La definición de la concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT), uno de los corredores logísticos más estratégicos de Sudamérica, comenzó a trascender el plano técnico y económico para ingresar en un terreno cada vez más sensible: la competencia geopolítica internacional.
La compañía belga DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering), una de las participantes del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno argentino para la operación de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, expresó cuestionamientos sobre el desarrollo de la compulsa y elevó sus preocupaciones incluso a autoridades de Estados Unidos.
Según trascendió, desde sectores vinculados al debate se instaló la preocupación sobre una eventual presencia o influencia tecnológica vinculada a intereses chinos dentro del futuro esquema operativo de la vía navegable, una infraestructura considerada clave para el comercio regional.
En ese contexto, la también empresa belga Jan De Nul, salió al cruce de esas versiones y mantuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en Argentina para rechazar categóricamente cualquier vínculo con compañías estatales chinas.
La firma sostuvo que la tecnología, equipamiento e insumos previstos para el proyecto provienen de proveedores occidentales —particularmente estadounidenses— y calificó las acusaciones como intentos de afectar el proceso licitatorio.
Por su parte, el Gobierno chino, a través de su representación diplomática en Argentina, manifestó su rechazo a cualquier tratamiento discriminatorio hacia empresas del país asiático y cuestionó las especulaciones sobre una eventual participación indirecta en la licitación.
Más allá del resultado económico, el episodio deja al descubierto una tendencia creciente: las grandes infraestructuras logísticas ya no se disputan únicamente por eficiencia operativa o tarifas, sino también por influencia estratégica, tecnología y posicionamiento geopolítico.
Para Paraguay —uno de los países más dependientes de la hidrovía para su comercio exterior— el desenlace del proceso tendrá impacto directo sobre costos logísticos, competitividad y gobernanza futura del principal corredor fluvial de la región.
