Argentina atraviesa una nueva jornada de fuerte tensión sindical con el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei.
La medida, de alcance nacional y por 24 horas, coincide con el tratamiento legislativo de la iniciativa en la Cámara de Diputados y marca la cuarta paralización general desde el inicio de la actual administración.
El impacto no se limita al transporte urbano y aéreo. El sistema logístico argentino —incluyendo navegación fluvial, actividad marítima y servicios portuarios— también registra una adhesión significativa, configurando un escenario de virtual parálisis operativa en varios puntos estratégicos del país.
Puertos y navegación: 48 horas de cese en el frente marítimo-fluvial
La Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) inició un paro de actividades por 48 horas que abarca los días 18 y 19 de febrero, afectando tareas de amarre, remolque, estiba y servicios conexos en terminales marítimas y fluviales.
A la medida se sumó la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA), que confirmó el cese total de actividades en apoyo al plan de lucha sindical.
En los hechos, la operatoria portuaria en enclaves clave como el Puerto de Buenos Aires y el Puerto de Rosario registra interrupciones en maniobras de carga y descarga, con demoras en despachos de granos, contenedores y productos industriales.
Para el comercio regional, el impacto es sensible. Argentina es un actor central en el complejo agroexportador del Cono Sur y cualquier alteración en su logística repercute en los flujos de la hidrovía y en las cadenas de abastecimiento que conectan con Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.
Transporte aéreo y servicios esenciales paralizados
El sector aerocomercial también presenta un alto nivel de adhesión sindical. La participación de gremios aeronáuticos, personal de rampa y controladores aéreos genera cancelaciones y reprogramaciones masivas en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La combinación entre ausencia de transporte público, falta de personal crítico y adhesión de sindicatos técnicos torna inviable la operación regular, incluso para compañías que intentan sostener parte de su programación.
Contexto político y alcance económico
El paro general se produce en un momento de alta sensibilidad política. La reforma laboral promovida por el Ejecutivo argentino busca modificar aspectos estructurales del régimen de contratación, indemnizaciones y relaciones laborales.
Desde el sindicalismo sostienen que el proyecto implica una pérdida de derechos históricos; el Gobierno, por su parte, argumenta que la modernización normativa es clave para dinamizar la economía.
Más allá del debate político, el efecto inmediato es operativo y económico:
- Retrasos en exportaciones agrícolas e industriales.
- Demoras en importaciones de insumos.
- Reprogramaciones logísticas en transporte fluvial y terrestre.
- Impacto indirecto en empresas paraguayas que operan en la Hidrovía Paraguay–Paraná.
Desde Paraguay, actores del sector naviero y portuario observan con atención la evolución del conflicto, considerando que cualquier interrupción prolongada en los puertos argentinos repercute en los tiempos de tránsito y en los costos de la cadena regional.
Normalización y efecto arrastre
Se prevé que la actividad comience a normalizarse progresivamente a partir del viernes 20 de febrero. Sin embargo, el efecto arrastre —producto de acumulación de cargas, buques en espera y vuelos reprogramados— podría extenderse durante el fin de semana.
En términos estratégicos, la jornada no sólo representa una pulseada entre el Gobierno argentino y el sindicalismo organizado.
También pone en evidencia la centralidad del sistema logístico —aéreo, marítimo y fluvial— como columna vertebral del comercio del Cono Sur.
Para el ecosistema fluvial regional, el episodio reafirma una premisa conocida: cuando Argentina se detiene, la Hidrovía siente el impacto.
