En julio de 2012, Enabol había pagado por adelantado más de 28 millones de dólares para la construcción de 16 barcazas, dos empujadores y su respectivo traslado a Bolivia.
El contrato había sido firmado en 2009, en el marco del proyecto “Implementación del empujador/remolcador fluvial multipropósito en el canal Tamengo e hidrovía Paraguay-Paraná”, aprobado ese mismo año por el presidente Evo Morales y debía ser cumplido en 2010.
Sin que los bienes navales existieran, Enabol tenía definido el trabajo que realizará la flota de barcazas: transportar hierro del Mutún a través de la hidrovía para sacar el mineral por puertos del Atlántico y transportar vituallas y otros a localidades de la Amazonia boliviana. Incluso ya se calculaba las ganancias: 12.672.000 bolivianos al año. Pero eso no era todo, se había bautizado a los dos empujadores con los nombres de Inti y Nandeni.
“Resaltó un dato en el juicio, de que las barcazas estaban siendo pintadas de color reglamentario que era un naranja fuerte, medio rojo, porque así tiene que ser por norma, sin embargo, han acabado siendo pintadas de azul con negro”, detalló el abogado Ramiro Cabrera.
En 2012, el ministro Rubén Saavedra viajó a China para hacer gestiones para precautelar las barcazas. En 2015, también viajaron a ese país el ministro Reymi Ferreira y el procurador Héctor Arce para evitar el remate de las mismas.
En 2019, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó que un juzgado de la Corte Marítima de Quingdao, en China, determinó que las 16 barcazas construidas en la República Popular China que estaban en litigio internacional son de propiedad de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y, por tanto, del Estado boliviano.
El juzgado chino determinó también que los demandados Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co. Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) tenían que asumir todos los costos de aquel proceso.
Pese a todo eso y al litigio internacional ganado, en la que se demostró que las barcazas son de Bolivia, la flota naviera no llegó al vecino país.
A la fecha se desconoce sobre las acciones que se encara para resolver esa situación, tampoco hay un infomre oficial sobre el traslado de las barcazas y empujadores, ni de su estado actual.
El juicio por este caso proseguirá con la comparecencia de los acusados, entre militares y civiles, ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, a fin de esclarecer este hecho que provocó un daño económico millonario al Estado. Otras ocho personas, una boliviana y siete extranjeros, son juzgados en rebeldía y su situación será resuelta como corresponde.
Fuente: Pagina Siete
