En julio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. incorporó al denominado Cartel de los Soles a la lista de “Specially Designated Global Terrorists (SDGT)” bajo la Orden Ejecutiva 13224, al tiempo que vinculó públicamente a Nicolás Maduro y, a altos mandos del chavismo con la estructura. La medida forma parte de una nueva ola de sanciones financieras y mensajes disuasorios contra funcionarios, testaferros y redes de apoyo —con el argumento de que el régimen habría facilitado narco-terrorismo y contrabando de oro, armas y cocaína.
La ofensiva de 2025 se montó sobre un andamiaje penal previo: el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a Maduro y a otros 14 funcionarios en marzo de 2020 por narco-terrorismo, corrupción y tráfico de drogas, señalando que la red operaba en alianza con las FARC y que la “protección política y militar” del Estado venezolano fue crucial para la logística de la cocaína. Esas imputaciones siguen vigentes.
Qué cambió en 2025: además del refuerzo de sanciones financieras, Washington elevó su retórica y su esquema de recompensas por información sobre Maduro y colaboradores, endureciendo la presión internacional. El Departamento de Estado del Gobierno Norteamericano ofreció recompensas para dar con el paradero o aprehensión de Nicolas Maduro acusado de “narco-terrorista.
Despliegue militar y clima regional
A este frente financiero-judicial se sumó un despliegue naval estadounidense en el Caribe que puso a Venezuela en el radar regional en este mes de agosto. La llegada de buques a la zona —en el marco de ejercicios y misiones de interdicción— elevó la tensión diplomática y alimentó especulaciones de escalada.
Aunque la hipótesis de choque directo se considera baja por ahora, el mensaje político-estratégico está dado: contener flujos ilícitos (drogas, oro, migración irregular) y golpear finanzas de las redes criminales asociadas a Venezuela.
Paraguay: deuda con PDVSA, ruptura y agenda propia
En enero de 2025, el Procurador paraguayo Marco Aurelio González reconoció públicamente que Paraguay adeuda al menos USD 300 millones a PDVSA, aclarando que el nudo del conflicto está en la tasa de interés exigida por Caracas. Pese al breve intento de recomponer el vínculo bilateral, no hubo avances concretos en la negociación.
Poco después, el 6 de enero de 2025, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Paraguay tras declaraciones del presidente Santiago Peña en apoyo a la oposición venezolana. Asunción ordenó la salida del embajador venezolano en 48 horas. Desde entonces, el canal político quedó clausurado y la deuda desplazada a un epicentro más litigioso y menos diplomático.
Desde diciembre del 2023, Según fuentes, el régimen vinculado al llamado cartel de los Soles contrato en Paraguay, los servicios del reconocido abogado Ariel Martínez, ex Ministro de Justicia de Horacio Cartes quien hoy forma parte del grupo de Asesores externos del presidente Santiago Peña siendo designado como Suplente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, también lo acompañan en la defensa y representación del Gobierno de Nicolas Maduro los Abogados Santiago Lovera Velázquez, con Matrícula N° 10.426, María Chiara Pérez Leguizamón con Matrícula N° 61.165, Dr Claudio Lovera Velázquez, con Matrícula N° 12.988 y el Abog. Humberto Daniel Berni Brítez, con Matrícula N° 29.231, (hermano del Abog. Enrique Javier Berni Britez, miembro actual del Consejo de la Magistratura), representación que se desprende de los poderes consignados en los diferentes tribunales del país donde defienden los bienes propiedad del Cartel de los Soles, este grupo esta íntimamente vinculado al club de Futbol Cerro Porteño, los mencionados abogados han recibido importantes cantidades de dinero que hoy exhiben sin pudor, al mismo estilo de los abogados de Pablo escobar en la Colombia del Narco Gobierno.
Lectura estratégica para Paraguay:
Mantener un perfil legalista y probatorio (auditorías, trazabilidad de pagos, arbitrajes) maximiza la fuerza de negociación frente a una contraparte sancionada.
Desacoplar el tratamiento de la deuda histórica del monitoreo de actividad actual de filiales o mixtas de PDVSA en territorio paraguayo para evitar contaminaciones cruzadas (riesgo de sanciones secundarias y cumplimiento SEPRELAD).
PDVSA en el Cono Sur: expansión política, crisis y abandono
Argentina: de la “integración energética” al desguace. En el año 2006 PDVSA desembarca en Argentina y compra 46% de Sol Petróleo/Conosur a ANCAP (Uruguay). Luego eleva al 94% en 2010 y explota la cadena Petrolera del Cono Sur (PCSA/PDV Sur) con la planta de Dock Sud. Fue la gran vitrina del eje Chávez-Kirchner.
