Licitación bajo la lupa: barcazas adjudicadas para flete de la INC operan bajo prórroga excepcional y generan dudas técnicas
El proceso de licitación pública identificado con el ID 476.626, correspondiente al servicio de flete fluvial para la Industria Nacional del Cemento, suma nuevos cuestionamientos tras revelarse que parte del lote adjudicado estaría operando en condiciones jurídicas y técnicas discutidas.
Según la información verificada en el portal oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, participaron en el proceso las empresas:
Alianza Barlovento S.A.
Marítima Continental
Flor Jara y Cía
Hidrovías Logística y Servicios S.A.
Esta última resultó beneficiada con aproximadamente el 35% del volumen total adjudicado en concepto de flete fluvial.
El punto sensible: las 16 barcazas bajo prórroga extraordinaria
De acuerdo con denuncias recibidas por Paraguay Fluvial, la empresa adjudicada estaría operando un lote de 16 barcazas que actualmente se encuentran bajo una prórroga extraordinaria de 90 días otorgada por la Dirección General de Marina Mercante.
Estas embarcaciones presentan una particularidad:
Sus contratos de leasing comercial vencieron el 31 de diciembre de 2025.
Con ese vencimiento, en teoría, debía caer la incorporación temporal a la bandera paraguaya.
Jurídicamente, correspondía su nacionalización o salida del país.
Sin embargo, el director de Marina Mercante, ingeniero Ronald Olson Zayas, confirmó a Paraguay Fluvial que la decisión fue tomada por él en uso de sus atribuciones, respaldado en una nota emitida por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, argumentando retrasos administrativos.
Además, señaló que no necesitó autorización superior y que únicamente informó por cortesía a la ministra del MOPC, Claudia Centurión.
El debate: ¿zona gris aduanera?
El núcleo del cuestionamiento radica en que:
El leasing comercial venció.
El régimen de incorporación temporal debería haber terminado.
No consta públicamente una nacionalización definitiva.
Esto genera dudas sobre la situación fiscal y aduanera del lote.
Especialistas del sector advierten que una habilitación administrativa de navegación no reemplaza automáticamente el régimen aduanero correspondiente.
El detalle técnico que abre otra polémica
Al revisar la documentación presentada en el proceso licitatorio ID 476.626, surge un punto técnico que hoy genera interrogantes dentro del sector:
Las embarcaciones fueron declaradas como barcazas tipo Mississippi.
Este diseño tiene características ampliamente conocidas en la Hidrovía:
Eslora aproximada: 60 metros
Manga: 10–11 metros
Capacidad típica: alrededor de 1.500 toneladas de carga a granel
Sin embargo, según lo declarado en algunos documentos del proceso:
Ciertas barcazas consignan capacidades superiores a 3.000 toneladas.
El salto genera preguntas técnicas inevitables:
¿Se realizaron modificaciones estructurales importantes?
¿Hubo recategorización técnica formal ante autoridades?
¿Se trata de unidades distintas del estándar Mississippi?
¿O existen inconsistencias en las declaraciones presentadas?
Hasta el momento no hay respuestas públicas oficiales sobre este punto.
La postura de la INC
Consultado por Paraguay Fluvial, el presidente de la INC, ingeniero Gerardo Guerrero, indicó que:
Durante la licitación las empresas adjudicadas cumplieron con la documentación requerida.
El proceso se cerró en noviembre, cuando las embarcaciones estaban en condiciones operativas.
Las condiciones financieras o contractuales posteriores escapan al alcance de la INC.
Es decir, la empresa estatal sostiene que la evaluación se realizó dentro del marco temporal correspondiente a la licitación.
La realidad actual
Hoy, la situación es distinta:
Existe carga estatal navegando en barcazas cuestionadas.
El lote opera bajo prórroga extraordinaria.
El leasing comercial se encuentra vencido.
Persisten dudas técnicas sobre la capacidad declarada de las unidades.
Y todo esto ocurre mientras parte del sector armador denuncia:
Asimetrías competitivas.
Riesgo de precedentes administrativos.
Falta de claridad sobre el alcance real de las atribuciones institucionales.
Un debate que recién comienza
El caso deja abiertas preguntas claves para el sistema fluvial paraguayo:
¿Hasta dónde puede extenderse una habilitación administrativa cuando el régimen comercial venció?
¿Cómo se controlan las declaraciones técnicas dentro de procesos licitatorios?
¿Quién verifica la correspondencia entre diseño declarado y capacidad operativa real?
El transporte fluvial paraguayo, principal motor logístico de la región, enfrenta así un nuevo foco de discusión donde convergen regulación marítima, controles aduaneros y contrataciones públicas
