La Prefectura General Naval paraguaya, incumple abiertamente un decreto presidencial con el cual el estado Paraguayo habilita hasta el 31 de diciembre la concesión del uso de la bandera Paraguaya a las embarcaciones que fueron incorporadas al pabellón nacional bajo la modalidad de Leasing, mientras se aguarda el marco regulatorio definitivo que aun se encuentra en estudio en relación al tema.
La prefectura actua en contra de los intereses de empresas que operan en el país, en detrimento de lo que dispone incluso una resolución presidencial, la 2.298 con el cual se modifica y prorroga lo que indica el decreto 1.832 del pasado mes de mayo.
Sin embargo, según denuncias realizadas por armadores fluviales la P.G.N. pretende realizar un cobro indebido a las empresas para otorgar las certificaciones de forma a que puedan seguir operado. Atria Logística, por su parte accedió al pedido de la Prefectura y consiguió las certificaciones, aunque actualmente se encuentra analizando la posibilidad de encarar una demanda a la institución castrense, encargada de la regulación de la actividad fluvial, por cobro indebido de honorarios.
En la Ley 928 del Reglamento de Capitanía en su artículo 199, menciona que a toda embarcación que se practique la operación de arqueo deberá cobrarse de acuerdo con la siguiente escala:
De 1 a 25 toneladas $ 150.- c/l.
De 26 a 50 toneladas $ 200.- c/l.
De 5l a 100 toneladas $ 250.-c/l.
De 101 a 200 toneladas $ 300.-c/l.
De 201 a 250 toneladas $ 350.-c/l.
El exceso de doscientas cincuenta toneladas, abonará a razón de $ 1 (un peso de curso legal) por tonelada. Es lo que indica literalmente la ley.
Por otra parte, la compañía naviera P&O se encuentra gestionando dichas documentaciones para su flota, mientras parte de ellas se encuentran aguardando los certificados renovados debido a que la Prefectura Naval Argentina no permite la salida de sus embarcaciones desde territorio Argentino, hasta tanto se presenten los documentos renovados, muy por el contrario de lo que se espera de la institución reguladora del sector , desde la Prefectura General Naval han aprovechado la situación para pedir una suma siderar de dinero para otorgar las certificaciones.
Por su parte tanto la marina mercante nacional como la cancillería nacional han tomado intervención en el tema, informando a las autoridades argentinas la vigencia del decreto que prorroga el plazo para la concesión de la bandera hasta el mes de Diciembre. Desde la PNA se contactaron con sus partes en Paraguay y según informaciones, los mismos negaron la vigencia de dicha documentación a la par de exigir a las empresas afectadas altas sumas de dinero para otorgar las certificaciones que se deben renovar de forma automática.
Queda clara la intención de las autoridades de turno de recaudar por todos los medios posibles, cobrando indebidamente a muchas empresas y personas que pretenden operar en Paraguay en la industria naviera, portuaria y servicios.
