La situación de las empresas que operan en la franja costera del río Paraguay, específicamente en las zonas de la Costanera Norte y Sur, es crítica en términos de legalidad y formalidad. Así lo reveló el concejal municipal Javier Pintos, quien afirmó que solo 4 de las 64 empresas actualmente identificadas cuentan con la documentación en regla y operan con permisos debidamente habilitados por la Municipalidad de Asunción.
La cifra es el resultado de un trabajo de verificación y cruce de datos realizado en conjunto con las direcciones de Catastro, Recaudaciones, Asesoría Jurídica y la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal. Según explicó Pintos, “venimos insistiendo desde hace años en la necesidad de regularizar esta situación. Es una zona de alta actividad económica y social, pero en un marco de informalidad total”. Dijo en entrevista con Paraguay Fluvial y el programa radial Magazine360.
El edil denunció que muchas de estas empresas operan con permisos vencidos, trámites inconclusos o documentación sin homologación, lo que deja abierta la posibilidad de una evasión fiscal sistemática y de serias irregularidades laborales y medioambientales. En muchos casos, el área ocupada no coincide con lo declarado, y las tasas o cánones abonados varían sin explicación lógica entre una empresa y otra, aún estando en la misma zona.
“Si no tienen el permiso municipal, mucho menos tienen las licencias, las patentes y difícilmente el vínculo laboral con sus trabajadores esté en regla”, sentenció el concejal.
Además, Pintos no descartó la existencia de un esquema informal o “caja paralela” dentro del propio municipio, donde se realizarían gestiones y pagos que no concluyen en una formalización efectiva ni transparente. “Algunos se acercan, pagan en Catastro, presentan mesa de entrada, y ya con eso operan, pero no hay resolución de la Junta ni homologación del permiso de uso”, explicó.
Riesgo de clausuras
El concejal fue claro en señalar que, si las empresas no acceden a regularizar su situación pese a las convocatorias y mesas de trabajo que se vienen realizando, la Municipalidad no tendrá otra opción que proceder a clausuras. “No queremos llegar a ese extremo, pero no podemos seguir tolerando la informalidad. No se puede seguir evadiendo la responsabilidad con la ciudad y sus ciudadanos”, advirtió.
Las mesas de trabajo continúan y forman parte de un esfuerzo conjunto entre varias direcciones municipales, aunque Pintos fue enfático al señalar que esta problemática se arrastra desde hace más de cuatro años sin una solución definitiva.
“No estamos en contra de la actividad empresarial. Al contrario, queremos ser una vía para su formalización, pero debe hacerse conforme a derecho”, afirmó.
Zona de reserva y ocupaciones irregulares
Otro punto preocupante mencionado por Pintos es que algunas empresas incluso estarían ocupando terrenos dentro del área de reserva protegida del Banco San Miguel, lo cual constituye una infracción aún más grave que será abordada en forma diferenciada.
El municipio de Asunción enfrenta un serio problema de informalidad empresarial en una zona estratégica, donde se concentran astilleros, amarraderos, empresas navieras y operadores logísticos. La falta de regularización implica una alta pérdida de ingresos para la ciudad, además de posibles impactos sociales y ambientales.
Con solo 4 empresas en regla y más de 60 en situación irregular, el desafío es enorme. Sin embargo, desde la Junta Municipal aseguran que la voluntad política existe, y que esta vez esperan avanzar hasta lograr una formalización efectiva y equitativa para todos los actores involucrados.
