Mas de 600 embarcaciones dejaran de navegar debido a la falta de gestión y aplicación de burocracia extrema a los procesos de habilitaciones a embarcaciones en leasing comercial.
En diciembre del 2019, el gobierno nacional emitió el decreto Nº 3.154, que dispone un plazo de 10 años de uso de bandera a las embarcaciones importadas bajo la modalidad de arrendamiento de Leasing. En dicha normativa indicaba el proceso que debían cumplir las empresas armadoras para acceder a la prorroga correspondiente, sin embargo, hoy, finalizando el mes de agosto del año 2020, las empresas armadoras están parando sus embarcaciones debido que no han logrado obtener aun dicha prorroga, sumidos dentro de extremos procesos burocráticos y muy poco transparentes dentro del ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El primer paso del burocrático proceso al cual se sometieron las empresas armadoras fue la revisión de las solicitudes en la dirección de la Marina Mercante Nacional, única institución que le ha dado la celeridad que amerita el caso considerando que la industria naviera mueve el 90% de la economía del país con las importaciones y exportaciones que ingresan y salen de Paraguay.
Desde la Marina Mercante han dictaminado favorablemente para la obtención de las prorrogas y enviado al MOPC tal cual como indica la resolución emitida en diciembre del 2020, donde claramente menciona que con el dictamen de dicha institución es suficiente para la obtención de la extensión en la habilitación.
Es ahí donde entran los “jugadores” de momento como el Viceministro de Transporte quien ordena la revisión a una asesoría jurídica adicional de los expedientes, posteriormente vuelve a pasar por otra asesoría jurídica interna dentro del MOPC donde hasta hoy se encuentra dormido un proceso por demás importante y que representa en una magnitud inimaginable una importancia muy estratégica para la economía del país.
En un año extremadamente golpeado por la crisis del coronavirus, la bajante extrema de los ríos y sin respuestas de parte de las instituciones competentes a un tema tan sensible que precisamente ante la falta de respuestas, las armadoras habían evaluado la posibilidad de migrar a otras banderas, es un muy mal mensaje de parte del gobierno que dice en los discursos que acompañara muy de cerca por instrucciones del Presidente de la república, y que de hecho dan señales claras, con inversiones importantes en obras de dragado, liberación de agua de las represas y otros proyectos que se vienen gestando para ejecutar, pero claramente los actores internos de las instituciones no se encuentran en la misma sintonía que el ministro y el presidente de la república y eso se nota en este tipo de actitudes.
Desde Paraguay Fluvial nos hemos intentado comunicar con la actual directora de asesoría jurídica del MOPC Ethel Díaz, la cuarta persona que ocupa el cargo en el periodo de gestión del ministro Arnoldo Wiens, sin embargo, no hemos tenido el éxito esperado, lejos de arrojar luz al poco claro proceso, solo hemos recibido como respuesta que en la DAJ se encuentra en una etapa de reestructuración y la escasez de personas dificulta avanzar con los procesos. Lo que tal vez no comprendan estas personas que circunstancialmente ocupan estos cargos y que probablemente se encuentren muy cómodamente trabajando desde sus casas, es que el sector naviero paraguayo es la tercera mayor flota fluvial de embarcaciones a nivel mundial después de Estados Unidos y China y es directamente transversal a la economía del país y debe ser máxima prioridad para todas las instituciones estatales que regulan la actividad a nivel local.
El ministro de Obras Publicas y Comunicaciones de quien depende el Viceministerio de Transporte y la Marina Mercante Nacional debe comprender toda la gestión que realiza es de suma importancia, las rutas, obras en infraestructuras de puentes, corredores viales para la salida de la producción no tendrán el éxito esperado y mucho menos el retorno en divisas al país, si la principal logística del país, la fluvial, sigue dependiendo de la burocracia extrema e innecesaria del MOPC.
