El presidente Santiago Peña firmó un decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir en tareas de defensa interna a través del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
En su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el mandatario encabezó una reunión “estratégica” en el Centro de Operaciones del CODI, en Concepción, junto a altos mandos militares, donde se evaluaron acciones vinculadas a la defensa interna y el combate al crimen organizado.
“El respaldo a nuestras fuerzas de seguridad es absoluto y permanente. La orden es clara: no retroceder un solo paso ante el crimen organizado y grupos criminales con sesgos terroristas”, expresó el jefe de Estado tras el encuentro.
Durante la reunión también se abordó la cooperación bilateral en materia de seguridad con Estados Unidos. La Embajada estadounidense difundió un mensaje del diplomático Alter, quien señaló: “Los aliados se acompañan. Estamos comprometidos con fortalecer nuestra colaboración en seguridad para hacer nuestros países más seguros y fuertes”.
En este contexto, el Gobierno firmó recientemente con Estados Unidos el Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA), que establece que militares estadounidenses que se asienten en Paraguay gozarán de exenciones e inmunidades similares a las otorgadas al personal de misiones diplomáticas.
Constitucionalistas hablan de “violación” y “mal desempeño”
Tras la firma del decreto, los constitucionalistas Lezcano Claude y Estigarribia cuestionaron la medida y advirtieron que podría vulnerar la Constitución Nacional.
Lezcano Claude sostuvo que “las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en seguridad interna, porque su función está claramente delimitada a la defensa ante agresiones externas”. Añadió que “cualquier intento de ampliar ese rol por decreto es inconstitucional”.
Por su parte, Estigarribia afirmó que “la seguridad interna corresponde a la Policía Nacional y no a las Fuerzas Armadas”, y señaló que “utilizar a los militares para funciones que no les asigna la Constitución podría configurar mal desempeño de funciones”.
Ambos especialistas coincidieron en que la Carta Magna establece una diferenciación clara entre defensa nacional y seguridad interna, por lo que cualquier modificación de ese esquema requeriría un cambio constitucional y no solo una disposición administrativa del Poder Ejecutivo.
Postura del Gobierno: defensa del marco legal vigente
Desde el Ejecutivo sostienen que las acciones se enmarcan dentro de la legislación vigente en materia de defensa interna y lucha contra el crimen organizado.
El presidente Santiago Peña remarcó que su decisión apunta a “afianzar las acciones de defensa interna” y fortalecer la coordinación entre las fuerzas de seguridad ante amenazas del crimen organizado y grupos criminales con características terroristas.
En el entorno oficial señalan que el CODI ya cuenta con respaldo normativo previo y que el decreto firmado no modifica la Constitución, sino que operacionaliza mecanismos existentes para enfrentar situaciones consideradas de alta complejidad.
Asimismo, destacan que la cooperación con Estados Unidos se desarrolla en el marco de acuerdos bilaterales vigentes y que el objetivo es fortalecer capacidades técnicas y operativas, sin que ello implique cesión de soberanía.
