A una década de la entrada en vigencia del Código de Ejecución Penal, el Ministerio de Justicia organizó un encuentro internacional que reunió a especialistas de América Latina y Europa, para debatir avances, desafíos y perspectivas sobre la administración del sistema penitenciario paraguayo.
En entrevista con el programa Magazine 360, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, remarcó que esta normativa significó un punto de inflexión institucional:
“Marcó un antes y un después en todo lo relacionado con el ordenamiento y el cumplimiento de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario”, expresó.
Reinserción como eje de política pública
Nicora reafirmó que la misión del Ministerio de Justicia va mucho más allá de administrar condenas.
“El objetivo final de la privación de libertad no es castigar, sino evitar la reincidencia. Proteger a la sociedad, sí, pero también lograr que la persona no vuelva a cometer el mismo hecho”, explicó.
El Código de Ejecución consolidó herramientas como la reducción de condena por estudio o trabajo, la semi-libertad y la libertad condicional. Por cada tres días de estudio o trabajo, se descuenta un día de condena. Además, se proyecta ampliar este beneficio para quienes se capaciten técnicamente, promoviendo la educación como herramienta de reinserción.
Uno de los casos más simbólicos es el de Arnaldo Ricardo de la Cueva, quien cursó la carrera de Derecho dentro del sistema penitenciario y fue beneficiado con un año de redención. También se mencionó el caso de Germán Flores, quien fundó una microempresa de miel durante su reclusión y hoy continúa su emprendimiento en libertad.
Proyecto de ley para pospenados
Actualmente se encuentra en estudio en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la inclusión laboral de pospenados, impulsado por el Ministerio de Justicia en articulación con el sector privado.
La propuesta prevé que empresas puedan contratar hasta un 5% de personas egresadas del sistema penitenciario, luego de una capacitación técnica coordinada con el SNPP y SINAFOCAL.
Mientras tanto, el Ministerio ya ha sumado en el último año a siete empresas a los programas de reinserción en unidades penitenciarias de Ciudad del Este, Minga Guazú, Emboscada, Tacumbú, Buen Pastor y la penitenciaría de mujeres de CDE.
“Hay personas privadas de libertad que trabajan con disciplina, tienen un ingreso mensual y logran sostener a sus familias. Eso genera un círculo virtuoso en lo social”, afirmó Nicora.
Voluntad personal y compromiso institucional
El ministro insistió en que la transformación comienza desde adentro:
“Nosotros no podemos obligar a nadie a estudiar. Lo que hacemos es ofrecer alternativas, estimular, crear oportunidades. En muchos casos, lo único que faltaba era una puerta abierta”, señaló.
Alto porcentaje de personas sin condena
Finalmente, Nicora advirtió sobre una de las principales preocupaciones estructurales: el uso excesivo de la prisión preventiva.
“Hoy el 65% de las personas privadas de libertad no tiene condena firme. No sabemos aún si son culpables. Esa cifra debe bajar”, alertó.
En ese sentido, valoró la apertura de diálogo con otros actores clave del sistema de justicia.
“Con el defensor general, el doctor Javier Esquivel, estamos trabajando muy bien. También con la Corte Suprema, que ha mostrado una actitud de apertura muy saludable. Todos coincidimos en que la prisión preventiva debe aplicarse en casos donde exista riesgo real de fuga u obstrucción, pero no en forma automática”, indicó.
“Este no es un enfoque unilateral del Ministerio de Justicia. Es un trabajo técnico, dialogado y responsable con todos los actores del sistema”, concluyó.
