Una llamativa proliferación de amarraderos privados se ha registrado en los últimos años en todo el tramo del río Paraguay, desde Isla Margarita, frente al Puerto Murtinho, hasta Paso de Patria, confluencia de los ríos Paraguay y Paraná.
Muchos de estos lugares, no cuentan con la infraestructura básica para un amarre seguro, ni siquiera cuentan con muertos de amarres, iluminación ni señalización, personales idenos, infraestructura mínima de PBIP, ni siquiera cabos de amaress tal como lo imdican las exigencias de la Propia Prefectura Naval de Paraguay. Sin embargo, en algunos casos cuentan con resoluciónes de Prefectura que los habilita y en otros casos ni siquiera pueden respaldar la actividad según han denunciados varios representantes de empresas Navieras que operan en el río Paraguay con sus embarcaciones.
La situación se vuelve preocupante para los armadores debido a que reciben facturas comerciales por servicios que no han solicitado, además de tratarse de una condición absolutamente irregular según aseguran.
La situación preocupa también por qué con la cantidad de amarraderos que persuadicen a las embarcaciones para aceptar el supuesto servicio, apañado por las autoridades, suma al ya abultado sobrecosto que deben soportar las navieras para operar en al Hidrovia, con el peaje en el tramo Argentino, los valores del petróleo que no han disminuido aún y según afirman, incluso reciben presiones de parte de los jefes de destacamentos de prefectura para amarrar en los lugares lo que los convierte en un consorcio clandestino para aprovechar la crítica situación de los pasos críticos y exigir el pago por un servicio en zonas absolutamente irregulares.
Según confirmaron desde el sector armatorial de Paraguay, en muchos casos la propia Prefectura de zona hace las gestiones para el amarre en estos puntos, que de la noche a la mañana pasaron a ser propiedad privada, incluso tratándose de Islas, que claramente pertenecen al INDERT.
A todas luces se presume que se trata de una rosca mafiosa que opera con los altos mando de la Armada Paraguaya y Prefectura, que emiten resoluciones a diestra y siniestra, y con una alevosa complicidad de las autoridades que actúan de empleados de los que se jactan dueños de estos espacios para el amarre de embarcaciones.
Los armadores mencionan que no están ajenos a pagar por el servicio pero cuando realmente se necesitan, no en puntos críticos dónde por propia resolución de prefectura se debe fraccionar obligatoriamente y además, son los mismos que presionan para el amarre y firma de un comprobante de amarre en zonas inhóspitas en pleno río Paraguay.
