El Gobierno del Paraguay, a través de la Dirección Nacional de Migraciones y con el apoyo de los organismos de seguridad del Estado, anunció la adopción de medidas extraordinarias de control y seguridad migratoria, en el marco de los acontecimientos regionales recientes vinculados a la situación política de Venezuela y la captura del dictador Nicolás Maduro.
Según el comunicado oficial, las autoridades paraguayas se encuentran articulando mecanismos de análisis e intercambio de información interinstitucional, incluyendo el cruce de bases de datos de fuentes abiertas y reservadas, con el objetivo de identificar y verificar de manera objetiva a personas que eventualmente pudieran estar vinculadas al régimen venezolano, a organizaciones criminales transnacionales o que registren deudas pendientes con la justicia.
Las acciones apuntan a impedir el ingreso o permanencia irregular de personas que representen un riesgo para la seguridad nacional, sin afectar la política histórica del Paraguay de apertura a una migración segura, ordenada y regular, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional.
Preocupación por casos puntuales en el ámbito empresarial
En este contexto, fuentes del sector energético y naviero manifestaron preocupación por la situación de ciudadanos venezolanos que actualmente residen en el país bajo régimen de radicación temporal, algunos de los cuales ocuparían cargos directivos en empresas locales, sin contar —según dichas fuentes— con las garantías migratorias y jurídicas plenas que normalmente se exigen para ese tipo de responsabilidades.
Entre los casos señalados figura la empresa Naviera Conosur S.A., cuyos directivos, de acuerdo con registros comerciales y judiciales, habrían suscrito recientemente un acuerdo de pago con la empresa estatal Petropar (Petróleos Paraguayos S.A.), con el fin de evitar la prosecución de un juicio por deuda.
Sin embargo, Fuentes cercanas al proceso advierten que existirían dudas sobre la capacidad real de cumplimiento de dicho acuerdo, así como el riesgo de una eventual salida del país de los directivos involucrados, lo que podría dejar pasivos impagos, incluyendo compromisos comerciales y salarios de trabajadores.
Las mismas fuentes solicitan que las autoridades competentes verifiquen la situación migratoria, patrimonial y judicial de los responsables de la firma, y que, de corresponder, se adopten medidas preventivas para garantizar su sometimiento a los procesos en curso, en resguardo del interés público y de los derechos de terceros.
Cooperación internacional y seguimiento regional
El comunicado oficial del Gobierno paraguayo subraya que estas medidas se adoptan en coordinación con otros países de la región, en el marco de una estrategia común para evitar el uso indebido de figuras de protección internacional y prevenir delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el financiamiento de estructuras ilegales.
En el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó recientemente que su país acompañará el proceso de transición política en Venezuela el tiempo que considere necesario, declaraciones que refuerzan el escenario de alta sensibilidad regional y la necesidad de controles reforzados por parte de los Estados sudamericanos.
Llamado a la prudencia institucional
Desde el ámbito oficial se remarca que toda actuación se realizará conforme a la normativa vigente, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, al tiempo de proteger la seguridad nacional y la transparencia del sistema migratorio y económico.
