Mientras Paraguay avanza con la apertura del canal Liguria para enfrentar la sedimentación extrema del río Bermejo, la Defensoría del Pueblo de Formosa pretende paralizar una obra que, según la ANNP, ya cuenta con autorización de las autoridades argentinas. El proyecto fue precedido por estudios técnicos y evaluaciones de especialistas del sector.
El cuestionamiento surge precisamente cuando Paraguay, con una flota que supera las 3.700 embarcaciones según registros oficiales anteriores, busca mejorar las condiciones de navegación de una vía estratégica para el comercio de los cinco países de la Cuenca del Plata.
Una vez más, el desarrollo de la Hidrovía Paraguay–Paraná queda en medio de una controversia originada en Argentina. Esta vez, el escenario es Pilar, departamento de Ñeembucú, donde la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) comenzó los trabajos de apertura y adecuación del canal Liguria, una alternativa de navegación frente a la desembocadura del río Bermejo.
La Defensoría del Pueblo de Formosa, encabezada por José Leonardo Gialluca, solicitó la intervención de la Cancillería argentina para frenar las obras, argumentando posibles consecuencias hidráulicas y ambientales sobre territorio argentino.
El planteamiento llama particularmente la atención porque, según las autoridades paraguayas, los trabajos cuentan con la autorización de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación de Argentina (ANPYN), organismo nacional competente en materia portuaria y de navegación.
No se trata de una intervención improvisada ni de una excavación emprendida sin planificación. El proyecto contempla estudios hidráulicos, evaluaciones ambientales y modelaciones matemáticas que, de acuerdo con la ANNP, fueron desarrollados antes del inicio de los trabajos.
A ello se suma un aspecto fundamental: la participación de profesionales y consultores especializados en la elaboración de los estudios que sustentan la intervención, en el marco de los requerimientos técnicos atribuidos a la autoridad argentina.
Si la ANPYN exigió y evaluó esa documentación antes de otorgar su anuencia, el cuestionamiento formoseño debe explicar concretamente qué aspectos de esos estudios considera insuficientes y cuáles son las evidencias que justificarían paralizar una obra de esta magnitud.
Porque una cosa es plantear observaciones técnicas debidamente fundamentadas y otra muy distinta es solicitar la suspensión de trabajos estratégicos sin demostrar que los riesgos denunciados se producirán efectivamente.
Paraguay tiene la mayor flota fluvial del continente, mientras Argentina ha perdido protagonismo en el sector
La discusión tampoco puede separarse de la realidad del transporte fluvial regional.
Paraguay, pese a su condición de país sin litoral marítimo, ha conseguido desarrollar la mayor flota fluvial de Sudamérica y una de las más importantes del mundo.
Los registros oficiales difundidos en 2024 situaban la flota paraguaya en aproximadamente 3.850 embarcaciones, considerando distintas categorías de unidades mercantes y de navegación.
Es una dimensión que refleja décadas de inversión privada, incorporación de tecnología, desarrollo de astilleros, formación de tripulaciones y crecimiento de empresas navieras.
Argentina, por su parte, ha perdido participación relativa frente al crecimiento del transporte fluvial paraguayo, aunque mantiene actividad naviera y una importante infraestructura portuaria.
La diferencia entre ambos países resulta especialmente significativa en el transporte de cargas mediante barcazas y remolcadores de empuje.
En este escenario, las restricciones operativas, las demoras administrativas y las dificultades para ejecutar obras de mantenimiento afectan directamente la competitividad de la flota paraguaya.
Por eso, el pedido formulado desde Formosa no puede analizarse únicamente como una controversia provincial. Sus eventuales consecuencias alcanzarían a una actividad económica que conecta puertos, industrias, productores y mercados de toda la región.
La magnitud de la flota paraguaya no exime al país del cumplimiento de los acuerdos internacionales, pero obliga a dimensionar el impacto de cualquier medida que pueda retrasar la habilitación de una vía alternativa de navegación.
El Bermejo: un problema que los navegantes conocen desde hace décadas
Quienes conocen la navegación en el río Paraguay saben perfectamente lo que ocurre frente a la desembocadura del Bermejo.
Durante los periodos de creciente, este río transporta enormes volúmenes de sedimentos que terminan depositándose en distintos sectores del cauce principal del río Paraguay.
Las estimaciones técnicas sitúan su aporte anual entre 80 y 100 millones de toneladas de sedimentos, con variaciones importantes según las condiciones hidrológicas.
El resultado es un problema recurrente: acumulaciones de arena, pérdida de profundidad, restricciones de calado y convoyes obligados a fraccionar sus formaciones para atravesar determinados pasos.