2013–2019: PCSA acumula pérdidas y cierres; PDVSA empieza a “dejar a su suerte” la red de estaciones, golpeada por la macro local y la caída de PDVSA global.
2017–2023: sanciones y crisis financiera agravan el cuadro. Reportes periodísticos describen embargos, remates y salida práctica del negocio minorista.
2022: se acuerda vender 11 estaciones, liquidar 29 barcazas obsoletas y buscar fondos (≈USD 5 M) para saldar deudas laborales (161+ trabajadores) y recuperar Dock Sud; las sanciones bloquearon el flujo de esos fondos.
La pieza fluvial: Fluvialba International Limited (FIL)
2010: creación de FIL (mixta de PDVSA Argentina 70% y Fluviomar Holding 30%) para operar en la Hidrovía Paraná-Paraguay (ramas en Argentina, Brasil, Paraguay e Islas Vírgenes Británicas). Documentos públicos y memorias de la época muestran proyectos de barcazas (incluso en Tandanor) y financiamiento banco-uruguayo/paraguayo para modernizar flota.
2019–2024: con sanciones y sin capital, la flota queda obsoleta, operaciones se paralizan y la deuda laboral/acreedora crece en toda la red (Argentina/Paraguay/Brasil).
Paraguay: lo que muestran expedientes, balances y denuncias
¿Quiénes operan hoy?
En Paraguay persisten vehículos societarios vinculados a PDVSA/FIL:
PDVSA Paraguay S.A.
Naviera Conosur S.A.
Fluvialba Paraguay S.A.
Las dos últimas dependen del holding FIL (mixta PDVSA Argentina–Fluviomar) creado para logística fluvial. Si bien el claim histórico fue “integración energética”, hoy múltiples causas comerciales/laborales y un vacío de administración describen inactividad y abandono. (Marco general y matriz de propiedad según memorias y prensa sectorial).
Declaraciones tributarias vs. movimientos de pago
Para el ejercicio 2023, Naviera Conosur S.A. y Fluvialba Paraguay S.A. declararon ante la DNIT no haber generado ingresos ni facturación; sin embargo, informes y documentos difundidos por medios especializados refieren pagos por USD 5 millones a acreedores y acuerdos laborales, una incongruencia que activó alertas de SEPRELAD por posible legitimación de capitales. (La investigación está en curso).
Compliance: Paraguay ha venido reforzando lineamientos UIF-SEPRELAD para sujetos obligados. En casos con proveedores/contrapartes de riesgo sancionatorio, se exige D.D. intensificada, origen de fondos y verificación de beneficiario final.
Directores ausentes, actos nulos y quiebra: el cuello de botella jurídico
Fuentes judiciales y publicaciones sectoriales describen que directivos clave salieron del país desde 2024, dejando a las sociedades acéfalas. En ese contexto, actos comerciales posteriores podrían ser nulos por falta de representación válida (según régimen societario civil paraguayo), lo cual entorpece cualquier reordenamiento o venta de activos y multiplica el contencioso (más de 80 embargos informados en la región financiera). La Sindicatura de Quiebras fue requerida para opinar sobre acuerdos y ofertas de terceros interesados. (Panorama difundido por la prensa de negocios fluviales y energética).
Intentos de venta: interés argentino y ruido político
En paralelo a la parálisis operativa, grupos empresarios argentinos promovidos por el señor Diego Capraro Presidente de las empresas Fluvialba Paraguay S.A y Naviera Conosur S.A, han explorado adquisiciones o gerenciamiento de activos remanentes (barcazas/estaciones/planta), un patrón ya visto previamente en el caso PCSA/Argentina cuando PDVSA comenzó a desinvertir y abandonar estaciones. Caveat: cualquier transacción hoy choca con sanciones, litigios vivos y la necesidad de curar el título antes del cierre definitivo de las empresas que hoy se encuentran en quiebra, estos grupos de inversionistas están íntimamente ligados a factores de gobierno afectos a la llamada oposición venezolana y validados por la Consultoría Jurídica de PDVSA representada por la Abog. Lay Higuera.
