¿Abriendo paraguas? La nota de Marina Mercante que profundiza la polémica por las barcazas con leasing vencido
Una nueva comunicación oficial de la Dirección General de Marina Mercante volvió a encender el debate dentro del sector fluvial paraguayo.
Se trata de la Nota D.G.M.M.N /2026, fechada el 5 de marzo de 2026, firmada por el director de la institución, Ronald Olson Zayas, y dirigida al presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, Bernd Gunther.
En el documento, el titular de la autoridad marítima solicita a la entidad que recuerde a sus asociados que posean embarcaciones incorporadas temporalmente a la Flota Mercante Nacional (FMN) que deben, con la debida anticipación:
Gestionar su incorporación definitiva a la bandera paraguaya, o Proceder al cese del registro de bandera.
La comunicación se fundamenta en lo establecido en el Decreto N.º 3124/2024, recordando que las gestiones deben iniciarse dentro de los plazos establecidos para evitar contingencias operativas.
En términos administrativos, la nota parece un recordatorio rutinario.
Sin embargo, su emisión en el contexto actual genera sorpresa dentro del sector.
La contradicción que inquieta al mercado naviero
Diversos armadores consultados recuerdan que el propio director de Marina Mercante confirmó previamente a Paraguay Fluvial que otorgó una prórroga excepcional de 90 días para un lote específico de embarcaciones cuyos contratos de leasing habían vencido el 31 de diciembre de 2025.
Se trata de más de 230 barcazas que operaban bajo incorporación temporal.
Para actores del sector, la contradicción resulta evidente: mientras la autoridad marítima recuerda al sector la obligación de regularizar embarcaciones con registro temporal, un grupo específico continúa operando bajo una prórroga extraordinaria otorgada de forma administrativa.
Este escenario generó, según denuncias de armadores nacionales, un considerable desorden en el mercado naviero paraguayo, afectando especialmente a empresas dedicadas al cabotaje nacional.
Carga estatal en medio del debate
El caso adquiere aún mayor sensibilidad porque parte de estas embarcazas se encuentran transportando clinker para la Industria Nacional del Cemento, empresa pública del Estado paraguayo.
En la práctica, esto significa que carga estatal estaría siendo movilizada por embarcaciones cuya situación administrativa se encuentra actualmente bajo discusión.
Armadores del sector sostienen que esta situación genera una competencia desigual, ya que numerosas empresas que sí cumplieron con la incorporación definitiva de sus embarcaciones —muchas de ellas construidas en astilleros paraguayos— quedaron fuera de operaciones similares.
Debate sobre las atribuciones del director
El eje central del debate gira en torno al alcance real de las atribuciones administrativas del director de Marina Mercante.
Si bien el ingeniero Ronald Olson Zayas sostuvo que la prórroga fue otorgada en uso de sus atribuciones, diversos actores del sector consideran que la decisión podría exceder el marco legal previsto para este tipo de situaciones.
Juristas consultados señalan que, de comprobarse que una autoridad administrativa aplicó un tratamiento diferenciado o adoptó decisiones contrarias al marco normativo vigente, podrían abrirse discusiones jurídicas sobre eventuales figuras como abuso de autoridad o incluso prevaricato administrativo.
Se trata, por ahora, de cuestionamientos planteados en el ámbito técnico y sectorial, pero que reflejan el nivel de controversia que ha alcanzado el caso.
Posibles consecuencias institucionales
El debate comienza a trascender el plano técnico del sector naviero y a proyectarse hacia el ámbito institucional.
Algunas voces del sector consideran que, ante la magnitud de la controversia generada, podría corresponder una revisión administrativa de las decisiones adoptadas, e incluso evaluar eventuales medidas institucionales si se determinara que las actuaciones se apartaron del marco legal vigente.
Entre esas posibilidades se menciona, en términos institucionales, la eventual necesidad de un apartamiento del cargo o intervención administrativa, escenarios que dependerían naturalmente de las evaluaciones que realicen las autoridades competentes.
Una controversia que no se apaga
Mientras tanto, el río Paraguay sigue mostrando una realidad concreta: convoyes de barcazas operando, transportando carga estatal y generando un debate que ya excede lo estrictamente administrativo.
Para el sector naviero paraguayo, la cuestión central sigue siendo una sola:
¿Se están aplicando las mismas reglas para todos los operadores del sistema fluvial?
La respuesta a esa pregunta será determinante para restablecer la confianza en la seguridad jurídica y competitiva de una de las industrias estratégicas del Paraguay.