En ocasiones, la situación ha sido tan complicada que los remolcadores debieron realizar maniobras para trasladar una sola barcaza por vez.
Cada una de esas operaciones implica tiempo, combustible, personal y costos adicionales.
No estamos hablando de un inconveniente menor. La desembocadura del Bermejo constituye uno de los cuellos de botella históricos de la Hidrovía Paraguay–Paraná.
Precisamente allí, sobre la margen izquierda del río Paraguay, la ANNP decidió intervenir el canal Liguria para disponer de una alternativa cuando el canal principal quede comprometido por la sedimentación.
El objetivo es sencillo: evitar que los convoyes permanezcan detenidos durante días o deban recurrir a maniobras extraordinarias para continuar su navegación.
Estudios previos y autorización argentina: el punto que debilita el cuestionamiento de Formosa
Uno de los aspectos que mayor atención merece es el procedimiento técnico y administrativo que precedió al inicio de los trabajos.
De acuerdo con las explicaciones de la ANNP, el proyecto fue sometido a estudios ambientales, análisis hidráulicos y modelaciones matemáticas antes de su ejecución.
La documentación técnica fue elaborada con intervención de profesionales y consultores especializados, conforme a las exigencias planteadas durante el proceso de evaluación del proyecto.
La ANNP sostiene, además, que obtuvo la anuencia de la autoridad nacional argentina competente.
Este antecedente resulta especialmente importante porque el cuestionamiento de Formosa no se dirige contra una idea todavía en discusión, sino contra una obra que ya superó, según la institución paraguaya, las instancias de evaluación y autorización correspondientes.
Si existieron estudios previos requeridos por la ANPYN, realizados por especialistas de reconocida trayectoria y posteriormente considerados para autorizar los trabajos, la Defensoría de Formosa debería identificar las fallas técnicas específicas que atribuye a esos documentos.
Hasta ahora, las declaraciones públicas del organismo formoseño han puesto el énfasis en posibles riesgos de inundación y alteraciones del comportamiento hidráulico, sin que en las fuentes examinadas se haya podido contrastar un estudio alternativo que demuestre esos efectos.
Esto no significa que una autorización administrativa impida formular observaciones posteriores. Significa que un pedido de paralización debe estar respaldado por fundamentos proporcionales a sus consecuencias.
El planteamiento formoseño, tal como ha sido presentado públicamente, deja interrogantes técnicos que todavía no han sido respondidos con suficiente precisión.
La ANNP ya había explicado el proyecto antes de que estallara la controversia
El pasado 15 de noviembre, Paraguay Fluvial publicó una entrevista exclusiva con el ingeniero Benjamín Martínez, jefe de Dragado de la ANNP, quien explicó los alcances de la apertura del canal Liguria.
Martínez detalló que el proyecto contempla la remoción y disposición de aproximadamente 1.500.000 metros cúbicos de sedimentos, distribuidos en ocho sectores de intervención.
Los trabajos comenzaron el 12 de noviembre con la draga DRM-5 Paraguay, incorporada a la institución mediante una donación del Gobierno de Japón.
El responsable técnico explicó que el canal permitirá el tránsito de formaciones de hasta seis barcazas, en configuración de dos por tres, mediante un sistema de fraccionamiento de convoyes.
También confirmó que el proyecto cuenta con licencia ambiental del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), estudios de impacto ambiental, modelaciones matemáticas y coordinación con las autoridades argentinas.
Es decir, Paraguay Fluvial ya había informado sobre la existencia de estos antecedentes antes de que la Defensoría de Formosa presentara sus cuestionamientos.
El ingeniero Martínez también señaló que las obras permitirán recuperar sectores utilizados durante años para la disposición de sedimentos provenientes del mantenimiento del canal principal.
Se trata de una intervención que busca resolver dos problemas: habilitar una alternativa de navegación y recuperar capacidad operativa para futuros trabajos de dragado.
Leer la publicación original de Paraguay Fluvial:
Formosa advierte sobre inundaciones, pero la ANNP rechaza esa posibilidad
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, impulsó una actuación de oficio identificada como Expediente N.º 135, Letra D, año 2026.
En su presentación, el organismo provincial sostiene que las obras podrían modificar la distribución de caudales, alterar el transporte de sedimentos y generar consecuencias sobre sectores del territorio argentino.
Entre las preocupaciones mencionadas aparecen posibles inundaciones en Formosa y Chaco, además de cuestionamientos relacionados con los procedimientos ambientales y la coordinación internacional.
Sin embargo, el presidente de la ANNP, Julio César Vera Cáceres, rechazó esos argumentos.
