Bolivia atraviesa uno de los giros más profundos de su política energética en las últimas décadas. Con la eliminación del subsidio estatal a los combustibles, oficializada el pasado 18 de diciembre, el Gobierno dio paso a un nuevo esquema que habilita la importación privada de gasolina y diésel, con el objetivo de garantizar el abastecimiento interno, reducir la presión fiscal y corregir distorsiones acumuladas durante años.
La decisión se produce en un contexto de emergencia económica y energética, marcado por la escasez de combustibles, la caída de las reservas internacionales, la falta de divisas y una inflación en ascenso. Durante más de 20 años, el Estado boliviano sostuvo un sistema de precios artificialmente bajos que, si bien protegió el consumo interno, implicó un costo fiscal creciente y una fuerte dependencia de las importaciones.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país destinó en promedio más de 1.500 millones de dólares anuales a la compra de gasolina y diésel. Entre 2015 y 2024, las importaciones de combustibles alcanzaron un valor acumulado de 15.826 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). A ese monto se suman otros 2.358 millones de dólares solo entre enero y octubre de 2025, por la importación de 2,3 millones de toneladas de carburantes.
En términos económicos, el impacto es contundente: Bolivia ha destinado miles de millones de dólares al año para sostener un sistema energético que terminó volviéndose insostenible.
Dependencia externa y vulnerabilidad estructural
El origen de los combustibles importados refleja una alta dependencia externa. En 2025, Bélgica concentró el 42% del valor de la gasolina importada, seguida por Paraguay (18%) y Argentina (12%). En el caso del diésel, Chile, Perú y Rusia aportaron el 62% del total.
Aunque el país diversificó proveedores, la vulnerabilidad frente a los precios internacionales, la logística regional y la disponibilidad de divisas se mantuvo como un factor crítico.
Además de presionar las reservas internacionales, el subsidio incentivó el contrabando y el desvío de combustibles hacia países vecinos, generando una pesada estructura de controles y distorsiones en el mercado interno.
Con la quita del subsidio, el Ejecutivo apunta a transparentar el precio real de los carburantes, reducir la sangría de dólares y ordenar el sistema de abastecimiento.
Apertura al sector privado y nuevo marco regulatorio
Como parte del nuevo esquema, el Gobierno aprobó una serie de decretos que flexibilizan la importación y comercialización de combustibles, entre ellos los Decretos Supremos 5516 y 5517, emitidos en el marco de la emergencia energética y social. Entre las medidas más relevantes se encuentra la exclusión del diésel como sustancia controlada, lo que elimina trabas administrativas y facilita su importación.
El mensaje político y económico es claro: el Estado deja de ser el único actor en el abastecimiento del mercado interno y convoca al sector privado a asumir un rol protagónico.
Desde el empresariado, la respuesta fue inmediata. Las empresas del sector aseguraron contar con capacidad operativa, logística y financiera para importar gasolina y diésel y garantizar el suministro.
En ese sentido, la gerente general de la Asociación de Surtidores y Estaciones de Servicio de Santa Cruz (Asosur), Susy Dorado, señaló que la eliminación del subsidio representa un punto de inflexión tras años de restricciones, escasez y alta carga regulatoria. “Las estaciones de servicio han apostado por el país con inversiones importantes. Contamos con la experiencia, la logística y el conocimiento del mercado para seguir garantizando el suministro, siempre que existan reglas claras y seguridad jurídica”, afirmó.
Dorado explicó que el impacto del nuevo esquema es inmediato y permite ordenar la operación del mercado. “Hoy ya tenemos un precio y un balance establecidos, lo que nos permite planificar mejor la comercialización”, indicó, al tiempo de señalar que el sector trabaja junto al Gobierno en la definición de aspectos operativos, como las comisiones y la convivencia entre el combustible importado por privados y el comercializado por YPFB.
Emergencia energética y ajuste inevitable
Desde el análisis técnico, el ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sostuvo que la declaración de emergencia energética marca un quiebre en la política hidrocarburífera del país y sienta las bases para una normalización progresiva del abastecimiento.
Ríos afirmó que Bolivia atraviesa una emergencia energética desde hace al menos dos años, que alcanzó su punto más crítico en 2025, cuando el desabastecimiento de diésel y gasolina paralizó el transporte, afectó la producción y puso en riesgo la estabilidad económica. “Sin energía no se produce nada. Estábamos camino a una debacle económica”, advirtió.
El funcionario explicó que el nuevo Gobierno trabaja sobre lo que denominó la “trilogía energética”: la eliminación gradual de los subsidios, la estabilización del tipo de cambio mediante el ingreso de divisas y el aseguramiento del abastecimiento interno.
Reconoció que el ajuste tendrá un impacto inflacionario en el corto plazo, reflejado en mayores costos de transporte, alimentos y medicamentos, pero lo consideró un paso necesario para evitar escenarios de desabastecimiento prolongado.
“Lo peor que podíamos hacer era volver a las colas y a un país paralizado”, remarcó.
Una decisión política de alto impacto
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, defendió la medida como una decisión histórica. En un mensaje televisado, describió la situación heredada como la de un país “profundamente herido en su economía, sin dólares, con inflación creciente y sin combustibles”.
“La quita de subsidios mal diseñados del pasado no significa abandono, sino orden, justicia y redistribución real”, afirmó.
Paz sostuvo que Bolivia no podía seguir funcionando con normas de las últimas dos décadas y calificó el decreto de emergencia económica, energética, financiera y social como una medida de salvataje nacional.
Hasta antes del anuncio, el litro de diésel y gasolina se vendía a un precio subsidiado de aproximadamente 0,53 dólares, congelado por más de 20 años y con un costo anual para el Estado superior a los 2.000 millones de dólares.
Un nuevo escenario en construcción
Con la apertura del mercado a la importación privada de combustibles, Bolivia inicia una etapa de transición que redefine el rol del Estado y del sector privado en el abastecimiento energético. El desafío inmediato será garantizar el suministro, mitigar el impacto social del ajuste y construir un marco de reglas claras y previsibles.
Mientras tanto, el país comienza a transitar un camino de sinceramiento de precios y reorganización del mercado, en un contexto regional e internacional cada vez más exigente. El fin del subsidio marca el cierre de una etapa y el inicio de un nuevo equilibrio aún en proceso de construcción.
