Eddie Jara firmó con PDVSA en plena crisis venezolana y ahora surgen dudas sobre el origen del dinero y el cumplimiento del acuerdo
La firma de un acuerdo judicial entre Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y representantes del gobierno de Venezuela, a través de su petrolera estatal PDVSA, vuelve a quedar bajo la lupa tras el agravamiento de la crisis política e institucional en ese país y el endurecimiento del escenario internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.
El acuerdo fue suscripto por Eddie Ramón Jara Rojas, presidente de PETROPAR, con funcionarios vinculados al gobierno venezolano, en un contexto ya marcado por sanciones financieras internacionales, restricciones bancarias y un progresivo colapso de la estructura operativa de PDVSA. Hoy, con la posibilidad concreta de que funcionarios de la petrolera venezolana abandonen el país y con Estados Unidos incrementando su intervención política y judicial, el cumplimiento pleno del acuerdo aparece seriamente comprometido.
Una firma política en un escenario adverso
La decisión de Eddie Jara de avanzar en un entendimiento con PDVSA no puede analizarse de manera aislada. PDVSA continúa bajo un bloqueo financiero internacional, con cuentas restringidas o directamente inhabilitadas para operar dentro del sistema bancario global. Estas sanciones no solo alcanzan a la casa matriz, sino también a filiales y empresas vinculadas al régimen venezolano.
En ese contexto, la firma del acuerdo plantea interrogantes institucionales de fondo:
¿Era prudente cerrar un entendimiento judicial con una petrolera estatal bloqueada?
¿Se evaluaron adecuadamente los riesgos políticos, financieros y jurídicos antes de estampar la firma?
La pregunta central: ¿cómo ingresó el dinero a Paraguay?
Uno de los puntos más sensibles que emergen del acuerdo es el origen y la trazabilidad de los fondos. El pago reconocido asciende a USD 110.171,37, monto que representa la deuda consolidada, integrada por capital, intereses acumulados y gastos judiciales.
La pregunta es inevitable y, hasta el momento, no cuenta con una explicación pública clara:
¿Cómo ingresaron esos USD 110.171,37 a Paraguay, considerando que PDVSA tiene bloqueadas sus cuentas a nivel internacional?
¿Qué mecanismo financiero se utilizó para canalizar esos fondos?
¿Intervinieron terceros, cuentas intermedias o estructuras alternativas al sistema bancario tradicional?
El bloqueo internacional sobre PDVSA continúa plenamente vigente, limitando severamente la posibilidad de transferencias en dólares y operaciones financieras transfronterizas. Por ello, el ingreso de fondos provenientes de una estructura estatal venezolana plantea interrogantes que no han sido oficialmente aclarados, y que recaen directamente sobre la administración que avaló el acuerdo.
Antecedentes que agravan el escenario
El entendimiento firmado por Eddie Jara se da además sobre una relación histórica compleja entre PETROPAR y PDVSA.
Durante el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo, Paraguay recibió provisiones de combustibles desde Venezuela bajo esquemas de cooperación energética y supuestas reservas estratégicas. Aquellas operaciones dejaron una deuda de gran magnitud, largamente cuestionada y nunca completamente saldada.
A pesar de ese antecedente, la actual administración de PETROPAR decidió avanzar en un nuevo acuerdo con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, otorgando a PDVSA una nueva expectativa de cobro, cuya viabilidad real hoy aparece condicionada por un escenario geopolítico extremadamente volátil.
PETROPAR y Naviera Conosur: un contraste en acuerdos y certezas jurídicas
En contraste con la incertidumbre que rodea el acuerdo con PDVSA, PETROPAR cerró recientemente un acuerdo de pago extrajudicial con la empresa NAVIERA CONOSUR S.A., que permitió finiquitar un proceso judicial iniciado en 2017.
El acuerdo fue celebrado entre PETRÓLEOS PARAGUAYOS, representado por su presidente Eddie Ramón Jara Rojas, y NAVIERA CONOSUR S.A., representada por su presidente Diego David Capraro Chávez y los directores Luis Manuel Cortez Zapata y Freddy Guillermo Mayz Castro.
Mediante este instrumento, Naviera Conosur abonó a PETROPAR la suma total de USD 110.171,37, correspondiente a la cancelación íntegra de capital, intereses y gastos judiciales, derivados del juicio caratulado “PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) c/ NAVIERA CONOSUR S.A. s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, Exp. N° 416/2017, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Turno de Asunción.
PETROPAR declaró expresamente haber recibido el monto total, extinguiendo cualquier crédito pendiente y dando por concluido el proceso judicial, en un marco de certeza jurídica, cumplimiento efectivo y cierre definitivo del conflicto.
Ambos casos evidencian dos realidades claramente distintas bajo una misma conducción institucional.
En tanto el acuerdo con Naviera Conosur concluyó con un cobro efectivo y cierre judicial concreto, el entendimiento con PDVSA permanece atrapado en un contexto geopolítico inestable, con interrogantes abiertos sobre la trazabilidad de los fondos —abonados en efectivo—, el modo en que ese dinero ingresó a Paraguay, y la legitimidad y transparencia del acuerdo suscripto.
La evolución de la crisis venezolana y el destino de sus empresas estatales marcarán el desenlace de un acuerdo que hoy, más que nunca, parece pender de un hilo, dejando a la gestión de Eddie Jara expuesta a cuestionamientos políticos, institucionales y financieros.
