El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.º 5441/2026, que reglamenta la Ley N.º 7452/2025 de Modernización del Régimen de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública y la provisión de bienes y servicios a cargo del Estado, con el objetivo de fortalecer la participación del sector privado en proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
La normativa introduce un marco más claro y previsible para la estructuración y ejecución de proyectos de infraestructura con financiamiento privado, incluyendo aquellos bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP), considerados clave para mejorar la competitividad logística y el funcionamiento de los servicios públicos.
El decreto, resultado del trabajo coordinado entre instituciones públicas y actores del sector privado, establece reglas más precisas para la asignación de riesgos, la evaluación de proyectos y el control de la calidad de los bienes y servicios provistos al Estado. Asimismo, incorpora indicadores de desempeño financieros y operativos, orientados a garantizar la sostenibilidad fiscal, la eficiencia y la transparencia en la gestión.
En este contexto, se refuerza el rol rector del Estado, asignando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) funciones centrales de evaluación, priorización y monitoreo de los proyectos, en coordinación con las demás entidades públicas involucradas. La reglamentación también contempla mecanismos para la gestión de riesgos contractuales, la terminación anticipada de contratos y la protección del interés público.
Entre las principales novedades se destacan la incorporación de análisis tempranos de viabilidad e idoneidad, mayor claridad en los plazos y requisitos procedimentales, reglas específicas para casos de oferente único, mecanismos de desempate, derecho de tanteo, esquemas de pago vinculados al desempeño y la realización de auditorías internacionales ex post.
En particular, la reglamentación adquiere una relevancia estratégica para el desarrollo de la logística fluvial, al generar condiciones más favorables para la inversión privada en infraestructura portuaria, hidrovías, accesos logísticos y servicios asociados al transporte por río. La mayor previsibilidad normativa y los mecanismos de evaluación y control habilitan el avance de proyectos que fortalecen la eficiencia del sistema fluvial paraguayo, clave para el comercio exterior, la reducción de costos logísticos y la integración del país a los corredores regionales.
Con esta actualización normativa, y en un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, el Ejecutivo apunta a dinamizar las inversiones en infraestructura, elevar la calidad de los servicios públicos y acelerar el desarrollo de obras estratégicas, consolidando un entorno de reglas claras que fortalezca la competitividad logística, el rol del transporte fluvial y el crecimiento económico sostenible del país.
