con 48 votos en contra y 30 a favor.
5 de noviembre, durante la tarde: fracasa el tratamiento de la renuncia. El Congreso Nacional se reúne en sesión conjunta para considerar la dimisión presidencial. Sin embargo, durante el procedimiento de votación, la retirada de legisladores oficialistas deja la sesión sin cuórum. La renuncia no es aceptada y Peña continúa en la Presidencia.
5 de noviembre, por la noche: el proceso pasa al Senado. La Cámara Alta comienza el tratamiento del juicio político impulsado por Diputados, dando inicio a la etapa de juzgamiento constitucional del presidente.
6 de noviembre: jornada de defensa presidencial. Está prevista la comparecencia de Santiago Peña, o de su representación legal, ante el Senado para responder a las acusaciones y presentar los argumentos y elementos probatorios correspondientes.
¿Qué puede ocurrir ahora?
El futuro político de Santiago Peña depende del desarrollo del juicio político en la Cámara de Senadores.
Si los legisladores reúnen los 30 votos necesarios para declarar su responsabilidad política, el mandatario será destituido de la Presidencia de la República.
En ese escenario, corresponderá al vicepresidente Pedro Alliana asumir la titularidad del Poder Ejecutivo para completar el periodo constitucional que concluye el 15 de agosto de 2028.
Si no se alcanza la mayoría requerida para la destitución, Peña permanecerá en el cargo, sin perjuicio de las cuestiones institucionales que todavía pudieran derivarse de la renuncia presentada.
La diferencia entre ambos mecanismos de salida presidencial constituye uno de los aspectos más relevantes de esta crisis, debido a sus consecuencias políticas y constitucionales.
Una crisis con repercusiones sobre la economía nacional
La situación institucional se desarrolla en un contexto de preocupación por la estabilidad del sistema financiero paraguayo y las consecuencias económicas de la crisis de Ueno Bank.
Los sectores productivos, empresariales y vinculados al comercio exterior observan con atención el desarrollo de los acontecimientos, particularmente por la importancia de preservar la seguridad jurídica, la confianza de los inversionistas y la continuidad de las políticas públicas.
Para actividades estratégicas como la navegación fluvial, la operación portuaria, la industria naval y la logística multimodal, la estabilidad institucional constituye un factor relevante para la planificación de inversiones y el desarrollo de operaciones comerciales.
Hasta el momento, no se han confirmado modificaciones concretas en las políticas relacionadas con estos sectores como consecuencia directa de la crisis presidencial.
Paraguay ante una definición institucional
La continuidad de Santiago Peña en la Presidencia, pese a su intento de renuncia, y el avance simultáneo del juicio político colocan al país frente a una jornada de particular trascendencia institucional.
La decisión del Congreso de no concretar la aceptación de la dimisión permitió que el procedimiento de juzgamiento político continuara, dejando en manos del Senado la posibilidad de resolver la permanencia o destitución del mandatario.
Mientras tanto, el presidente conserva sus atribuciones constitucionales y deberá responder ante la Cámara Alta por las acusaciones formuladas contra su administración.
El desenlace de este proceso podría marcar un punto de inflexión en la conducción política del Paraguay, en medio de una crisis financiera que mantiene bajo atención a la ciudadanía, las instituciones públicas y los principales sectores económicos del país.
