Inicio Navieras Los amarraderos privados se convirtieron en el negocio del momento

Los amarraderos privados se convirtieron en el negocio del momento

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A diferencia de Argentina, donde rige una reglamentación de la secretaria de vías navegables por el cual limita estrictamente las zonas de amarres a lugares debidamente habilitados, cumpliendo con normas de seguridad que exige tal secretaría antes de proceder a la habilitación de los amarraderos, la Prefectura Naval Argentina, prohíbe el amarre en zonas que no estén habilitadas por más que las condiciones geográficas lo permitan y la necesidad por condiciones de la Hidrovía lo exijan.

En Paraguay, Esto se convirtió en un millonario negocio, a pesar de no contar con un criterio unificado ya que literalmente cualquier persona que hoy tiene o una propiedad o se haya atribuido una en una isla o costa, que por ley le pertenece al estado bajo control de la Prefectura General Naval y el al Instituto Nacional de desarrollo Rural y de la Tierra INDERT, y en algunos casos las municipalidades.

Algunos amarraderos en Paraguay fueron “Habilitados” por la Prefectura General Naval, otros por la Dirección General de la Marina Mercante, y otros por las municipalidades, por tal motivo no se tiene un criterio unificado en cuanto a que institución y bajo que condiciones es la encargada de ordenar la habilitación de una porción de tierra con costa al río para explotación de amarradero.

Hoy los precios rondan los U$S 30 por embarcación por día solo por el servicio de amarre sin ningún tipo de servicios adicionales como energía eléctrica, custodia ni salida de emergencia en los casos en que se encesiten.

Hoy se vive una situación conflictiva en la isla Ytororõ que se encuentra en medio del río Paraguay, frente a la ciudad de San Antonio en el km 1604 de la Hidrovía Paraguay Paraná

La isla que cuenta con pobladores que habitan en ella y se dedican a la agricultura, asegurando las 54 familias tener documentos que avalen los derechos de habitar emitidos por el INDERT.

Los agricultores tienen un contrato de arrendamiento con el Indert para utilizar la tierra.

La isla tiene una superficie de 123 hectáreas. Los agricultores organizaron un campo comunal de 19 hectáreas en el punto más elevado.

Según la investigación realizada por el diario ABC COLOR, Ahora un grupo de personas crearon la empresa AMRRES DEL SUR y buscan desalojar a los habitantes de esa fracción de 19 hectáreas, donde tienen sus chacras principales.

El escribano Bernardo Aponte Caballero junto con Celso Santiago Unzaín y Shirley Ayala están gestionando ante el Indert la entrega del campo comunal.

Celso Santiago Unzaín figura como titular de la solicitud, asegura ser agricultor y reclama 19 hectáreas dentro de la isla.

El escribano Bernardo Aponte Caballero junto con Shirley Ayala intervienen como gestores que apoyan a Celso Santiago Unzaín a reclamar sus derechos “como paraguayo”.

Celso Santiago Unzaín no es agricultor y nunca vivió en la isla.

En el Ministerio de Hacienda figura como propietario de la firma “Amarres del Sur”. Esta empresa se dedica a la construcción, reparación de buques y embarcaciones así como a diversos servicios fluviales.

La dirección de “Amarres del Sur” es Policarpo Cañete Nro. 124 esquina De la Victoria, Fernando de la Mora. El número telefónico es (021) 514 072.

Al llegar al sitio se puede comprobar que coincide con la oficina del escribano Bernardo Aponte Caballero.

Codicia por tierra ajena

Despojar a los agricultores de su campo comunal tiene como objetivo ingresar en la isla para cobrar derecho de amarre a buques.

“Amarres del Sur” fue creado con ese objetivo. Shirley Ayala estaría inclusive realizando cobros a embarcaciones que llegan hasta la ribera de la isla.

El escribano Bernardo Aponte Caballero brinda soporte legal y Celso Santiago Unzaín se ocupa de las gestiones en el Indert.

Los agricultores que viven en la isla son pobres de solemnidad. Obtienen sus ingresos vendiendo sus produc tos los fines de semana frente a la Municipalidad de Ypané.

Desde enero pasado, los miembros de la comisión directiva del Comité de Agricultores de la Isla Ytororõ están todos imputados.

La agente fiscal Laura Aválos Amarillo planteó imputación contra ocho agricultores por “perturbación de la paz pública” porque supuestamente atropellaron la casa de Celso Santiago Unzaín en la isla.

¿Cómo?, si nunca vivió en el lugar.

A juzgar por la información disponible, un equipo de sinvergüenzas intenta despojar a los agricultores de su campo comunal.

Esto ademas se considera una medida de chantaje teniendo en cuenta que en Paraguay no existe una ley que exija amarrar exclusivamente en lugares “Habilitados”, Siendo la Prefectura General Naval quien autoriza el amarre de las embarcaciones en el río Paraguay y Paraná en la costa Paraguaya. Estas personas, probablemente lograran la habilitación de un amarradero donde se mueva gran cantidad de embarcaciones por las actividades fluviales y portuarias de San Antonio, y en adelante, de concretarse las habilitaciones, obligaran a las empresas navieras a pagar por el servicio de amarre.

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