- Opinan que puede poner en riesgo el reglamento contra la deforestación importada que se aprobará esta primavera
- Por ello, han lanzado la plataforma Alianza Cero Deforestación, que pide que la nueva normativa no se demore en el tiempo
Las principales ONG ecologistas y de consumidores han lanzado una alianza para asegurar la aplicación efectiva del reglamento contra la deforestación importada que la Unión Europea (UE) aprobará esta primavera, preocupados por que la renegociación en marcha de un acuerdo entre los 27 y Mercosur pueda poner en riesgo la regulación.
Así lo han puesto de manifiesto este lunes representantes de Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), Greenpeace, Mightly Earth, SEO/BirdLife, WWF, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Carro de Combate, que han presentado en Madrid la Alianza Cero Deforestación.
Los ecologistas han destacado que el nuevo reglamento, que prevén se apruebe definitivamente en mayo o junio de 2023 -después de que el texto ya quedara acordado en los trílogos en 2022-, “va a marcar un antes y un después en la lucha contra la deforestación mundial”, de la que la UE, con sus operaciones comerciales, es responsable en un 16%, han subrayado.
La mayor preocupación en estos momentos para las oenegés es que se asegure un rápido cumplimiento del reglamento, y que no se demore en el tiempo “como ha ocurrido con otros reglamentos”, ha lamentado desde Greenpeace Miguel Ángel Soto, así como que su efectividad se vea comprometida por la potencial asociación comercial entre la UE y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, con Bolivia en proceso de adhesión).
“El acuerdo UE-Mercosurconllevaría un aumento de la deforestación y las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la expansión agrícola y el uso de pesticidas», han advertido desde la Alianza, que recuerda que la UE importa anualmente productos básicos de países del Mercosur «con una huella de deforestación de 120.000 hectáreas y solo en la Amazonía en la última década los conflictos por la tierra han causado más de 300 muertos”.
Aunque celebran el avance que supone el reglamento para evitar comercializar en Europa productos que acarreen destrucción o degradación forestal, han criticado que sólo se aplica a los bosques entendidos según “una definición muy estricta de la FAO”, si bien este aspecto se espera revisar en un año tras la entrada en vigor de la medida, donde se podrá valorar si se incorporan “otras áreas boscosas”.
El maíz, al margen
Por otro lado, las materias primas a las que se aplicará el reglamento son la soja, la palma aceitera, el cacao, el café, el caucho, el carbón vegetal, la carne de vacuno y otros productos derivados de éstas; si bien se quedó fuera el maíz, que también genera degradación y destrucción forestal, inciden los ecologistas, y que podrá considerarse en la revisión de 2024.
Así, han indicado que el reglamento no puede servir a la UE “para justificar el tratado de UE-Mercosur”, un acuerdo que según advierte Sergio Rojas, del pueblo indígena Qom del Chaco argentino, “será más negativo que positivo” para su territorio, ya amenazado por la deforestación ligada a la agroindustria, y por el consecuente desalojo de comunidades indígenas.
La Alianza trabajará durante 2023 para asegurar el cumplimiento de la medida, y espera que a nivel estatal «se desarrolle debidamente» el régimen sancionador y la creación «en tiempo y forma» de una autoridad competente que realizará controles “efectivos y rigurosos” para garantizar que los operadores en toda la cadena de suministro obedecen las normas europeas.
En este sentido, instan al Gobierno a dotar de recursos económicos y humanos a esa nueva autoridad competente, que a su juicio debería estar ya especializada en esta materia, y que dependerá del Ministerio para la Transición Ecológica. También piden a España que, en su presidencia del Consejo de la UE -el segundo semestre de 2023- apoye, como ya hizo en los trílogos, la inclusión de «otras áreas boscosas» en el régimen de aplicación del reglamento.
Ante el riesgo de que otros países, como China, continúen con la tala masiva de bosques, principalmente para la agroindustria, los ambientalistas creen que el reglamento europeo puede “arrastrar a otras regiones a hacer cosas similares”, según ha valorado desde SEO/BirdLife Juan Carlos Atienza.
Desde la CECU, su portavoz Ana Echenique ha incidido asimismo en la necesidad de transformar la mentalidad en el ámbito del consumo, donde habrá que contar «con historias que lleguen a la gente» del impacto sobre la biodiversidad y sobre las personas que acarrean determinados productos comercializados en la UE para que los consumidores ejerzan su «poder económico» y apoyen este tipo de legislación.
Fuente: rtve.es
