El presidente de la República, Santiago Peña, anunció recientemente la creación de una Dirección Nacional de Marina Mercante, que dependerá directamente del Poder Ejecutivo. Esta medida busca devolverle jerarquía y autonomía a una institución clave para el comercio exterior y la logística fluvial del país, que hoy opera bajo la órbita del Viceministerio de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En el programa MAGAZINE 360 y Paraguay Fluvial, de Radio Chaco Boreal, el abogado Patricio Ortega, exdirector de la Marina Mercante Nacional, celebró la iniciativa y analizó su importancia histórica y técnica.
“Creo que es una decisión súper acertada darle ese rango, esa jerarquía a una institución tan importante del país, que fue creada en 1957 para dirigir y coordinar toda la actividad mercante. En ese momento se le dio autonomía y autarquía, pero en 1993 pasó a depender del MOPC. Hoy, con este anuncio del presidente, se recupera esa autonomía que tanto necesita el país y la región”, destacó Ortega.
El exdirector recordó que el paso de la Marina Mercante a depender del Ministerio de Obras Públicas fue una decisión política que “hizo más burocrático el sistema”, porque cualquier decisión debía pasar por el viceministro, luego por el ministro y finalmente por la Presidencia, lo que restaba agilidad a una actividad que requiere respuestas rápidas.
“En cualquier país del mundo, la autoridad marítima o la marina mercante es independiente, porque se trata de comercio internacional que debe resolverse con rapidez”, argumentó Ortega.
Modernizar una legislación anclada en el pasado
Ortega subrayó que muchas normas que regulan la actividad mercante son obsoletas. “Las legislaciones datan del año 50, 57, 60… inclusive la Prefectura del año 1927, la ANNP del año 66. Son leyes hechas para su época. Hoy necesitamos adecuarnos a lo que exige el sector privado para operar con mayor optimismo y eficiencia”, afirmó.
Además, explicó que actualmente hay “funciones dispersas” que deberían ser englobadas en una misma normativa para brindar seguridad jurídica al inversionista. “Hoy el dragado, por ejemplo, lo administra la Dirección de Vialidad del MOPC, que más se dedica a rutas terrestres”, comentó.
“Lo que necesita el sector privado para desarrollarse, en cualquier país del mundo, es seguridad jurídica, y hoy no existe como debería”, enfatizó.
Una jerarquía comparable a otras direcciones nacionales
Ortega comparó la futura Dirección Nacional de Marina Mercante con otras creadas recientemente, como la Dirección Nacional de Transporte (transporte terrestre) o la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. “En la región, el director nacional o el director de vía navegable toma decisiones en el momento. Nosotros tenemos que consultar a varias instancias, y eso retrasa mucho la logística”, lamentó.
“Nuestro comercio, nuestro transporte, el 80% depende de la vía fluvial. No podemos darnos el lujo de perder tiempo”, dijo.
Necesidad de actualizar requisitos técnicos
El exdirector explicó que hoy existen normas que chocan con la realidad tecnológica de las embarcaciones. “Tenemos un decreto del año 69 que fija tripulaciones mínimas como si los barcos siguieran funcionando a vapor. Hoy, una embarcación moderna requiere menos tripulantes gracias a la tecnología, pero el decreto sigue vigente, y eso genera conflictos”, contó.
“A nivel mundial ya existen embarcaciones que se manejan prácticamente de forma autónoma. Sin embargo, nuestras normas obligan a tener tripulaciones que ya no se justifican. Todo eso debe modernizarse”, opinó.
Un proyecto que recoge pedidos históricos del sector privado
Según Ortega, el borrador de la ley que dará nacimiento a la Dirección Nacional de Marina Mercante incluye tres direcciones generales: una que mantendrá el registro y abanderamiento de buques, otra dedicada a la navegabilidad y una tercera enfocada en puertos privados. También prevé la creación de institutos de enseñanza para capacitar a profesionales del sector.
“Son pedidos que se vienen haciendo desde hace años. Incluso nosotros, en su momento, sugerimos al Poder Ejecutivo darle mayor jerarquía a la Marina Mercante”, Recordó.
Ortega mencionó además que Paraguay, como miembro de la Organización Marítima Internacional (OMI) desde 1992, debe adaptar sus normativas internas a las exigencias internacionales sobre medio ambiente y seguridad. “Por ejemplo, la emisión de hidrocarburos o gases de efecto invernadero es un tema que, tarde o temprano, también vamos a tener que regular”, explicó.
Más eficiencia para atraer inversiones
Otro ejemplo que expuso Ortega fue la demora actual para obtener la bandera paraguaya de una embarcación. “Hoy puede tardar hasta un año, cuando en otros países se resuelve de forma directa por la autoridad marítima. Esa lentitud desalienta la inversión”, alertó.
“Hoy Diego quiere comprar un camión y lo matricula rápido. Pero si quiere traer una embarcación, depende de un ministro, del presidente, y eso tarda demasiado. En el mundo moderno no puede ser así”, afirmó.
Finalmente, Ortega destacó la importancia de contar con una autoridad fuerte que regule de manera integral toda la actividad fluvial: astilleros, puertos, amarraderos y hasta el control ambiental de los residuos que generan las embarcaciones.
“Al elevarse a una Dirección Nacional, creo que se van a subsanar muchos problemas que hoy tenemos, como el dragado, la falta de jerarquía para tomar decisiones, y la dispersión de funciones entre varias instituciones”, concluyó.
Con este proyecto, Paraguay busca ponerse a la altura de la región y aprovechar mejor su privilegiada posición geográfica como país fluvial. Una reforma largamente esperada que, de concretarse, podría marcar un antes y un después para el comercio exterior y el desarrollo logístico nacional.