En declaraciones difundidas por medios argentinos, aseguró que los trabajos cuentan con autorización de la ANPYN y cuestionó el conocimiento técnico del funcionario formoseño respecto del comportamiento de los sedimentos del Bermejo.
El titular de la ANNP descartó que la intervención pueda provocar el taponamiento de la desembocadura del afluente y defendió la necesidad de disponer de un canal alternativo.
La controversia deja una cuestión pendiente: conocer íntegramente los estudios que sustentan ambas posiciones.
Hasta tanto esos documentos sean contrastados, las advertencias de Formosa deben ser tratadas como riesgos alegados y no como consecuencias comprobadas de la obra.
¿Una preocupación ambiental o un nuevo intento de obstaculizar la Hidrovía?
La controversia también admite una lectura desde la política de infraestructura y la competitividad regional.
Durante años, el sector naviero paraguayo ha manifestado preocupación por medidas que encarecen o dificultan la navegación, entre ellas los peajes, las restricciones operativas y las demoras en la ejecución de obras necesarias para mantener la vía navegable.
Ahora, cuando Paraguay dispone de una nueva draga y comienza a intervenir uno de los sectores más problemáticos del río, surge un pedido de paralización desde Formosa.
La coincidencia alimenta una pregunta que merece ser planteada: ¿estamos frente a una objeción ambiental suficientemente fundamentada o ante una nueva controversia institucional que terminará obstaculizando el desarrollo de la Hidrovía?
La intención de bloquear el crecimiento paraguayo no está demostrada por el solo hecho de que exista una denuncia. Pero tampoco puede ignorarse que una eventual suspensión de los trabajos tendría consecuencias operativas para los armadores y usuarios de la vía navegable.
La ANNP proyecta disponer de un canal operativo entre febrero y marzo de 2027, precisamente cuando el incremento del aporte sedimentario del Bermejo suele complicar la navegación.
Una demora podría impedir que esa alternativa esté disponible durante el próximo periodo crítico.
Por eso, el debate debe concentrarse en las pruebas técnicas y en las condiciones de autorización, evitando que la discusión se prolongue indefinidamente sin una resolución fundada.
Una obra que beneficia a la navegación de los cinco países
La Hidrovía Paraguay–Paraná no constituye una infraestructura destinada exclusivamente a Paraguay.
Es un sistema de transporte de importancia estratégica para Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, los cinco países de la Cuenca del Plata.
Por sus aguas circulan productos agrícolas, minerales, combustibles, fertilizantes, contenedores y otras mercancías vinculadas al comercio regional e internacional.
Una mejora de navegabilidad en el sector de Pilar puede favorecer la continuidad del transporte y reducir las restricciones que afectan a distintos operadores de la región.
La apertura del canal Liguria debe analizarse dentro de esa dimensión.
No se trata solamente de una obra paraguaya, sino de una intervención con potencial para mejorar la eficiencia de una vía compartida.
Por supuesto, cualquier proyecto de esta naturaleza debe respetar las obligaciones ambientales y los acuerdos internacionales vigentes.
Pero la cooperación regional también exige encontrar mecanismos que permitan ejecutar las obras necesarias, siempre que estén debidamente justificadas y autorizadas.
El verdadero desafío: garantizar la navegación sin convertir cada obra en una controversia
Paraguay ha logrado consolidar su liderazgo fluvial mediante inversiones, desarrollo empresarial, incorporación de tecnología y formación de profesionales especializados.
La dimensión alcanzada por su flota exige infraestructura capaz de responder a los desafíos de la navegación moderna.
El canal Liguria representa una respuesta concreta a un problema que afecta desde hace décadas al transporte fluvial.
La obra se desarrolla en un sector castigado por la sedimentación del Bermejo, cuenta con planificación técnica según la ANNP y fue presentada públicamente como una intervención coordinada con las autoridades argentinas.
Frente a estos antecedentes, el pedido de paralización formulado desde Formosa necesita una fundamentación técnica clara, verificable y proporcional al impacto que podría generar una suspensión.
La discusión no debería resolverse mediante declaraciones cruzadas, sino con la documentación que permita determinar si existe algún riesgo no contemplado en los estudios originales.
Mientras tanto, permanece una realidad difícil de ignorar: Paraguay necesita mantener operativa la mayor flota fluvial de Sudamérica y la Hidrovía requiere inversiones permanentes para responder a las necesidades comerciales de toda la región.
La cooperación entre los países de la Cuenca del Plata debería facilitar esas soluciones. De lo contrario, cada nuevo cuestionamiento corre el riesgo de convertirse en otro palo en la hélice de una actividad que necesita avanzar.






