jueves, noviembre 13, 2025
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Capitanes denuncian desacato del IPS y recurren a la OIT y la ITF por incumplimiento de fallo de la Corte Suprema

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La Asociación de Capitanes de Cabotaje, Prácticos de Asunción-Río de la Plata y Oficiales de Ultramar presentó denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) por el incumplimiento de las sentencias firmes dictadas por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, que ordenan el pago íntegro de los haberes jubilatorios a más de un centenar de capitanes navieros.

El Capitán y abogado Hugo Villalba, presidente del gremio, explicó a Paraguay Fluvial que el reclamo se basa en la aplicación irregular de un tope jubilatorio por parte del Instituto de Previsión Social (IPS), que limita el monto de las jubilaciones a pesar de que los trabajadores aportaron sobre la totalidad de sus salarios durante toda su vida laboral.

“Nosotros aportamos sobre el 100% de nuestros salarios, pero a la hora del cobro el IPS aplica un tope, lo cual es inconstitucional. La Corte Suprema ya nos dio la razón en dos resoluciones firmes, pero el IPS no las cumple. Eso es un desacato claro”, afirmó Villalba.

Sentencias claras y vigentes

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El caso se fundamenta en los Acuerdos y Sentencias N° 1917/2016 y N° 1197/2017 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declararon la inconstitucionalidad del tope máximo impuesto a las jubilaciones de 129 capitanes navieros. Las resoluciones ordenan al IPS recalcular y pagar los haberes correspondientes, sin aplicar limitaciones.

Pese a ello, el IPS promovió una “acción autónoma de nulidad” contra la sentencia de la máxima instancia judicial, y un tribunal de apelaciones de inferior jerarquía llegó incluso a dictar una medida cautelar suspendiendo los efectos del fallo, algo considerado jurídicamente inadmisible por los gremios y expertos legales consultados.

Desde la asociación señalan que esta maniobra constituye un acto de rebeldía institucional. “El IPS actúa como si estuviera por encima de la Corte Suprema. Eso vulnera el Estado de Derecho”, advirtió Villalba.

Denuncia internacional y advertencia de la ITF

Ante la falta de respuestas en el ámbito nacional, la Asociación recurrió a organismos internacionales. La ITF, que representa a más de 16,5 millones de trabajadores afiliados a 740 sindicatos en 150 países, emitió una nota dirigida al presidente del IPS, Jorge Magno Brítez, y a la Corte Suprema de Justicia, expresando su “profunda preocupación ante el incumplimiento de sentencias firmes del máximo tribunal paraguayo”.

En la misiva, firmada por Mariano Moreno, presidente regional del Comité de Navegación Interior de América Latina y el Caribe de la ITF, la federación advierte que la actuación del IPS podría interpretarse como un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de convenios internacionales ratificados por Paraguay, como los Convenios 100 y 111 de la OIT sobre igualdad y no discriminación, además de acuerdos de seguridad social que consagran el principio de no regresividad en materia de derechos sociales.

La ITF solicita formalmente al IPS “el inmediato e incondicional cumplimiento de las sentencias 1917/2016 y 1197/2017”, insta al Gobierno paraguayo a garantizar el imperio de la ley, y pide a la Corte Suprema adoptar medidas para hacer efectivo el cumplimiento de sus decisiones. Además, la organización advierte que no descarta elevar el caso ante los órganos de control de la OIT si la situación persiste.

Una lucha prolongada

De los 129 capitanes que iniciaron la acción de inconstitucionalidad hace casi una década, siete ya fallecieron sin recibir su jubilación. Los demás siguen esperando justicia. “Algunos compañeros ya no están, y muchos estamos llegando a la edad de jubilación sin poder acceder a lo que nos corresponde. No pedimos privilegios, solo el cumplimiento de la ley”, lamentó Villalba.

El caso de los capitanes pone en evidencia la falta de cumplimiento de las resoluciones judiciales en Paraguay y plantea un precedente que podría comprometer la credibilidad institucional del país ante la comunidad internacional.

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