Un lote de más de 230 barcazas pertenecientes a una naviera de capital extranjero asentada en Paraguay se encuentra actualmente operando bajo bandera paraguaya gracias a una prórroga administrativa que hoy genera fuertes cuestionamientos dentro del sector naviero nacional.
La situación expone a cuatro instituciones del Estado paraguayo:
la Dirección General de Marina Mercante,
la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios,
la Industria Nacional del Cemento,
y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
El 31 de diciembre de 2025 vencieron los contratos de leasing que permitían la incorporación temporal de estas embarcaciones a la bandera paraguaya. Con ello, técnicamente, cayó el régimen aduanero que justificaba su permanencia en el país.
En términos simples: esas barcazas debían nacionalizarse pagando despacho aduanero o abandonar el país.
Nada de eso ocurrió.
El “documento salvador” de la DNIT
La DNIT emitió una constancia señalando que su sistema informático no estuvo plenamente operativo hasta el 16 de diciembre, lo que habría afectado los trámites de nacionalización iniciados por la empresa.
El documento exime de responsabilidad a la firma.
Pero no prorroga el régimen aduanero.
Y aquí está el punto clave: la DNIT puede justificar la demora, pero no puede extender la admisión temporal vencida.
La habilitación excepcional de la Marina Mercante
El director de la Marina Mercante, Ing. Ronald Zayas, reconoció en conversación con Paraguay Fluvial haber otorgado una habilitación excepcional de 90 días basándose en esa nota.
También sostuvo que, a su criterio, la Ley de Hidrovía no limita esa potestad y que no requiere autorización superior.
Sin embargo, especialistas del sector remarcan que:
La Marina Mercante puede habilitar la navegación, pero no puede reemplazar un despacho aduanero ni convalidar la permanencia irregular de una embarcación.
El agravante: hoy transportan clinker de la INC
Actualmente, parte de estas barcazas se encuentra transportando clinker para la Industria Nacional del Cemento, entre Vallemí y Villeta.
Esto implica que:
Pasaron por procesos que involucran a la DNCP
Compiten contra armadores que sí nacionalizaron sus flotas
Realizan cabotaje bajo un régimen que ya no tiene sustento legal
Armadores locales denuncian que esto constituye una competencia desleal generada desde el propio Estado.
¿Qué debió ocurrir el 1 de enero?
Según el régimen aduanero:
Reexportación inmediata, o
Nacionalización definitiva
No existe figura legal que habilite una “espera administrativa” con actividad comercial plena.
Una prórroga que no existe en la ley
En la práctica, más de 230 barcazas que debían salir del país el 1 de enero hoy continúan operando, transportando carga estatal y realizando cabotaje hasta el 31 de marzo, bajo un paraguas administrativo que no figura en ninguna norma.
La denuncia, que proviene de un grupo de armadores nacionales que si cumplieron con la incorporación definitiva de sus embarcaciones y observan cómo, en paralelo, se sostiene un régimen excepcional para otros.
El caso ya no es técnico. Es institucional.
Y deja una pregunta abierta:
¿Puede una constancia administrativa reemplazar al régimen aduanero y al régimen de bandera de la República del Paraguay?
