Nuevas denuncias presentadas en Paraguay vuelven a poner bajo la lupa a personas vinculadas a empresas relacionadas con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en un caso que, según los denunciantes, podría constituir un intento de comercialización de un inmueble que ya fue adjudicado judicialmente a favor de una firma privada paraguaya.
Las presentaciones fueron realizadas por la ONG Coalición de Exiliados en Paraguay y Argentina, representada por el señor Marcos Rafael Maldonado, ante distintas instancias, donde se expone una serie de hechos que involucran a ciudadanos venezolanos que, según la denuncia, estarían ofreciendo en venta un inmueble ubicado en la zona de Puerto Pabla, ciudad de Lambaré.
De acuerdo con lo señalado en la denuncia y respaldado por antecedentes obrantes en expedientes judiciales, el terreno en cuestión se encuentra legalmente inscripto y adjudicado a favor de la firma UENO Holding S.A.E.C.A., tras un remate judicial ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, Secretaría Primera de Luque, conforme al procedimiento establecido por ley.
Empresas que operaban en el predio habrían perdido derechos tras ejecución judicial
Según registros citados por los denunciantes, en dicho inmueble operaban anteriormente las firmas Naviera Conosur S.A. y Fluvialba Paraguay S.A., ambas vinculadas a estructuras empresariales relacionadas con PDVSA. Estas compañías, siempre según consta en los antecedentes judiciales mencionados, habrían perdido todo derecho de ocupación tras la ejecución judicial del inmueble.
Sin embargo, la denuncia sostiene que un grupo encabezado por el Ing. Ronny Romero, identificado como Vicepresidente de Asuntos Internacionales de PDVSA, y Diego David Capraro Chávez, mencionado como presidente de Naviera Conosur S.A. y Fluvialba Paraguay S.A., estarían intentando desconocer la decisión del juzgado, presentándose como representantes de intereses ligados al antiguo esquema empresarial venezolano.
También se menciona la oferta de un paquete accionario de firma en Islas Vírgenes Británicas
El documento presentado señala además que estas personas no solo estarían ofreciendo el inmueble, sino también el paquete accionario de la firma Fluvialba International Ltd., constituida en Islas Vírgenes Británicas.
Siempre según la denuncia, esta empresa figura actualmente como disuelta tras una baja forzosa en los registros societarios internacionales, y algunos de sus antiguos directores se encontrarían bajo investigación en otras jurisdicciones por presuntos hechos vinculados a fraude y legitimación de capitales.
Movimientos financieros sin actividad comercial visible
Otro punto que llama la atención en la denuncia es que las firmas Naviera Conosur S.A., Fluvialba Paraguay S.A. y PDVSA Paraguay S.A. habrían operado durante años en Puerto Pabla y actualmente no registrarían actividad comercial visible ni comprobable considerando el bloqueo global por parte de Estados Unidos a Venezuela. Aunque se habrían detectado movimientos financieros superiores a USD 10 millones anuales, sin que existan —según los denunciantes— constancias públicas de declaraciones ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Pedidos de quiebra y posibles embargos internacionales
Las denuncias también refieren que sobre estas empresas, así como sobre PDVSA Argentina S.A., pesarían al menos dos pedidos de quiebra cuyas audiencias estarían previstas para el mes de febrero.
En ese contexto, el síndico general de quiebras designado podría tomar posesión de activos y participaciones en empresas vinculadas en Brasil y Argentina, mientras que la comunidad de acreedores estaría impulsando acciones judiciales para embargar bienes y paquetes accionarios en el extranjero.
Asimismo, se menciona que ex trabajadores, proveedores y acreedores estarían reclamando judicialmente el pago de salarios atrasados, aportes al IPS adeudados desde el año 2017 y facturas impagas por servicios prestados.
Pedido de intervención de autoridades paraguayas
Los denunciantes sostienen que estos hechos afectarían directamente a familias paraguayas, ex trabajadores y empresas locales, por lo que solicitan que las autoridades competentes actúen para garantizar el respeto a las decisiones judiciales y a la legislación vigente en la República del Paraguay.