Hoy promueven la venta de las empresas que tiene en su poder mas de 7 embarcaciones hundidas o varadas a lo largo de la hidrovia y que se niegan a reflotar a pesar de que están causando daño al ecosistema y afecta el canal de navegación, sumado al abandono de las embarcaciones en Brasil y Paraguay para ser vendidas como chatarra y poder cubrir los gastos de salario de los pocos trabajadores activos que aun mantiene las empresas del Grupo FIL. Todas estas acciones son desplegadas con la autorización y complacencia del Ing. Ronny Romero, (vice presidente de asuntos internacionales de PDVSA)
Nota de legalidad y reputación: La exposición a sanciones y las investigaciones en curso obligan a due diligence forense, acuerdos condicionados a “no-objeción” regulatoria y garantías de beneficiario final y compliance (KYC/AML).
¿PDVSA como vehículo de lavado? Las piezas que miran los fiscales
Los fiscales y reguladores internacionales han sostenido por años que empresas estatales y cascarones sirvieron para mover y ocultar recursos ilícitos. En el caso venezolano, el DOJ trazó vínculos entre altos funcionarios y el Cartel de los Soles para “inundar de cocaína” EE. UU., con protección militar y política. Lo que investiga la región, Paraguay incluido, es si y cómo filiales y mixtas (p. ej., FIL/Conosur/Fluvialba) pudieron canalizar (o encubrir) pagos, ventas de activos y transferencias incongruentes con su realidad operativa, en potencial violación de normas antilavado. Hasta hoy, no hay sentencias firmes en Paraguay por estos hechos; las causas están abiertas y bajo reserva.
Falta de claridad y legalidad
1. Transparencia de flota y fletes: registro público de propiedad/gravámenes y beneficiarios finales para barcazas y remolcadores con bandera regional.
2. Pagos trazables: uso de cuentas segregadas (escrow) y proveedores certificados para evitar triangulaciones opacas.
3. Curaduría de activos: toda venta de barcazas/planta debe pasar por tasación independiente, data room, y un proceso competitivo para proteger a acreedores y trabajadores.
4. Puerta única regulatoria: mesa SEPRELAD-SET-Poder Judicial para causas con componentes de sanciones, tributación y quiebra.
Blindar la Hidrovía y hacer valer el Estado de Derecho
La promesa de integración energética terminó, en el Cono Sur, en barcazas obsoletas que llamativamente desaparecieron de los amarraderos de Fluvialba en Puerto Pabla, plantas paralizadas, estaciones cerradas y una maraña de litigios. En Paraguay, la combinación de deuda histórica y vehículos societarios abandonados atoró la Hidrovía con un riesgo triple: reputacional, financiero y regulatorio.
Mientras EE. UU. aprieta a las redes del Cartel de los Soles y expone el presunto rol de PDVSA como engranaje financiero, la agenda paraguaya debe enfocarse en:
Cerrar grietas de cumplimiento (SEPRELAD/SET/Judicial) para impedir el uso de estructuras locales en flujos ilícitos.
Ordenar la quiebra/venta de activos bajo estándares internacionales de transparencia y protección a acreedores y trabajadores.
Reforzar gobernanza de la Hidrovía con trazabilidad y acceso a información de propiedad y pagos.
La Hidrovía necesita certidumbre jurídica. Y Paraguay tiene hoy la oportunidad —y la obligación— de fijar precedentes claros: aquí no se lava dinero, no se abusan trabajadores, no se burla a los jueces. El río debe mover carga, no delitos.
En este artículo se consignan hechos documentados (sanciones/ruptura diplomática/deuda) con fuentes oficiales y medios internacionales, y se acuden a denuncias y expedientes como tales (no como hechos juzgados), por tratarse de investigaciones en curso en Paraguay y la región.
Fuentes: Sanciones y “Cartel de los Soles” (2025): Departamento del Tesoro de EE. UU., designación SDGT y narrativa oficial.
Acusación penal (2020): DOJ/DEA sobre Maduro y coimputados (narco-terrorismo), documentos y conferencia de prensa.
Ruptura diplomática (ene 2025): Reuters/Xinhua; cronología del cruce con Asunción.
Deuda de Paraguay con PDVSA (ene 2025): ABC Color y El Nacional (declaraciones del Procurador Marco Aurelio González).
PDVSA en Argentina (compra y declive): Reuters (compra Conosur 2006/2010); Perfil/La Nación (historial), reportes sectoriales sobre Dock Sud, estaciones y ventas/embargos.
FIL/Fluvialba (origen y objetivos): Memorias y documentos públicos/ONG de transparencia (flota, barcazas, financiamiento).
Plan 2022 (ventas barcazas/estaciones y deudas laborales): prensa energética y regional.
Despliegue militar (ago 2025): medios internacionales.
